Patagonia. Poblamiento y federalización de una tierra de oportunidades. Por Brenda Santamaria

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El problema de la Patagonia fue desde un principio su falta de integración al Estado Nacional quedando relegada y como un claro ejemplo de la debilidad del federalismo en nuestro país

Por Brenda Santamaria
Fuente: mapoteca.com.ar

INTRODUCCIÓN

   Desde hace siglos la Patagonia como región despierta un interés peculiar en aquellas personas que desean conocerla, explorarla, o explotarla. Viajeros ingleses, escritores, exploradores, inversores extranjeros y científicos evocan sus mitos y leyendas construyendo un folclore particular de la región. 

   La región patagónica ubicada en el extremo más austral del continente americano es una extensa región de 930.731 km2, abarcando las actuales provincias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la actualidad tiene aproximadamente más de dos millones de habitantes, lo cual para su enorme extensión constituye una de las regiones más despobladas del planeta.

   Los conflictos fueron muchos, la delimitación exterior con Chile tanto en el siglo XIX como en el siglo XX; los conflictos con los pueblos originarios donde se dispusieron fuertes campañas del gobierno central en pos de “conquistar” esas tierras “desiertas”, trayendo consigo innumerables matanzas y disolución de pueblos originarios enteros. Una de las consecuencias de este conflicto habría sido la repartija de tierras en manos de unos pocos aristócratas y militares que habían participado y financiado esas campañas.  

   En ese entonces y en el siglo posterior la cuestión de la soberanía empezaba a calar fuerte en el ideario político. Para algunos pensadores argentinos la soberanía era estar en el territorio, poblarlo, integrarlo y establecer un sistema político, jurídico y administrativo que sirva de guía hacia el progreso, potenciando la economía y la investigación científica de esta forma sirviendo al desarrollo local y  con ello el desarrollo de la nación entera.

   La región patagónica, aunque estuviera alejada de las grandes urbes, no escapó al clima de época. Los adelantos tecnológicos, las nuevas formas de explotación de los recursos naturales y las nuevas discusiones políticas no pasaron desapercibidas para los trabajadores de la región. Es así como se va a dar una de las resistencias anarquistas más características del siglo XX, la Patagonia rebelde.

   Es importante ahondar e indagar por qué la región patagónica pasó de tener una importancia relevante para el Estado central a ser olvidada por ese mismo en el periodo comprendido entre el siglo XIX y el siglo XX. Es por ello que se debe incluir también la discusión del federalismo, enfocado en la región patagónica, ya que es un tema transversal en la historia de la integración regional del país.      Resulta interesante realizar una biografía intelectual de la argentina donde los tópicos de la soberanía y el federalismo son centrales, ya que desde la independencia de nuestro país el debate sobre los mismos nunca cesó. 

SIGLO XIX, EL DESIERTO

   El Estado Argentino se consolida a partir del fin de las guerras civiles desatadas por enfrentamientos entre Unitarios y Federales. Es así cómo se logra definir un sistema político y administrativo que intentaba asemejarse al estadounidense. 

   El incipiente nuevo Estado tenía un sinfín de desafíos por delante. Uno de ellos era la integración de las provincias a la administración central, así como también debía establecer los límites externos con países limítrofes. En 1884 se sanciona la Ley N° 1532 en la que dispone un criterio cuantitativo para la designación de autoridades locales, legislaturas y provincialización. En la ley se omitió el derecho de representación de los territorios en el Congreso Nacional. En la misma establecía que eran necesarios mil habitantes para formar un consejo municipal y un juzgado de paz electivo, treinta mil habitantes para instalar una legislatura y setenta mil habitantes para formar un gobierno provincial. 

   En reiteradas oportunidades se enviaron proyectos para la reformular la Ley 1532; trabas administrativas y constantes apelaciones, ya no al criterio cuantitativo, sino a un nuevo criterio cualitativo en donde se iba a tener en cuenta el desarrollo económico y político de la región dilató su representación a nivel nacional. La elite dirigente tildaba de incapacidad cívica a sus habitantes como también su minoritaria población. La consecuencia fue que la provincialización de los territorios patagónicos tardará décadas en establecerse como tal, de forma que conviven dos formas de administración contradictorias en un mismo Estado. Por un lado, había provincias que tenían su autonomía y representación, mientras que regiones extensas y con gran capacidad productiva dependían del Estado central y carecían de representación legislativa. Los habitantes de los territorios nacionales no eran ciudadanos del Estado, lo que hace referencia a la incapacidad del Estado en el siglo XIX para la integración ciudadana. 

   El territorio nacional supone una relación con el Estado nacional en la cual, este último, lo contiene y lo determina. Los territorios nacionales carecen de una burguesía que ejerza la dominación. A diferencia de ellos, las provincias son entidades políticas autónomas que tienen poder en segundo grado después del Estado Nacional y que están integradas al mismo. 

   A partir de 1880 la significación del desierto como característica de la Patagonia deja entrever cierto discurso político de que allí no hay nada, es un desierto “vacío de civilización”. 

En el ideario de la época, sus alianzas con comerciantes e inversores extranjeros fundamentan el accionar y su discurso político. Cabe señalar que en ese período se inició la revolución industrial lo cual implicó la división internacional del trabajo, dejando a nuestro país como exportador de materias primas.

   Sin embargo la denominación de la Patagonia como el desierto es contradictoria con la descripción que hace Roca. En su discurso en el congreso nacional de 1878  da una aproximación de las tierras patagónicas: 

   “El ministro actual de la Guerra ha recorrido personalmente estos lugares y puede asegurarse que son inmejorables para la ganadería y aun para la colonización. Abundan en pastos de varias clases; el agua dulce y clara se encuentra en grandes lagunas, al pie de los médanos de arena, y, donde no se la ve en la superficie, se oculta tan de cerca que basta levantar algunas paladas de arena para que surja en abundancia del seno de la tierra.”

   La campaña del Desierto dejó en claro que en la región patagónica era habitadas por pueblos originarios, había recursos naturales que podían ser explotados, como Roca lo reconoce en el mismo discurso citado anteriormente;

 “La ocupación del Río Negro no ofrece en sí misma ninguna dificultad; pero antes de llevarla a cabo, es necesario desalojar a los indios del desierto que se trata de conquistar, para no dejar un solo enemigo a retaguardia, sometiéndolos por la persuasión o la fuerza, o arrojándolos al Sud de aquella barrera: ésta es la principal dificultad.”

   La campaña del desierto significó la expansión del Estado nacional, la demarcación de la frontera con Chile generando un conflicto que continuó en el siglo XX. La producción primaria requería de mercados externos, por eso era necesario la expansión de las fronteras en busca de tierras productivas debido a que lo que se producía en el norte del país era limitado. La campaña del desierto y la expansión de la frontera junto con la integración de los territorios nacionales tenía consecuencias políticas, económicas y militares. Esos territorios tenían que ser ocupados militarmente mediante el uso de la violencia y la expulsión de pueblos originarios que se legitimaría una vez que el marco legal lo estableciera.

   Es así como dada por finalizada la campaña del desierto y dado por vencido el enemigo, se dispuso la repartición de las tierras en manos de unas pocas familias oligarcas. Además, se establecieron por ley los premios militares que otorgaban a soldados y oficiales del ejército que habían participado en la campaña una proporción de tierras considerables.  

   El pueblo Tehuelche quedó al borde de la extinción, los Mapuches fueron exiliados a Chile, Buenos Aires o el norte argentino. Estos últimos fueron cercados en una serie de campos improductivos donde realizaron sus asentamientos. Años después, en 1911, con la implementación del servicio militar obligatorio debían alistarse en el ejército y cumplir sus funciones de soldados conscriptos. 

   Para el cambio productivo, en base a la nueva división internacional del trabajo, junto a la posibilidad de ingresar a mercados más extensos y caudalosos, la Patagonia parecía la mejor opción. El proceso de desamortización de los campos de la Provincia de Buenos Aires consistió en el traslado de miles de ovejas hacia la Patagonia. 

   Aquellos que habían financiado la campaña, los grandes empresarios ganaderos ingleses y los especuladores no tardaron en expresar sus intereses sobre las tierras. El punto central de su ayuda financiera a la campaña era la concentración de las mismas. 

   El destino para la Patagonia era ser una región de gran producción lanera, desarrollando la tecnología en pos de la agricultura para el forraje de las ovejas. 

   La concesión de tierras a precios bajos, la falta de diversidad productiva hizo que se construyera en la región una especie de Feudalismo. 

SIGLO XX: PETRÓLEO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROVINCIALIZACIÓN

    En 1907 llegó a Buenos Aires un telegrama desde Comodoro Rivadavia. Unos obreros estaban buscando agua a más de quinientos metros de profundidad cuando se encontraron con petróleo. Desde ese día el gobierno reguló la producción del petróleo en el país, negando el permiso a empresas privadas para extraerlo. Se empezó a organizar desde ese momento una reserva pública destinada a su explotación. Es así como en 1922 se crean Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

   El Estado mediante YPF adquirió todas las fases productivas. De esta forma el gobierno radical de Yrigoyen enviaba proyectos de ley al congreso con el fin de establecer un monopolio estatal de la actividad. 

   El primer director designado para YPF en 1922  fue el General Enrique Mosconi. Mosconi financió la producción de petróleo sin solicitar ninguna ayuda al exterior. Su plan original sería la nacionalización integral del petróleo expresando que 

“(…) no queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio(…) sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado.”

   La producción de YPF nunca paró de crecer, debido a eso también creció el interés norteamericano. 

   Paralelamente se desarrollaron importantes gestas del movimiento obrero en 1921 y 1922, la patagonia rebelde. 

En los años 20 Argentina estaba inserta en el mercado mundial implementando el modelo agroexportador. En la región se concentraba la producción lanar, frigoríficos y comercios. La tierra estaba repartida y las oportunidades de trabajo eran escasas y la mayoría de ellos eran muy sacrificados. El desprecio por la vida de los obreros era moneda  común. 

   A partir de 1919, se sucedieron huelgas de distintos sectores de  obreros anarquistas en la Patagonia. Los obreros reclamaban solidaridad, dignidad y respeto por parte de sus patrones. Al año siguiente las protestas se radicalizaron y la policía emprendió la persecución a obreros anarquistas. Los mismos ante tal persecución declararon la huelga general que se instala mayormente en el campo. Irigoyen frente a la radicalización del conflicto manda a las tropas del ejército que en primera instancia resuelven liberar a los obreros que habían sido detenidos. 

    Tras el accionar de Yrigoyen y el aumento del descontento de los estancieros, las presiones sobre el presidente y sobre la prensa fueron también en aumento. 

   En octubre del mismo año se clausura la Sociedad Obrera, lo que desencadena otra huelga general que provoca la sublevación y la toma de las estancias. Desde Buenos Aires, el presidente Yrigoyen envía una nueva intervención nacional a la cabeza del Teniente Coronel Varela cuya misión será limpiar la Patagonia estancia por estancia. Así se desató una serie de fusilamientos que se cobró 1500 vidas de obreros anarquistas.  

    Para el año 1930 distintos países elogiaban el modelo argentino implementado por Mosconi y hacían un llamado a transitar por el mismo camino. La doctrina nacional petrolera difundió la tesis de la nacionalización y monopolización del petróleo. La política era acompañada por la gran mayoría de los legisladores yrigoyenistas, que entregaban una férrea oposición antinacionalista y conservadora que planteaban la formación de una compañía mixta de YPF con grandes intervenciones privadas extranjeras. 

   La ley de nacionalización del petróleo tenía seis puntos importantes; el primero era la nacionalización de todo el combustible, el segundo el monopolio estatal de la explotación, el tercero es el control estatal de dicha explotación, el cuarto establecía el monopolio estatal del transporte del combustible, el punto cinco establece la autonomía de YPF, por último el sexto punto se establece la prohibición de transferir las concesiones. 

   La ley de nacionalización del petróleo y los sucesos de la Patagonia rebelde, combinado con las operaciones de prensa realizadas por la oligarquía fueron el detonante para el golpe militar de septiembre de 1930. 

    Es así como el 6 de septiembre de 1930 se llevó a cabo el primer golpe de Estado en la Argentina; a la cabeza estaba un militar de carrera, Jose Felix Uriburu. Este golpe de Estado inauguró la Década Infame.     

   En los años 30 la Patagonia cobró cierto protagonismo en la agenda económica y política por los sucesos de la Patagonia rebelde y por el interés militar en dicha zona. 

    En el plano político se llevaron a cabo muchas iniciativas expresadas por agrupaciones vecinales que dan cuenta de cierta organización a nivel local y regional ya que mantienen diálogo político con el Estado Nacional. Gobernadores provenientes del área militar mostraron mayor preocupación por desarrollar políticas sociales relacionadas con la educación, la salud y la seguridad, reclamando obras públicas y presencia de las Fuerzas Armadas en la región.  

    Fue recurrente en el siglo XX las representaciones de la Patagonia como fuente de progreso, ya que constituía una fuente inagotable de recursos para el desarrollo y que había que protegerlos de ambiciones externas. La fundación de la Gendarmería nacional en 1938, la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y la seguridad en las fronteras como las políticas de Parques Nacionales fueron consecuencia de ello.

    La Patagonia crecía en población y producción, sin embargo, se evidenció un fuerte desequilibrio en la capacidad económica de la región y su desarrollo real, razón por la cual se motivaba una presencia activa del Estado.  

   En este contexto es importante destacar el estudio del Coronel Sarobe sobre la Patagonia. Sarobe participó del Golpe de Estado de 1930 como autor del manifiesto Revolucionario Definitivo, proponiendo un retorno rápido a los mecanismos constitucionales, el fortalecimiento del Estado, un progresismo conservador y mostraba una preocupación llamativa por la administración de la justicia social desde el Estado. Las ideas de Sarobe se entienden cuando observamos el contexto mundial en el que se desarrolla. Después de las crisis del 29, el debate e implementación de las nuevas políticas económicas y sociales fueron consecuencia de la misma. 

  En 1934 Sarobe se presenta al concurso del Círculo Militar con su escrito denominado La Patagonia y sus problemas. En el mencionado concurso planteó que los problemas de la región seguían siendo su nacionalización e integración al Estado Nacional. 

   Sarobe en su escrito, enfatizó sobre la falta de políticas públicas activas y para emprender esa misión eran necesarios estudios rigurosos sobre la región que las fundamenten.  

    La primera cuestión que trata Sarobe en su libro es la cuestión de la economía regional, la cual estaba apoyada mayoritariamente en la actividad ganadera ovina. La actividad se vio afectada por la fluctuación constante del precio internacional. La mala distribución de las tierras, creaba latifundios que perjudicaban mayoritariamente a los pequeños y medianos productores. 

   Sarobe plantea como posible solución, la diversificación de la matriz productiva enfocada en la energía mediante la explotación de hidrocarburos y los ríos. Esto favorece la colonización interna que ya en años anteriores se habían planteado llevar adelante, pero de forma intensiva. Esto desembocará en la industrialización de la zona cordillerana y en la integración de los mercados mediante el intercambio, el transporte y la comunicación. El propósito además era bajar el costo de vida y vincular la región hacia el interior y fuera de ella. 

   Sarobe propone una solución integral al problema de la economía regional que además de la explotación de los recursos ganaderos y naturales estratégicos potenciaba el desarrollo local estableciendo un equilibrio entre la productividad y la población. 

      La segunda cuestión está vinculada al problema de despoblamiento de la región por el fracaso de las políticas de colonización interna debido a que las sucesivas leyes de tierras, que si bien expandieron la frontera productiva, no lograron colonizar los espacios. La principal preocupación de Sarobe era la diferencia entre la densidad poblacional del sur de Chile y la Patagonia Argentina. El problema de la demografía se debía al estancamiento económico, y para paliar esos problemas sería necesaria una nueva ley de tierras que otorgue las mismas y beneficie a pequeños propietarios.  

   El problema social es sintetizado en torno a la fragilidad productiva; también en relación a la inmigración chilena que se consideraba indeseable y a las problemáticas que conllevan los aglomerados donde se hacen visibles la pobreza y la desocupación. Para Sarobe, se le tenía que prestar especial atención a los pequeños propietarios y emprendedores ya que la asimetría con la que se integra la región patagónica a la nación descansa sobre los intereses de los latifundistas y los bandidos, lo cual profundiza las desigualdades y la corrupción dentro del mismo territorio. El problema estaba, entonces, en el desconocimiento y en la falta de políticas públicas dirigidas a aumentar el potencial de la región. 

   Poblar lo que para entonces eran los territorios nacionales significaba también reconocerlos como ciudadanos a sus habitantes, concederles representación, voz y voto, darles un gobierno autónomo en el marco del federalismo que pregonaba la Constitución Nacional. 

   Que un territorio sea nacional era condición transitoria según lo que establece la ley de Territorios nacionales. Sin embargo, su condición se extendió en el tiempo deliberadamente postergando su inserción política. Para la provincialización gradual de la Patagonia, Sarobe plantea que es necesario política pública en materia de educación destinada a la población indígena. Propone la intensificación de la adhesión de los sectores populares al trabajo, práctica de la agricultura y la ganadería como así también economía doméstica. 

   En cuanto al “problema de los aborígenes”, argumenta en su libro que el Estado como conquistador tiene un deber moral con ellos y se debería establecer un programa enfocado a mejorar sus condiciones materiales de existencia y su moral. 

   En síntesis, para Sarobe, los problemas de la Patagonia se deben a la falta de políticas públicas orientadas a la región. Esta carencia en la administración pública nacional hace referencia a la incapacidad de integración política y económica. Para potenciar el desarrollo integral de la región era necesario equilibrar los intereses de los grandes latifundistas y los minifundistas. 

Sarobe mantenía conversación con Juan D. Perón, ambos eran parte de la corriente profesionista dentro del ejército.

En la década de 1950 el peronismo empezó a dejar atrás la dilatada etapa de territorios nacionales. La etapa que comenzó en 1880 en la que se implantó en la regional Patagónica una tutela por parte del Estado Nacional impidió que sus habitantes gocen del derecho político civil. Desde 1884 a 1955 el estatus de los territorios nacionales como tales no sufrieron modificaciones, aun cuando la ley electoral se comenzó a expandir hacia distintos sectores sociales con la ley electoral de 1912. 

   El proyecto de provincialización está en un proceso de implantación de los principios de igualdad y unidad política. La provincialización fue fundamentada desde 1946; en ese entonces Perón expresaba:

“Es indudable que algunos territorios han alcanzado alguno de los factores que les permite esta transformación pero es imposible realizarla en forma inmediata y simultánea. Por eso el Poder Ejecutivo encara la posibilidad de ir paulatinamente preparando los territorios para poder sufrir esa transformación; y esa preparación es de dos órdenes: de bienestar económico, con el desarrollo de obras públicas; de su sanidad; de su enseñanza y de un mejoramiento jurídico-político en el orden gubernativo, legislativo y municipal”

   En el mismo discurso, Peron aclaró que la provincialización además de ser gradual era un problema que tarde o temprano debería encararse. Para ello el Gobierno Nacional debía llevar a cabo múltiples políticas para acelerar su condición. 

  Estas políticas que se iban a llevar a cabo implican también un movimiento de penetración estatal e intentos de articulación entre la sociedad y el Estado. En 1952 se sancionó la ley N° 14.032 que posibilitó a los territorios nacionales incluir representantes en el Congreso Nacional, aunque así y todo, no se les permitía votar en la cámara. 

   Estos avances en torno a la representación, la implementación de políticas públicas y al acrecentamiento del Estado Nacional con los habitantes de los territorios hizo que el justicialismo tenga más adeptos. 

   En el marco institucional se creó la Dirección de Acción política que dependía del Ministerio del Interior. Su principal objetivo era estudiar los territorios, auspiciar reformas legislativas que sirvieron como trampolín a la provincialización; de modo que se realizaron estudios geográficos, demográficos y estadísticos. Hacia 1949 el Ministerio del Interior asentó dos oficinas en Territorios Nacionales, la subsecretaría de gobierno y la Subsecretaría de Fomento. Ambas secretarías se encargaban de la política, administración y orden público como también de las obras públicas, agricultura, ganadería y censos.

    La transformación de los Territorios Nacionales en provincias contrastaba con el pensamiento radical. La etapa decisiva para la provincialización fue después de la sanción de la Ley N° 14.315 que establece la organización, gobernación y administración de la región, la misma era una ley de transición. El proyecto de 1954 preveía una nueva distribución territorial según las necesidades administrativas, el agrupamiento económico y la comunicación. La posible división de los territorios puso en alerta a sus habitantes que rápidamente mostraron su descontento. El mismo proyecto establece elecciones de gobernador, vice y legisladores en los distritos que cuenten con más de veinte mil habitantes, pero el ejecutivo Nacional tenía la capacidad de revocar el mandato. La intención económica y tributaria en el proyecto de ley era central, se le reservará una parte importante de lo recaudado al gobernador, concediéndole el derecho a calcular el presupuesto y utilizar los recursos para invertir los fondos. Este artículo se derogó atribuyéndole al gobierno nacional la capacidad de recaudar los impuestos territoriales.     

   La ley también contiene las condiciones para la provincialización; para ello el territorio debe contar con los medios económicos y sociales que les brinda autonomía para su administración y gobierno, que brinde justicia y educación a sus habitantes. 

    Finalmente, en junio de 1955 se sancionó la ley que les daba Estatus Provincial a los Territorios Nacionales. La ley estipulaba que pasados los treinta días de su sanción el Poder Ejecutivo nombraría comisionados federales en las nuevas provincias que aseguren el buen funcionamiento de los poderes públicos y escrituras en la administración provincial. 

CONCLUSIÓN

   Lo escrito en los párrafos anteriores deja en evidencia la debilidad del federalismo en la Argentina desde sus comienzos. Desde la negación de los derechos civiles y políticos pasando por la dilatación de los asuntos correspondientes al reconocimiento de la autonomía de los territorios nacionales hasta el desconocimiento del mismo territorio en donde se ejerce la soberanía. 

Sería una falacia decir que la región Patagónica no tuvo protagonismo en la historia de nuestro país debido a que el interés, desde la consolidación del Estado, fue la expansión de la frontera productiva, junto con la extensión de la soberanía territorial. 

   El cambio en el sistema de producción, la necesidad de buscar integrar nuevos mercados a nivel global, diversificar la producción, junto con la necesidad de delimitar las fronteras territoriales externas fue lo que impulsó, por entonces, la Campaña del Desierto. 

   Una vez que esos territorios fueron declarados nacionales, el Gobierno central, liderado por la oligarquía dominante, se adjudicó la administración y gobernación de los mismos, dilatando su provincialización y la autonomía de las gobernaciones, negándoles la representación y su agencia electoral. 

   A comienzos del siglo XX la diferencia no sería notoria. La revolución rusa impactaría de igual manera en la Patagonia que en las grandes ciudades. Las corrientes anarquistas resultaron llamativas para los trabajadores debido a la pésima calidad de vida que tenían. Es así como desde la capital, Buenos Aires, se actuó con las intervenciones más violentas que se registran durante un gobierno democrático. El federalismo queda de nuevo escondido detrás la capacidad de acción del Gobierno Nacional como garante de los intereses latifundistas y oligopólicos.

   Una vez consolidado el primer golpe de Estado de nuestra historia, los estudios realizados sobre la región se empiezan a acrecentar debido a que años atrás se descubrieron yacimientos petroleros. 

   Dos décadas después la provincialización de los territorios nacionales se hace realidad tras largas sesiones parlamentarias. A su vez, la provincialización de los territorios se dio de esta forma por cuestiones electorales; en ese entonces el gobierno peronista buscaba ganar las elecciones generando grandes bastiones populares en la región. Además, con ello devino el reconocimiento de los habitantes como ciudadanos con derechos políticos plenos.

   El problema de la Patagonia, como dice el Coronel Sarobe, fue desde el principio su falta de integración al Estado Nacional. Es así como la dilatación de su provincialización, aumentado por el vacío demográfico y la baja calidad de vida fue producto de la falta de oportunidades laborales.

   En base a todo lo expresado se puede concluir que la Patagonia pasó de tener una importancia significativa a quedar relegada por el Estado Nacional, debido a la falta de políticas públicas dirigidas a la región, en combinación con la falta de recursos para explotarla tanto material como científicamente. Es relevante remarcar que también el advenimiento de la tecnología implementada en la industria extractiva generó todavía más vacíos demográficos, dado que los pueblos que antes crecía alrededor de las refinerías han desaparecido. La Patagonia es otra muestra de la debilidad del federalismo en nuestro país debido a que la misma pasó de ser una “utopía” representada como una fuente de progreso inagotable que iba a traer grandeza a la Nación, a un simple anhelo de aquello que nunca sucedió, episodio que se repite en muchas regiones del país. 

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