La muerte como decisión política. Por: Ludmila Canullán

La historia política argentina del siglo XX no se escribe únicamente en los despachos oficiales, las urnas o los debates legislativos; se inscribe, fundamentalmente, sobre los cuerpos de sus protagonistas. En un territorio donde la legalidad institucional ha sido históricamente frágil y los consensos democráticos han naufragado repetidamente ante la violencia, la muerte no se presenta como un mero suceso biológico, sino como un texto político disputado. Las nociones de soberanía, justicia, patria y revolución han encontrado en la entrega del cuerpo y en la administración de la violencia su lenguaje más extremo y definitivo.

Por: Ludmila Canullán

Este trabajo se propone indagar en la densa trama que une el poder, la legalidad y la violencia a través de tres figuras fundamentales de la segunda mitad del siglo XX argentino: Rodolfo Walsh, el General Juan José Valle y el General Pedro Eugenio Aramburu. Sus vidas y, de manera crucial, las circunstancias y lecturas de sus muertes, operan como nudos transhistóricos que condensan las tensiones irresolubles entre la violencia de Estado, la resistencia armada y el imperativo ético de dar testimonio. A través de ellos, la política nacional revela su rostro más trágico: una dialéctica inconclusa de mártires y verdugos donde el cuerpo es el territorio absoluto donde se dirime la legitimidad del poder.

Para guiar al lector en el recorrido de este trabajo, el texto se estructura en cuatro ejes fundamentales que analizan la relación entre política, cuerpo y violencia en la Argentina. En primer lugar, se examina la evolución ética de Rodolfo Walsh, analizando su transición desde el periodismo de investigación hasta la militancia revolucionaria que asumió la palabra como herramienta de resistencia clandestina ante la dictadura militar. En segundo término, se aborda el levantamiento y posterior fusilamiento del General Juan José Valle en 1956, interpretando su sacrificio como una respuesta existencial a la proscripción identitaria del peronismo. Posteriormente, se analiza la ejecución del General Pedro Eugenio Aramburu en 1970 a manos de Montoneros, entendida como un boomerang histórico de los crímenes de 1956, donde se indaga tanto en la disputa simbólica de sus últimas palabras como en los dilemas morales de sus captores. Por último, el apartado de las conclusiones ofrece un balance transhistórico que conecta estos sucesos con la violencia estatal del siglo XIX, reflexionando sobre un pensamiento político nacional trágicamente estructurado bajo una dialéctica de mártires y verdugos.

Me gustaría aquí, hacer una salvedad; fusilamiento y masacre no son sinónimos. El primero entra en una lógica institucional, cuenta con un protocolo preestablecido, la lectura de una sentencia, la presencia de oficiales, un pelotón de ejecución, una persona inmovil, maniatada o vendada, a tantos pasos de distancia de quien será su ejecutor como en un tiro de penal en el fútbol. En su relación con el derecho, intenta simular o aplicar un marco legal, se aspira a un acto de solemnidad donde se intenta aliviar la responsabilidad moral del verdugo, y diluirla bajo una orden en la estructura institucional. El propósito es sentar precedente formal de castigo y disciplina por lo tanto debe ser pública o publicada, para cumplir con su función política debe ser vista o al menos, rigurosamente comunicada. No busca la discreción sino generar un impacto.

En cambio la masacre, es una matanza colectiva y no ritualizada que se efectúa sobre personas desprovistas de las formalidades de un proceso judicial o administrativo militar. Si bien suele estar a la vista de todos, opera en las sombras porque no tiene legitimidad moral ni jurídica. El derecho se ha retirado por completo para dar paso a la barbarie, por eso suele ocurrir en la oscuridad de la noche, y a diferencia de los fusilamientos no hay un acta oficial o proclama sobre lo sucedido, sino que hay una negación oficial o falsos comunicados que hablan sobre “muertos en combate”.

Cuando Rodolfo Walsh titula su investigación como Operación Masacre, lo que hace es correr el velo secreto, la dictadura de Aramburu intentó vender las ejecuciones de junio de 1956 bajo la narrativa solemne e institucional de fusilamientos publicados, pero Walsh y Enriqueta Muñiz descubrieron la masacre secreta, paralegal que el régimen pretendía ocultar en el basurero de la historia. En este sentido, la pluma de Walsh toma lo que el poder quería ocultar y lo vuelve inevitablemente público.

La paradoja de José León Suárez como la denomina Salvador Ferla (2007) remite al hecho de que se le haya negado al inspector Rodriguez Moreno el uso de las instalaciones del Liceo Militar General San Martín para llevar a cabo las ejecuciones, hizo que tuvieran un cariz de masacre, pero paradójicamente y gracias a eso, los muertos fueron cinco sobre un total de doce “fusilados”. Al cerrársele las puertas de cualquier unidad castrense regular, el Jefe de la policía se vio obligado a improvisar, y esa improvisación fue la que por ejemplo le permitió a Livraga hacerse el muerto.

RODOLFO WALSH

La publicación de Operación Masacre en 1957 no sólo fue una denuncia política sino que fue pionera en el género de novela de no ficción, donde el autor articula el rigor documental del periodismo de investigación con la narrativa de ficción. Al hibridar entre la crónica periodística, el suspenso novelesco y el testimonio directo de los sobrevivientes de los basurales de José León Suárez, Walsh le da a través del testimonio la oportunidad a las víctimas de expresarse. La literatura dejó de ser un mero objeto de contemplación para convertirse en resistencia, capaz de disputarle al Estado la verdad y rescatar de la fosa común de la memoria a los vencidos.

A nivel personal de la vida del autor, esta obra implicó un quiebre ético en su trayectoria. Las sucesivas ediciones de Operación Masacre reflejan una transición desde la indignación moral y liberal hacia una conciencia revolucionaria. En sus inicios, Walsh se definía como un observador ajeno al peronismo que buscaba justicia dentro de las instituciones de la “Revolución Libertadora”, motivado por el horror ante el crimen cometido. Sin embargo, el fracaso sistemático del aparato judicial y el ascenso de los responsables directos del crimen lo llevaron a concluir en su epílogo de 1969 que dentro del sistema no existe la justicia, identificando a la oligarquía argentina como una clase dominante frente al pueblo pero subordinada al capital extranjero, que utiliza el asesinato como una herramienta política inevitable.

En la última edición sella de manera definitiva su ingreso a la militancia revolucionaria peronista, Walsh ya no se presenta como un detective externo que busca la verdad, sino como un cuadro que asume la escritura como un fusil más.

En su paso por Montoneros, realizó una serie de críticas profundas y sistemáticas a la conducción. Para Walsh, la insistencia de la cúpula en replegarse sobre estructuras clandestinas militarizadas y en exigir acciones de propaganda armada inviables reflejaba una ceguera histórica trágica: al aislarse de la clase trabajadora y de sus formas de resistencia tradicionales, la conducción condenaba a la militancia al exterminio físico, transformando la mística revolucionaria en un voluntarismo suicida y desprovisto de viabilidad política.

El año 1976 representó el ingreso de Rodolfo Walsh en el territorio del dolor absoluto marcado por la muerte de su hija Victoria, quien dio la vida combatiendo con las armas en la mano para evitar ser capturada viva por un operativo militar. La desgarradora asimilación de esa pérdida familiar y colectiva —plasmada en su célebre carta a los amigos donde relata cómo Vicky eligió su propia muerte como un último acto de libertad frente al horror del cautiverio— funcionó como el motor íntimo y ético que impulsó su última gran obra: la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, distribuida en las agencias de noticias el 24 de marzo de 1977, a un año exacto del golpe. En este documento, Walsh no solo expone con precisión la maquinaria clandestina de secuestro, tortura y desaparición de personas, sino que opera un desplazamiento analítico fundamental al denunciar que la verdadera y última motivación de la dictadura militar no es el orden moral, sino la destrucción de las conquistas de la clase trabajadora y la imposición de un modelo económico de miseria planificada para beneficio de los grupos financieros concentrados.

La Carta a la Junta es la síntesis final de la evolución de su pensamiento político, donde su técnica de investigación se transforma en una herramienta de resistencia clandestina ante la censura y la persecución. En este documento, Walsh trasciende la denuncia de las atrocidades físicas —como los miles de desaparecidos y la práctica de la tortura absoluta— para señalar lo que denomina una atrocidad mayor: la miseria planificada impuesta mediante el terrorismo de Estado. Al vincular la represión militar con los intereses de monopolios internacionales y la restauración de privilegios oligárquicos, Walsh reafirma su compromiso de dar testimonio en momentos difíciles, asumiendo su persecución final como un acto de fidelidad a la clase trabajadora y a la lucha por la liberación nacional.

La redacción y la distribución de la Carta Abierta constituyen el testimonio ético de un hombre que asume plenamente su propia finitud como el precio de su dignidad. Walsh sabía con certeza que la difusión de ese documento equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Esta aceptación de su destino no debe confundirse con un fatalismo pasivo o una pulsión de autoliquidación; por el contrario, fue la afirmación extrema de una voluntad política racional que entendía que el valor de sus palabras dependía precisamente del riesgo real que corría el cuerpo del escritor al pronunciarlas. Walsh consciente de que su caída era inminente pero asumiendo que su sacrificio físico era el único escudo disponible para rescatar la dignidad del intelectual y del militante frente a la mudez del terror.

El final físico de Rodolfo Walsh fue el 25 de marzo de 1977 en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, acribillado el cuerpo gravemente herido y presumiblemente sin vida fue arrastrado por sus captores y cargado en un vehículo para ser ingresado clandestinamente a la ESMA, donde su cadáver fue desaparecido, consumando la paradoja final de un Estado que debió asesinar al hombre cuya única arma había sido la publicación de su palabra escrita. El acto de escribir y de arrojar la palabra contra el muro de la impunidad puede requerir, en su hora más extrema, la entrega de la propia materialidad del cuerpo para que la historia no sea escrita definitivamente por los fusiladores.

JUAN JOSÉ VALLE

El fusilamiento del General de División Juan José Valle el 12 de junio de 1956, bajo la firma de Pedro Eugenio Aramburu, no constituye un exceso represivo aislado, sino el acto fundacional de una nueva tecnología de poder en la Argentina del siglo XX.

La carta de despedida que Valle le dirige a Aramburu, revela uno de los momentos en que el Estado argentino decide suspender la ley formal para refundar el orden social sobre la proscripción identitaria y la eliminación física del adversario.

Para comprender la sublevación de Valle y su posterior fusilamiento, es necesario analizar el carácter totalitario del Decreto 4161 de marzo de 1956. Es un intento para decretar la inexistencia de una identidad política mayoritaria por la vía de la abolición de su lenguaje. Al prohibir no sólo la actividad partidaria, sino la sola pronunciación de palabras como “peronismo”, “justicialismo”, o incluso la posesión de retratos de Perón y Eva Perón, el Estado de facto pretendió operar una extirpación. En consecuencia, cuando el general Valle encabeza el levantamiento cívico-militar del 9 de junio, no está realizando un golpe de cuartel tradicional; sino que está disputando el derecho a la existencia política de una clase que había sido amordazada y despojada de sus derechos constitucionales por la fuerza de la ley estatal.

La carta que Valle le escribe a Aramburu horas antes de morir no la escribe como un reo derrotado que implora clemencia, sino como un juez histórico que dicta sentencia sobre sus propios ejecutores. Valle desglosa tres acusaciones que resignifican el sentido de su muerte y la de sus compañeros: 1) Denuncia que la dictadura facilitó el levantamiento militar (“para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente”). Es decir que, el Estado actúa como un agente provocador que utiliza la rebelión como el pretexto necesario para aplicar una pedagogía de la crueldad. 2) En una asombrosa premonición trágica, advierte a Aramburu que el odio sembrado con estos fusilamientos los perseguirá de por vida: (“Vivirá usted, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones”). Una advertencia que catorce años después cobraría una vigencia estremecedora en el secuestro y muerte del propio Aramburu a manos del comando Juan José Valle de Montoneros. 3) Establece una distinción fundamental entre el fracaso de las armas y la victoria del ideal: “Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral”. Al presentarse ante Dios perdonando a sus asesinos pero derramando su sangre por la causa del pueblo humilde, el general inscribe su sacrificio en la tradición del martirio cristiano y patriótico, despojando a la “Libertadora” de cualquier pretensión de superioridad ética o espiritual.

Siguiendo el análisis de Salvador Ferla (2007), queda claro que las veintisiete ejecuciones de junio de 1956 marcaron el punto de no retorno. El odio de clases, diagnosticado por Valle en su carta como el motor de la crueldad estatal (“todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio”), se institucionalizó como el método supremo para resolver los conflictos de poder.

Al firmar el fusilamiento de Valle y convalidar los asesinatos clandestinos de José León Suárez, Aramburu no solo ahogó en sangre un levantamiento; destruyó los cimientos de la legalidad institucional de las Fuerzas Armadas y del propio Estado. Al hacerlo, legitimó de manera retrospectiva la violencia política como la única herramienta eficaz de resistencia. La carta de Valle, funcionó durante décadas para la emergente resistencia como el acta de nacimiento de una militancia revolucionaria que vio en su caída el imperativo ético de combatir, con las armas en la mano, a un régimen que había decidido que el derecho a la vida estaba supeditado a la conveniencia de la minoría privilegiada.

​El levantamiento del 9 de junio de 1956 y el ideario de Juan José Valle no pueden comprenderse de manera aislada, sino como la expresión de un pensamiento político más amplio que vertebró a la Resistencia Peronista en su etapa fundacional: la confluencia entre el nacionalismo popular de raigambre militar y el movimiento obrero organizado. Esta alianza de clases, que buscaba restaurar la vigencia de la Constitución de 1949 y el retorno de Perón, proponía un modelo de soberanía nacional donde las Fuerzas Armadas debían actuar como el brazo instrumental de los intereses del pueblo y no como la guardia de la oligarquía agroexportadora. Más allá de la figura individual de Valle, el movimiento que él lideró expresaba la convicción de que la democracia real era indisoluble de la justicia social y de la independencia económica; una corriente de pensamiento doctrinario que impugnaba al liberalismo proscriptivo de la Libertadora.

Valle debió elegir. Verdugo o mártir. Coexistir con Aramburu y Rojas o reunirse con sus compañeros caídos. Y eligió, no porque desee morir, él quiere vivir, y porque quiere vivir va hacia la muerte, porque vivir para convivir con los verdugos lo convertía en uno también. Si hay algo peor que la muerte física es la muerte de la dignidad (Ferla, 2007).

Su muerte se constituyó así en un acto de responsabilidad ética extrema: la ofrenda del cuerpo del general como un límite absoluto frente a la desmesura del poder de facto, resignificando la máxima castrense de morir por la Patria como el deber de perecer junto al pueblo proscrito para que la promesa de una comunidad justa no fuera definitivamente sepultada.

PEDRO EUGENIO ARAMBURU

El 1º de junio de 1970 a las 7 de la mañana despojado de su poder enfrentó su destino con una templanza que desconcertó a sus jóvenes captores. En la penumbra de su cautiverio, el general retirado pareció comprender de inmediato las reglas del juego que él mismo había ayudado a cimentar en 1956: quien ha firmado la muerte ajena no puede implorar por la propia. Esta serenidad en su final, remite a una aceptación de un destino inevitable. Aramburu no se reveló sino que concentró sus últimas fuerzas en mantener el control de su propia compostura física y moral.

Los relatos de María O´Donnell (2019) permiten reconstruir las últimas horas de vida de Aramburu junto con el acertado análisis de Horacio González (2012) en cuanto a las últimas palabras que pronunció el ex presidente antes de morir: “proceda” como respuesta a Fernando Abal Medina cuando le informa que iba a ser ejecutado, el dictador no balbuceó ni pidió clemencia; en su lugar dijo una sola palabra, de un rigor castrense absoluto.

La disputa en torno a las últimas palabras de Aramburu revela cómo la muerte es el último y más disputado territorio de significación política. En su reconstrucción del episodio, O’Donnell (2019) expone la profunda asimetría con la que el hijo del general, Eugenio Aramburu, y el dirigente montonero, Mario Firmenich, decodificaron el término “proceda” pronunciado en la penumbra del sótano de Timote. Para la memoria familiar y corporativa de los herederos del ex presidente de facto, el vocablo funciona como una última orden; un acto militar mediante el cual, despojado de su poder material le arrebata la iniciativa moral a sus captores. Al dictar la directiva de su propia ejecución, Aramburu desplaza simbólicamente a sus verdugos a la condición de subalternos, logrando que el fusilamiento clandestino sea leído bajo los códigos de honor de una ceremonia castrense formal.

​Por el contrario, para la lectura revolucionaria de Montoneros encarnada en el testimonio de Firmenich, ese mismo “proceda” representó la capitulación definitiva de la vieja Argentina patricia ante el veredicto inapelable de la justicia popular. En esta interpretación, la palabra no denota mando, sino el acatamiento sumiso del reo ante la legitimidad del tribunal de la vanguardia que venía a cobrar las deudas de sangre de 1956. Estas diferentes lecturas demuestran que los momentos previos a una muerte no poseen un sentido unívoco, sino que funcionan como un significante flotante: mientras el poder que cae busca en el ritual de sus últimas palabras la dignidad.

El acto administrativo y militar mediante el cual Aramburu firmó, entre el 9 y el 12 de junio de 1956 los decretos que ordenaron el fusilamiento de 27 argentinos constituye el nudo propio de su destino en aquel sótano. Al cruzar el análisis historiográfico de Ferla (2007) con las lecturas sobre la violencia estatal que realiza Gonzalez (2012) se hace evidente que al firmar aquellas sentencias de muerte, Aramburu estampó involuntariamente la firma de su propio fusilamiento catorce años más tarde.

​Para Ferla (2007), la decisión de la dictadura de aplicar la Ley Marcial con carácter retroactivo fue un quiebre fundacional de la legalidad que instauró un “pacto de sangre” en la política argentina del siglo XX; un mecanismo de violencia paralegal que, al prescindir de las garantías del derecho, inauguró una dimensión de impunidad donde la vida del adversario político quedaba despojada de todo amparo estatal.

​Por su parte, Horacio González (2012) desentraña cómo el propio Aramburu desarmó el escudo protector de la ley que más tarde habría de necesitar. De este modo, la violencia estatal de 1956 operó como una herencia trágica y un boomerang histórico: al clausurar el diálogo político y pavimentar el camino con los cuerpos de Valle y los fusilados de José León Suárez, Aramburu legitimó de manera retrospectiva el tribunal popular que lo juzgaría en 1970 como respuesta material de una deuda existencia y política.

Días después de la ejecución de Aramburu, Montoneros le envió una nota al cardenal Caggiano, según O´Donnell (2019) el sentimiento de pertenencia que estos tenían con la iglesia era más fuerte que su identidad como peronistas.

¿Como convive la idea de la muerte en un nacionalista católico como Fernando Abal Medina? La formación religiosa en algún punto está estrechamente relacionada con la idea revolucionaria, el martirio por la fe equivale al sacrificio de la vida por la revolución. Lejos de representar una ruptura con su fe de origen, la fundación de Montoneros representa la fusión entre sus convicciones de fe católica con el peronismo.

Juan Manuel Abal Medina (2022) revela la fractura existencial que habitó a su hermano Fernando tras haber consumado la ejecución de Aramburu. Lejos de una figura desprovista de dilemas morales, el testimonio familiar revela que Fernando cargó con un tormento y un arrepentimiento cristiano. El mandato cristiano de dar la vida se chocaba directamente con el mandato revolucionario de quitarla, evidenciando culpa por quebrantar el quinto mandamiento.

En una visita a Perón en el exilio, Juan Manuel le confiesa que su difunto hermano sentenció “matar es terrible”; el viejo líder exiliado confronta la mística romántica de esa juventud armada con la cruda racionalidad del profesionalismo de la guerra. Perón, un general que comprendía el fenómeno de la violencia no como un absoluto ético sino como un límite trágico de las relaciones de fuerza, validó la angustia del joven militante difunto. De ese modo, el diálogo en Madrid expone la tensión de un periodo de la historia argentina: mientras la vanguardia revolucionaria teorizaba la contraviolencia como instrumento de liberación nacional, la voz del conductor – y el propio tormento de Fernando – advertían que el ingreso a la muerte conlleva un costo moral que puede ser devastador.

CONCLUSIONES

​Así, la historia argentina de esos años revela su rostro más sombrío: un escenario donde los contendientes, incapaces de fundar una legalidad compartida o un espacio de diálogo democrático, se reconocieron mutuamente solo a través de la mediación de la muerte. La causa de la patria, de la revolución o del orden exigía, de forma unánime, el sacrificio del cuerpo. Al final del camino, tanto los fusilados de José León Suárez como el dictador que ordenó sus muertes, el escritor que los rescató del olvido y el joven que pretendió vengar sus sangres, terminaron en la dolorosa intemperie de una historia, donde el único absoluto indiscutible fue la voluntad de dar la vida por el destino de la Nación.

A modo de cierre, la reconstrucción de este itinerario de sangre que une la muerte de Walsh, Aramburu y Valle demuestra que la historia del pensamiento político argentino no se estructura sobre la base de la consolidación progresiva de consensos institucionales o contratos sociales abstractos, sino sobre una persistente y trágica violencia. Lejos de constituir accidentes o desvíos anómalos en el devenir de una república nacional, estas muertes representan los nudos fundacionales donde el poder político de la Argentina se define, se legitima y se disputa.

Al analizar esta saga secular a la luz de las tensiones entre legalidad y legitimidad, se evidencia la existencia de una constante histórica: en el suelo nacional, la soberanía estatal y la contrapoder popular no se han expresado únicamente a través de la ley o el voto, sino fundamentalmente a través de la administración de la muerte ajena y propia.

Esta dinámica se observa en el fusilamiento de Manuel Dorrego en 1828, un hito que, como bien señala Salvador Ferla (2007), inauguró la tecnología del crimen de Estado paralegal bajo la presión de una élite patricia que decidió que la fosa común era un recurso válido para contener las demandas de los sectores subalternos. Este mecanismo donde el Estado elimina físicamente al adversario molesto se perfeccionó con la decapitación del Chacho Peñaloza en 1863, cuya cabeza exhibida en una pica en la plaza operó como una pedagogía del terror que pretendía delimitar geográficamente los límites de la «civilización» frente a la «barbarie». Casi un siglo después, en 1956, la firma de Aramburu sobre los decretos de fusilamiento del general Juan José Valle y de los civiles de José León Suárez actualizó esta misma matriz de violencia de clase.

Estas interpretaciones demuestran que la muerte histórica nunca es un hecho puramente biológico, sino un texto disputado donde los rivales buscan escribir su propia versión de la dignidad para la posteridad.

La idea de dar la vida se vuelve aún más clara al observar las trayectorias de Fernando Abal Medina y Rodolfo Walsh (y su hija Victoria), quienes encarnan la culminación ética y metodológica de la entrega física en la década de los setenta.

La historia política de la Argentina se presenta, en última instancia, como un largo duelo de místicas donde el cuerpo es el territorio absoluto de la disputa de poder. La ley ha sido históricamente frágil, pero el compromiso con la muerte ha sido absoluto.

En conclusión, el cruce transhistórico entre estas muertes revela que la cultura política argentina se ha estructurado sobre una dialéctica inconclusa de mártires y verdugos. Desde los unitarios y federales del siglo XIX hasta la dictadura militar y las organizaciones revolucionarias del siglo XX, las identidades políticas en nuestro país no se han reconocido mutuamente como adversarios legítimos dentro de un juego democrático de reglas compartidas, sino como enemigos existenciales cuya eliminación física o cuyo martirio moral era la condición de posibilidad para la salvación de la Patria.

BIBLIOGRAFÍA:

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• ​González, H. (2012). Fusilamientos. Colihue.
• ​O’Donnell, M. (2019). Aramburu: El crimen político que dividió al país: el origen de Montoneros. Planeta.
• Valle, J. J. (1956). Carta del General de División Juan José Valle al General Pedro Eugenio Aramburu.
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• Walsh, R. (1976). Carta a mis amigos.
• Walsh, R. (1976). Carta a Vicky.
• Walsh, R. (1977). Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.