Auge y ocaso de “la milagrera de los pueblos”: reflexiones sobre el recorrido de YPF. Por Nicolás Delvitto y Cristian Martin

En comparación con los principios originarios de YPF, explicados a partir de las ideas de Mosconi, se observa cierto declive de las posturas más antagónicas hacia el capital extranjero, con la firma de contratos en varios gobiernos de distinto signo político. En la mayoría de los casos primó el pragmatismo y se priorizó el objetivo del autoabastecimiento, aunque también hubo medidas que buscaron mantener vivos los principios nacionalistas.

Por Nicolás Delvitto y Cristian Martin

Introducción

No hay dudas de que el siglo XX fue el siglo del petróleo. Durante años, este recurso fue uno de los íconos del progreso y la industrialización, contribuyendo enormemente al desarrollo capitalista y al bienestar de las sociedades occidentales, especialmente en el periodo conocido como “La edad de oro del capitalismo”. Si dirigimos la mirada hacia nuestros lares, podremos observar que el petróleo no solamente estuvo asociado al progreso y a la modernización, sino también a la idea de soberanía. En este sentido, la creación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a manos del Estado nacional en 1922, bajo la dirección del general Enrique Mosconi, representó un hito. La importancia de la misma no se limitó solamente a la exploración y extracción de petróleo, sino que también canalizó una serie de símbolos, representaciones, ideas, debates y materializaciones que hundieron sus raíces en la vida nacional.    

 En el marco de la conmemoración del centenario de la fundación de la empresa resulta interesante reflexionar acerca de los principios originarios de YPF y el desarrollo de los mismos desde aquel momento fundacional hasta la actualidad. 

Mosconi y el origen de YPF

La constitución de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en los primeros años de la década de 1920, se dio en el marco de una fuerte expansión de la economía argentina que había comenzado a fines del siglo XIX (Trombetta, 2012). A pesar de que este crecimiento fomentaba el desarrollo productivo y ampliaba las condiciones de ascenso social, al mismo tiempo tenía una contracara: requería una abundante y continua cantidad de energía y de combustibles que, dadas las limitadas capacidades técnicas (falta de personal especializado) y materiales (insuficiencia de maquinaria) del país, necesariamente debían ser importados. El corolario de esta situación era la fuerte salida de divisas en concepto de importación de combustible, debilitando a las finanzas nacionales (Favaro, 1999) y desacelerando el crecimiento económico. El descubrimiento del yacimiento petrolífero en Comodoro Rivadavia en 1907 había sido muy destacado, pero el escaso financiamiento por parte del Estado había obturado su pleno aprovechamiento. Asimismo, los problemas logísticos y de almacenamiento también eran factores que dificultaban la explotación.

Esta situación se agravaría con la llegada de la Primera Guerra Mundial, producto del cierre del mercado internacional de combustibles. En ese contexto, la escasez volvía imperativa la explotación propia de los recursos petroleros. Como bien explica Favaro (1999), la llegada del radicalismo al poder en 1916 con la presidencia de Hipólito Yrigoyen marcó el inicio de la intervención del propio Estado en el desarrollo de la explotación de los recursos naturales, entre los cuales se encontraba el petróleo. El gobierno justificaba estas medidas, además, para dar respuesta a la expansión del mercado interno y las demandas sociales de las masas que estaban incorporándose a partir de la modernización que estaba atravesando el país. Asimismo, los primeros indicios de agotamiento del modelo agroexportador habían generado un clima de opinión en buena parte de la élite gobernante de que era necesario avanzar en una diversificación productiva de Argentina a partir del nacimiento de una incipiente industria, para la cual la explotación petrolera tendría un rol crucial. 

Todos estos factores llevaron a que Yrigoyen sancionara un decreto el 3 de junio de 1922 mediante el cual se creaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa petrolera estatal que abarcaría desde la extracción del recurso hasta su refinación y venta en el mercado a precios competitivos, bajo la dirección del general Enrique Mosconi. Su figura fue de una importancia mayúscula, no solamente para el establecimiento de la empresa, sino también para dotarla de principios que serían constitutivos de su idiosincrasia. 

A la hora de explicar los motivos que volvían necesario que el Estado nacional asumiera a través de una empresa propia la explotación de los recursos petroleros, Mosconi (1983) argüía tres razones en las cuales se encontraba la patria: situación de peligro, de inferioridad y de desventaja. La primera de ellas refería a la dependencia que Argentina tenía respecto a la provisión de combustible por parte del extranjero para sus propias Fuerzas Armadas. Esto ponía en riesgo la defensa y la seguridad nacional dado que el petróleo era considerado un recurso estratégico. Por otro lado, Mosconi señalaba que la situación de inferioridad del país estaba relacionada con el hecho de que si bien la nación contaba con ricos yacimientos petrolíferos, debía importar combustible debido a sus limitaciones técnicas. Finalmente, la situación de desventaja era de índole económica: las arcas nacionales se veían debilitadas por causa del elevado precio de la importación de combustible. En estos tres factores se observa una marcada preocupación por la cuestión nacional, en relación estrecha con la formación castrense de Mosconi. Por aquel entonces, numerosos sectores dentro de las Fuerzas Armadas eran firmes defensores del nacionalismo económico y críticos del imperialismo británico y estadounidense, particularmente con la acción de sus empresas dentro de las economías dependientes. Los trust petroleros extranjeros, como la Standard Oil de Estados Unidos o la Royal Dutch Shell angloholandesa, representaban la imposibilidad por parte de las naciones como Argentina de establecer una política petrolera autónoma y usufructuar los recursos de su propio suelo, condicionando así su desarrollo económico y la calidad de vida de su población.  Si como aseguraba, de manera categórica, Raúl Scalabrini Ortiz en 1938, “el dominio del petróleo es en cierta manera el dominio del mundo” (p. 7), resultaba clara la necesidad de controlar desde el Estado nacional los recursos petrolíferos y desarrollar una empresa que tuviera la capacidad de competir con los grandes monopolios extranjeros. El propio Mosconi se juramentó a sí mismo “(…) cooperar por todos los medios legales a romper los trust.” (1983: 31). 

Los elementos señalados, muestran cabalmente el proyecto de Mosconi, inspirado en “(…) una ideología basada en el nacionalismo petrolero, que apuntaba a la necesidad de industrialización autosuficiencia económica, hostilidad al capital extranjero y, fundamentalmente, a la necesidad de dar al Estado un papel activo como promotor de la empresa pública” (Carrizo, 2016: 4). El rol de YPF, por lo tanto, no se limitaría a la mera extracción y comercialización de petróleo sino que contendría un sentido nacional que abarcaría numerosos ámbitos: el desarrollo industrial, la soberanía económica, la defensa del territorio y de los recursos propios. Además, su influencia también se proyectaría al ámbito educativo, al proponer la formación de ingenieros especializados –con un fuerte compromiso nacional- en la Universidad de Buenos Aires (Mosconi, 1983).

Este sentido de nacionalidad de YPF se materializaría en dos aspectos que serían emblemáticos de la empresa: el carácter de sus trabajadores y las comunidades que se conformaron a partir de su presencia en distintos puntos del territorio nacional. Ambos aspectos estaban íntimamente relacionados, como parte de la concepción que tenía Mosconi, inspirada en el modelo militar bismarckiano. En ella, se proyectaba un ideal del trabajador ypefiano, que era aquel que conciliaba su función de obrero con la de soldado y patriota (Carrizo, 2016). Siendo más precisos, el trabajador de YPF debía anteponer los intereses de la empresa, que en definitiva eran los intereses de la nación, por sobre los intereses personales. Ello explica la severidad con la que fueron tratadas las disidencias y las huelgas obreras, consideradas como símbolo de la codicia y el egoísmo del trabajador y contrarias al bienestar nacional (Carrizo, 2016). La contraparte de aquella severidad, fueron las medidas de avanzada en lo que refiere a derechos y/o servicios sociales. Aquí entra en relación el segundo factor, el territorial, puesto que era imprescindible que los trabajadores de las comunidades petroleras pudieran vivir en comunidades que les garantizaran viviendas de calidad, servicios de salud, educación y recreación (Muñiz Terra, 2008). Por ello, YPF tendría desde ese momento un compromiso social inescindible que redundaría en la conformación de comunidades. Por supuesto, esto también incluía los respectivos comercios que debían abastecer a la zona, los caminos y las distintas obras de infraestructura. Como arguyen Gaudio et al. (2010), las comunidades petroleras “(…) fueron los espacios de trabajo pero también los lugares de crecimiento familiar, en los que se trabaron relaciones de amistad y se definió un sentido de pertenencia a la empresa (…)” (p. 4). Esto se replicaba a lo largo y ancho del país, permitiendo que las familias ypefianas pudieran conservar su estilo de vida y su identidad incluso mudándose a una zona cercana a otro yacimiento. 

La edad de Oro: inestabilidad política, ISI y bienestar general

Los últimos años de la década del veinte estuvieron marcados por un aumento de la tensión por la cuestión petrolera. Mosconi había dotado a YPF de una trascendencia más que importante a la hora de definir el modelo económico que empezaba a imponerse en el país. En línea con ello, sus propuestas cada vez más combativas en relación al capital extranjero lo llevarían a proponer la nacionalización total del recurso. Esta postura incluía el monopolio estatal en todo el proceso productivo del petróleo a partir de YPF e incluso la prohibición de transferir concesiones a empresas extranjeras (Cerra, 2008). 

El proyecto tendría un abrupto final en septiembre de 1930, con el derrocamiento de Yrigoyen, hecho que forzó el alejamiento de Mosconi de la función pública. Si bien sería erróneo explicar las causas de este suceso a partir de una única variable, el hecho de que se hablara de un “golpe con olor a petróleo” (Trombetta, 2012) da cuenta de la repercusión que tuvo el proyecto de nacionalización, el cual contó con la ferviente oposición de la Standard Oil. Al respecto, Scalabrini Ortiz afirmaba en aquellos momentos, “Todos supimos, quizá demasiado rápido, que esa revolución fue animada por los intereses de la Standard Oil y en cierta manera es posible demostrarlo” (2009: 43), y que “La excesiva puntillosidad legal del presidente Yrigoyen abrió las compuestas [SIC] a la piratería nacional que estaba esperando acorralada a sus amos extranjeros” (2009: 44). Con ello, Scalabrini buscaba transmitir el estado de indefensión en el que quedaría la industria petrolera y la nación en su conjunto.

Con la llegada al gobierno de Agustín P. Justo en 1932, las compañías británicas fueron favorecidas respecto al acceso al petróleo argentino en detrimento de la joven empresa estatal. Se produjo, entonces, la paradójica situación de que estos capitales fueran tolerantes con la existencia de YPF, la cual era vista como un dique de contención al avance de la Standard Oil en Argentina (Trombetta, 2012). Esta situación garantizó que YPF pudiera seguir existiendo a pesar de que su vasta función social original quedara relativamente relegada. 

Sería a partir de 1943, con el golpe de estado encabezado por los militares nacionalistas nucleados en el Grupo de Oficiales Unidos, que la empresa tomaría un nuevo impulso. Aquí, comienza la etapa más próspera para YPF, la cual estuvo signada no sólo por su mayor protagonismo a la hora de encarar el nuevo proyecto de desarrollo industrial de la nación, sino también en su presencia en cada vez más comunidades relacionadas al petróleo. Estos principios y objetivos se mantuvieron a pesar de la enorme inestabilidad política por la que atravesó nuestro país en las décadas venideras y de la existencia de distintos proyectos relativos a la cuestión petrolera. A grandes rasgos, la tensión principal se dio entre aquellos que propugnaban una visión favorable al monopolio estatal del recurso y la producción petrolera, y aquellos que tenían posturas favorables a la participación del capital extranjero. Es importante recordar que esta disputa ya había sido planteada, de manera larvada por Mosconi en los años fundacionales de YPF, cuando se debatía si la empresa debía ser de propiedad estatal en su totalidad o de carácter mixto. Si bien finalmente Mosconi optó por una férrea postura nacionalista, el debate sobre la pertinencia de la participación de inversiones extranjeras estuvo latente hasta el golpe de 1930. Lo que se observa entre 1946 y 1976 es, justamente, la continuidad de esta puja entre “nacionalistas-estatistas” y “desarrollistas”. Podemos mencionar esquemáticamente, que el gobierno de Perón osciló entre ambos momentos. En principio, su gobierno (al igual que en otras áreas económicas) tuvo una postura más afín al nacionalismo. Esto quedó patentado en la reforma constitucional de 1949, la cual establecía en su artículo 40 que el Estado poseía la propiedad inalienable de los recursos y la jurisdicción sobre todas las concesiones petroleras (Cerra, 2008). No obstante, a partir de la década del cincuenta las restricciones económicas y el desempeño productivo decreciente, llevarían al General a celebrar en 1955 un contrato con la California Argentina, filial de la Standard Oil en nuestro país, para la exploración y explotación del petróleo en Santa Cruz (Trombetta, 2012; Cerra, 2008). Luego del derrocamiento de Perón y de tres años de gobierno de la autoproclamada “Revolución Libertadora”, asumiría Arturo Frondizi. Vinculado al desarrollismo, el presidente profundizaría las concesiones al firmar una serie de contratos con empresas extranjeras que luego serían anulados por el presidente Arturo Illia en 1963. A pesar de que Illia había intentado una vuelta al sentido de autonomía respecto a los grandes capitales internacionales, los contratos petroleros establecidos en el gobierno de Frondizi habían permitido el crecimiento de las empresas transnacionales en la política petrolera del país. Esta situación llevó a que las mismas se convirtieran en actores con poder de veto que dificultarían la gobernabilidad (Trombetta, 2012). Finalmente, y luego de otros siete años de dictadura militar, la vuelta del peronismo al poder en 1973 también tendría episodios que reflejarían esta disputa. El tercer gobierno de Perón, por ejemplo, intentó sancionar a través del congreso una ley de hidrocarburos que tenía similitudes con los acuerdos firmados en 1955 y que permitía que YPF contratara los servicios de empresas extranjeras para sus actividades. No obstante, la muerte del presidente en 1974 y la asunción de Isabel Perón llevó a una de las medidas más rupturistas en relación a la política petrolera: la nacionalización de las bocas de expendio de combustible (Cerra, 2008). Sin embargo, la crisis política y económica que se desataría en Argentina desde 1975 dificultaría la gobernabilidad y el efectivo cumplimiento de estas medidas, hasta llegar al derrocamiento de la presidenta en marzo de 1976. 

Todos estos vaivenes demuestran la complejidad de la política petrolera en este período. En comparación con los principios originarios de YPF, explicados a partir de las ideas de Mosconi, se observa cierto declive de las posturas más antagónicas hacia el capital extranjero, con la firma de contratos en varios gobiernos de distinto signo político. En la mayoría de los casos primó el pragmatismo y se priorizó el objetivo del autoabastecimiento, aunque también hubo medidas que buscaron mantener vivos los principios nacionalistas. A pesar de esta ambivalencia, a lo largo de este período YPF mantuvo inquebrantablemente dos pilares asociados a sus orígenes: el desarrollo industrial y la inserción territorial. Ambos aspectos, formaban parte de un esquema enmarcado en el rol activo del Estado, en donde la lógica mercantil se encontraba subordinada al bienestar social y al desarrollo territorial (Palermo y García, 2007).

La inserción territorial de YPF se dio a partir de la constitución de campamentos en distintas zonas petrolíferas del país, que con el tiempo se convirtieron en pueblos. En ellos, la actividad económica y social se estructuraba en su totalidad alrededor de la empresa, formando “comunidades de fábrica” (Capogrossi, 2013). Tal era la afinidad, que el antagonismo de clase típico de cualquier relación laboral se encontraba diluido a partir del sentimiento de pertenencia a una “familia ypefiana”, que abarcaba tanto a la propia familia como al resto de los miembros de la empresa. Esto fue posible también, gracias a las prestaciones que otorgó YPF, que incluía entre otras cosas “(…) el apoyo económico ofrecido a los establecimientos sanitarios, el auspicio de actividades recreativas y deportivas que se sumaron a las crecientes actividades culturales realizadas en diferentes instituciones comunales (…)” (Muñiz Terra, 2008). Estas acciones generaron en los trabajadores una relación de familiaridad y gratitud con la empresa misma, que los llevó a utilizar eufemismos para referirse a ella, como “milagrera de los pueblos”, “mamma” o “puntal de la nación” (Capogrossi, 2013). La simbiosis entre empresa, trabajadores y territorio, fue posible gracias al modelo que concebía YPF, el cual 

“(…) excedía (…) lo que una empresa tipo estaba obligada a realizar en términos de sus objetivos de obtención de la máxima tasa de ganancia posible. De algún modo, YPF «subsidiaba» al territorio local donde se asentaba y tal decisión superaba una visión mercantilista de su rol y su función como empresa líder en el proceso de extracción, industrialización y comercialización del petróleo.” (Rofman 1999, citado en Capogrossi, 2013: 107). 

Precisamente, esta lógica contraria al afán mercantilista fue lo que guió durante esos años a YPF, no sólo en lo que respecta a aquellas comunidades territoriales, sino también respecto a las estaciones de servicio. Como ejemplo de esto, podemos mencionar una serie de publicidades institucionales de la empresa en las décadas de los sesenta y setenta, narradas por el célebre locutor “Cacho” Fontana. En una de ellas, se expresa lo siguiente:

Ruta 2, Km. 207, tarde de verano. Aquí hay estaciones de servicio porque hay negocio. Pero donde sólo pasa un auto por día, allí solo está YPF. Es que vender 20 litros diarios no es un buen negocio para nadie, salvo para el país. Por eso, cuando pase por aquí, pare en YPF. No sólo porque cargará la mejor nafta, sino también para que YPF pueda seguir estando allí cuando usted, u otro argentino, lo necesite.

El spot muestra el contraste entre un lugar transitado, donde una estación de servicio con seguridad es rentable, para luego compararlo con un lugar alejado, con escasa población y en el medio de una zona montañosa de difícil acceso. En lugares como este último, sólo una empresa de carácter público cuyas prioridades trascendieran el afán de lucro podía estar presente. Asimismo, el énfasis en que eso es bueno para “el país”, denota la función social, nacional y de integración territorial de YPF. 

 Otra de las publicidades que grafica esto, afirma:

Nosotros los argentinos, extraemos el 99% de nuestro petróleo, lo transportamos en nuestra flota petrolera y en nuestros oleoductos, hasta llegar a la destilería más grande de Sudamérica. La única que puede garantizar superior calidad en todas las naftas que produce. Naftas que llegan a todo el país, incluso donde no hay ganancias pero sí argentinos. YPF invierte sus ganancias en obras para el país, porque también está en las zonas donde hay más negocio. Para que YPF y su país sigan progresando, usted debe cerrar el círculo. Cargue YPF, siempre. 

Claramente, vuelve a hacerse referencia a que la empresa pública no tiene como prioridad el lucro sino aportar al desarrollo argentino y a la penetración territorial a los lugares más alejados del país. Además, las referencias a lo propio son explícitas a partir del énfasis puesto en que no sólo es nuestro el petróleo extraído por YPF, sino también el resto de los elementos del proceso productivo como el transporte y la refinación. Esto también se logra apelando a todos los ciudadanos del país, quienes son parte necesaria de la acción de YPF, puesto que son ellos quienes “cierran el círculo”. La referencia al círculo, además, está inspirada en el logotipo histórico de la petrolera. El mismo contaba con una forma circular de doble línea celeste separada por una línea blanca -similar a la escarapela nacional-, que para Vega Ávila (2016) representaba la unidad, la estabilidad, lo absoluto y el proceso cíclico de desarrollo económico. 

Entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política no fue óbice para que la petrolera estatal profundizara su acción social y territorial. Asimismo, durante este período se destacó permanentemente a YPF como una empresa símbolo del desarrollo y la soberanía nacional. Los principios originarios de la empresa, resumidos en el pensamiento de Mosconi, fueron, por un lado, descontinuados en el plano del combate a los trusts monopólicos, al aumentar la preponderancia progresiva de las inversiones extranjeras y su incidencia en la política petrolera del país. Empero, fueron concretados y hasta superados en términos de expansión e integración territorial, aporte al proyecto industrializador y al bienestar de los trabajadores y las familias ypefianas.

¡El futuro ya llegó! Privatización, commodities y fin del modelo social

El 27 de enero de 1998, Pepe Eliaschev entrevistó a “Cacho” Fontana en su programa televisivo. Al comenzar, introdujo al invitado mostrando una vieja publicidad de YPF: precisamente, la primera que fue mencionada en este trabajo. Luego de verla, Eliaschev comentó “Aquella YPF ya no existe”, a lo cual Fontana, con cierta melancolía, respondió: “Ya no está, ya no existe. Parecen las películas viejas (…)”. ¿Qué fue lo que llevó al locutor publicitario de la histórica petrolera estatal a coincidir con semejante afirmación? 

Para explicar el período, debemos comenzar en 1976, con la llegada de la última dictadura cívico-militar. Durante esos años, como parte de una política tendiente a la instauración del neoliberalismo y a la concentración económica, se realizaron una serie de contratos con empresas privadas (locales y extranjeras). Dichas empresas recibieron concesiones de exploración y explotación sumamente ventajosas en zonas pobladas y con altos niveles de rentabilidad, dejando a YPF a cargo de las zonas más periféricas y con mayores costos. A ello debe agregarse una política de fuerte endeudamiento de la propia empresa (Palermo y García, 2007). Esto llevó a que, con la vuelta de la democracia en 1983, YPF se encontrara en una situación de extrema fragilidad. La situación no haría más que agravarse en esta década, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, donde la empresa terminaría con un déficit gigantesco. A causa de esta situación, y acorde al clima de época que comenzaba a extenderse, comenzaron a mencionarse las primeras ideas relativas a una posible privatización de YPF.

Sin embargo, no sería hasta la llegada de Carlos Menem a la presidencia en 1989, que la privatización de YPF se volvería una realidad efectiva. Su contexto de asunción estuvo signado por una angustiante situación hiperinflacionaria y de quiebra estatal en el plano nacional, y por el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín a nivel internacional. Ambos acontecimientos favorecieron la adopción por parte del flamante presidente de una serie de políticas públicas guiadas por el “Consenso de Washington”, que incluían la privatización de empresas públicas y la desregulación del mercado. YPF no estaría exenta de este nuevo paradigma dominante del neoliberalismo. Así, a lo largo de la década de los ‘90, YPF afrontó un proceso de privatización, que podríamos dividir en tres momentos. En primer lugar, la empresa fue convertida en Sociedad Anónima el 31 de diciembre de 1990, a través del decreto de 2778/90. Con ello, la empresa pasó a regirse por el derecho privado, con acciones pasibles de ser compradas por el capital privado, debiéndose desprender de todas aquellas áreas de la empresa que no fueran “económicamente viables” (Sabbatella, 2011). Luego, en la segunda mitad de 1992, YPF sería efectivamente privatizada, quedándose el Estado argentino con apenas el 20% de acciones de la empresa y la acción de oro. Finalmente, este proceso se completó en 1999, cuando el Estado vendió a la petrolera española Repsol prácticamente la totalidad de sus acciones. 

Hasta aquel momento, las posturas que habían predominado en el ámbito de la política petrolera, habían sido el nacionalismo-estatista y el desarrollismo, las cuales, más allá de sus diferencias, compartían importantes núcleos de ideas en torno a YPF. Contrariamente, este período marcaría por primera vez la hegemonía de las ideas liberales en el plano intelectual y político (Cerra, 2008), las cuales impactaron profundamente no solamente en la empresa, sino fundamentalmente en la interpretación de los principios que le habían dado vida.

En el discurso neoliberal la eficacia y la rentabilidad pasan a ser los únicos valores a tener en cuenta, abandonando las preocupaciones sociales y territoriales (Palermo y García, 2007). Esto marcaba una diferencia mayúscula con las concepciones previas, donde YPF solía priorizar la llegada a las zonas más alejadas del país en pos de lograr la integración territorial y el desarrollo de las mismas. En palabras del presidente de YPF en aquellos años, José Estenssoro (1991): “Había que sacarle el sobrante a la Empresa. Todo aquello que le impedía ser absolutamente ágil (…) Queríamos una YPF empresa económicamente más poderosa y tal vez no tan grande” (citado en Palermo y García, 2007: 13). Esta frase reflejaba buena parte de la nueva concepción de YPF. En primer lugar, se hablaba de las actividades que no eran rentables como un “sobrante”, algo ajeno a lo que una genuina empresa petrolera debería hacer. Por otro lado, esto le impedía su correcto funcionamiento, ser “absolutamente ágil”. Finalmente, la última oración denota la intención de fomentar las inversiones en YPF pero, paradójicamente, a partir de su achicamiento y de la reducción de sus actividades. 

En línea con esta racionalidad económica, hay un cambio en la concepción respecto al propio petróleo como recurso. Si originalmente el petróleo era visto como un recurso estratégico, imprescindible para la soberanía política, a partir de este momento, será concebido como una commodity (Sabbatella, 2011). Así, el petróleo se convirtió en un mero producto de exportación, cuyo aporte se reducía a la llegada de divisas en lugar de priorizar su importancia estratégica. Por esta razón, se realizaba una explotación indiscriminada de pozos ya descubiertos por YPF en su época estatal. Esto tuvo dos resultados nefastos: el daño ambiental por el excesivo aumento de la producción sin controles, y la caída de las reservas petroleras del país por el desinterés por parte de las petroleras privadas en realizar exploraciones. Comparándolo con la preocupación que tenía Mosconi respecto a la defensa del país, es indudable que una brutal caída de las reservas petroleras aumenta el estado de indefensión nacional. Una mirada estratégica del petróleo, optaría por una mayor racionalización de la explotación del recurso (Zaiat, 2012). Este debilitamiento del Estado nacional en el control de la política petrolera se agravó con la provincialización de los hidrocarburos. Si bien el reclamo tenía una larga tradición, solamente en estos años se transferiría el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos de la Nación hacia las provincias. La reforma constitucional de 1994 terminaría por consolidar legalmente esta situación (Sabbatella, 2012). Esto ha motivado discusiones, puesto que si bien las provincias pueden captar una mayor parte de la renta y se favorece el federalismo, también es cierto que el carácter nacional histórico de YPF queda diluido.  A esto se le suma la dificultad de controlar la actividad debido a la partición del “poder de policía” en 23 unidades, como por la mayor debilidad de las provincias -en comparación con el Estado nacional- a la hora de negociar con las grandes petroleras.

Otra de las transformaciones que se observan en esta época, son los crecientes embates a la “cultura ypefiana”. Como habíamos mencionado anteriormente, YPF no sólo había desplegado su acción en términos materiales, sino que también había generado alrededor de ella una cultura propia vinculada a su función social y a una representación de la empresa como símbolo nacional. Por empezar, los sectores privatizadores fueron severos en sus críticas a la política sociodemográfica de la empresa, la cual supuestamente habría “reemplazado” al Estado nacional tomando atribuciones que no eran propias de su tarea específica (Sabbatella, 2011). Esto habría obturado su eficiencia a lo largo de la historia, motivo por el cual era necesario dejar de lado su tarea “política” para pasar a basarse en criterios de racionalidad y rentabilidad. Justamente, se trataba de eliminar el “sobrante” del que hablaba José Estenssoro. También fue estigmatizado el trabajador ypefiano por depender de un pueblo que era “amamantado”, cual niño, por una empresa pública (Palermo y García, 2007). 

En la práctica, el discurso antiestatista y racionalizador, también vería sus efectos en el plano social. Los pueblos que dependían exclusivamente de la petrolera estatal, como Plaza Huincul y Cultral Có en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta o Las Heras en Santa Cruz quedaron severamente diezmados. El desempleo, el aumento de la pobreza, el despoblamiento, la marginalidad, e incluso los suicidios, pasaron a convertirse en la cotidianeidad de las otroras prósperas comunidades ypefianas. Los trabajadores ypefianos perdieron el status superior en cuanto a calidad de vida, ingresos y prestigio social que solían tener y a la cual se habían acostumbrado durante varias generaciones (Capogrossi, 2013). Todos ellos debieron afrontar una realidad poco favorable para su reinserción laboral y social, llegando incluso a conformar una crisis de identidad (Muñiz Terra, 2007). Si YPF, como sostiene Leila Guerriero “(…) era un pionero del que sólo podía esperarse lo mejor, una patria paralela que encendía los sitios por los que pasaba creando escuelas, rutas, hospitales” (2005: 18), la nueva realidad mostraba cómo su desmantelamiento en esas zonas pulverizó al resto de las actividades económicas, particularmente comercios e industrias fabricantes de insumos para la petrolera. Este panorama general en las comunidades petroleras no podría estar más alejado de los principios mosconianos, enfocados no sólo en el bienestar de los trabajadores sino también en la plena realización de la comunidad en su conjunto. La cultura que tantos años había costado infundir, parecía evaporarse. 

Asimismo, la simbología de YPF fue severamente modificada a partir de su privatización. Podemos dar cuenta de ello a partir de una sencilla comparación entre las publicidades descriptas previamente con las que mostraba “La Nueva YPF”. En una de ellas, el cliente llega a la estación de servicio donde, mientras carga combustible, se sorprende porque “Parece mentira, todo está puesto a nuevo”. De esta forma se hacía referencia a las modificaciones de infraestructura, como los nuevos surtidores y los servicios que se agregaron, como el de limpieza de autos y venta de comestibles. Finalmente, el spot cierra afirmando que “Los verdaderos cambios son aquellos que transforman la vida de la gente”. A diferencia de los antiguos spots, centrados en la integración territorial y en el aporte, tanto de la empresa como de los conductores, al proyecto nacional, ahora la prioridad pasa a ser el consumo y las cuestiones estéticas. El conductor, que antes cerraba el círculo, se vuelve un cliente particular. También, y en relación al círculo, el logotipo que la empresa adopta en 1996 muta hasta perder todo tipo de referencia nacional. Ahora, simplemente se observan las siglas de la empresa con un subrayado que deja de tener los colores celeste y blanco para reemplazarlo por el azul y amarillo (Vega Ávila, 2016). 

En suma, la transformación de YPF a partir de la década de 1990 implicó diversas alteraciones materiales y simbólicas que fueron parte de un plan integral para vaciarla de sus principios constitutivos. Si, como habíamos visto, para Mosconi el petróleo era un recurso estratégico que requería protección e intervención estatal, durante los años ‘90 el recurso natural sería visto como una materia prima más susceptible de ser exportada, una commodity. Este cambio estuvo ligado al auge de la concepción neoliberal, en donde la rentabilidad y la maximización de las ganancias son el objetivo final. La adopción de estos principios significaron el abandono absoluto del carácter nacionalista de la empresa, entendiéndose éste como su aporte al desarrollo económico argentino, la integración territorial, el bienestar de la comunidad y el sentido que se le otorgaba a YPF como portador de valores comunes. Así, YPF ya no sería la misma de antes.

La YPF actual: entre el apremio y la nostalgia 

El fin del menemismo y la llegada a la presidencia de Fernando De la Rúa, no alteró el orden del modelo económico. No obstante, esta situación tendría un abrupto final con la crisis de diciembre de 2001, que terminaría con la renuncia del presidente. Allí se puso de manifiesto el agotamiento del modelo de valorización financiera, y el comienzo de un nuevo modelo económico, orientado a la producción, tendiente a la (re)industrialización del país, el fortalecimiento del mercado interno y el aumento de los ingresos. Todos ellos aspectos que serían posibles gracias a una activa intervención del estado en la economía (Sabbatella, 2012). 

Ahora bien, ¿cómo influyeron exactamente estos cambios políticos y económicos en el devenir de YPF? Entre las continuidades, podemos mencionar como la más importante, el hecho de que YPF continúo siendo ─aún hasta el día de hoy─ una Sociedad Anónima. Por ende, su lógica de funcionamiento, es la de una empresa privada que tiene como fin último la máxima rentabilidad. Ello hace que, pese a que no sea tan explícito como en la década de los ‘90, el petróleo siga siendo visto como una commodity. Asimismo, los contratos de exploración y explotación con empresas extranjeras forman parte ineludible de la política de la empresa nacional. Finalmente, otra de las grandes continuidades es la provincialización del recurso, que ha convertido a los gobernadores de las provincias petroleras, nucleados en la OFEPHI, en actores sumamente determinantes en el juego político nacional.

A pesar de esto, también fueron muy importantes las rupturas en este período. Por empezar, el mercado de combustibles dejó de estar absolutamente desregulado como en la administración de Menem. Esto se observó desde 2002, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, con los primeros decretos que pasaron a eliminar la libertad de precios y de exportación de petróleo. La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en mayo de 2003 profundizó esta tendencia, agregando mayor peso a las retenciones a la exportación (Sabbatella, 2012). Esto no es un dato menor, puesto que implicó el retorno del control estatal sobre un factor clave de la política económica como lo es el mercado de combustibles y energía. Además, permitió al Estado nacional captar una parte importante de la renta petrolera y controlar los precios internos. Si bien no podemos decir que se abandonara el interés por la exportación del recurso, la aplicación de retenciones permitió utilizar buena parte de los recursos petroleros propios para destinarlos al consumo del mercado interno. Sin embargo, al no contar con una empresa estatal propia, puesto que YPF seguía siendo propiedad de Repsol, el impacto de estas medidas no era lo suficientemente fuerte. Esto cambiaría a partir de 2012 con la ruptura más importante en el período: la reestatización parcial de YPF, a partir de la expropiación del 51% de las acciones de la empresa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Aquella acción y sus reacciones dan cuenta hasta el día de hoy, de las contradicciones que afronta la YPF contemporánea, y la manera en que es percibida por la sociedad argentina. Por un lado, la reestatización entendida en los términos anteriormente mencionados, implicó la vuelta de los discursos asociados al nacionalismo petrolero: la defensa de la soberanía nacional, la importancia del Estado en el modelo de desarrollo económico y la animosidad contra el capital extranjero, encarnados ahora en la española Repsol. El éxito de estos postulados, el auge que tuvieron, no fue por casualidad. Por el contrario, aún con la privatización, la enajenación, y el alejamiento de YPF tanto simbólica como materialmente de los valores nacionales, la empresa nunca dejó de ser parte del sentir popular (Sabbatella, 2012). Su historia quedó grabada a fuego en la memoria de los argentinos de una manera que no pudo ser igualada por otras empresas estatales de la misma época que también habían sido importantes. Como expresó crudamente un ex-gerente de Repsol-YPF: “¿Quién se acuerda que Telefónica o Telecom eran ENTel?… Acá todos se acuerdan de YPF estatal” (citado en Palermo, 2007). 

Pero, por otro lado, debe considerarse que esta medida, se dio en un marco radicalmente distinto a la etapa fundacional. En estos tiempos, la empresa tiene como objetivo principal la rentabilidad y el aporte de divisas al país. Si bien el propio Mosconi no negaba la importancia del aporte de YPF a las arcas estatales, sus principios relativos a la formación de comunidades y la cultura ypefiana que infundió a los trabajadores de la empresa, no parecen haberse restituido luego de su destrucción en los años ‘90. En la última década, la industria petrolera se ha visto conmovida por el descubrimiento del yacimiento “Vaca Muerta”. Independientemente de la fuente de ingresos que puede traer al país, interesa aquí saber si será posible una nueva materialización de los principios mosconianos en esos territorios. Solamente el tiempo dirá qué destino le espera a estas comunidades y a nuestra patria.

Reflexiones finales

Habiendo revisado y analizado este derrotero histórico de YPF, quisiéramos cerrar este ensayo con algunas reflexiones respecto a los tiempos actuales. En primer lugar, consideramos que la cuestión petrolera sigue teniendo una enorme vigencia. En este sentido, creemos que es positiva la recuperación del 51% de las acciones de YPF por parte del Estado nacional, puesto que sólo de esa manera se puede aspirar a tener una política petrolera soberana que apuntale al desarrollo económico de nuestro país. No obstante, tal vez sea imposible (e incluso, podría debatirse si es deseable) retornar de manera exacta a la YPF de la etapa fundacional. La complejidad de la industria petrolera actual requiere una cantidad de inversiones que, difícilmente, el Estado argentino esté en condiciones de afrontar por cuenta propia. Por supuesto que esta idea está muy lejos de la entrega total realizada en la década del noventa, donde las grandes compañías extranjeras prácticamente tuvieron plena libertad para usufructuar el petróleo argentino.   

Pensamos que el mejor escenario es aquel que pueda conjugar el aporte de capitales extranjeros para la explotación de nuestros recursos en conjunto con la inversión pública y un férreo control por parte del Estado para asegurar que los beneficios de nuestro suelo puedan ser aprovechados en Argentina. Es importante volver a pensar en el petróleo como un recurso estratégico, un bien preciado para nuestra soberanía y útil para nuestro desarrollo y que, dado su carácter no renovable, requiere la máxima protección. Si bien la provincialización de los recursos naturales parece ser irreversible debido a su rango constitucional, el problema debe encararse desde una perspectiva nacional, en la que no solo las provincias petroleras tengan la palabra.

Por otra parte, los principios ypefianos tendientes a la integración territorial siguen siendo valiosos, razón por la cual deberían retomarse. Empero, a diferencia de las viejas épocas, podría pensarse en un modelo de desarrollo que beneficie a las comunidades petroleras de una manera que no las haga excesivamente dependientes de la acción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es decir, que no sean meros enclaves. Para ello, será necesaria una cuidadosa planificación. Precisamente, la desastrosa política de reconversión que se llevó a cabo en los años ‘90 demuestra que la ausencia de planificación y de diversificación productiva puede llevar a la desaparición misma de una comunidad. Por eso, es importante que desde el Estado se generen las condiciones necesarias para que los pueblos petroleros puedan también diversificar su estructura económica lo máximo posible. 

Las ideas de Mosconi no han perdido valor. De su correcta adaptación a los tiempos que transcurren, YPF podrá concretar la misión para la que fue creada y nuestro país podrá transitar la anhelada senda de la soberanía política, el desarrollo económico y la prosperidad para todos los argentinos.

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