SEIS DE AGOSTO. Por: MG. Sebastián Walter Borreani de Aziz

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que emerge de las entrañas podridas de Sturzenegger, responde a la falta de imaginación política, y amor por su patria, de las clases dominantes. En primer lugar, es una continuación del plan de desguace de la estructura productiva de la economía argentina que ya lleva dos años, donde ahora, destruido el entramado científico-tecnológico y sus progresos —ténganse en cuenta el desmantelamiento del programa nuclear argentino—, llega el turno de vender la tierra y sus recursos. Por otro lado, es un intento no solo de destruir el espíritu proteccionista de la Ley de tierras, sino de legalizar y ampliar la constante transgresión del tope del 15%, o su aplicación arbitraria, por parte de funcionarios provinciales.

Por: MG. Sebastián Walter Borreani de Aziz

Las penas son de nosotros…

Es interesante mencionar, en cuanto al debate alrededor del tratamiento en el Congreso de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dicha ley propone aumentar a 25% el límite del 15% de la venta de las tierras rurales argentinas al extranjero de la ley de tierras 26.737. Ya en el Plan de operaciones de Moreno la tierra era un recurso soberano que requería una defensa concreta. “Moreno prohibía en su “Plan” a cualquier particular explotar minas de plata o de oro, tarea que reservaba para la Nación y cuya violación se castigaba con la pena capital (NE: la muerte, por si no queda claro). Con el propósito de impedir la emigración de metálico, prohibía así mismo por el plazo de 15 a 20 años vender cualquier clase de establecimiento, salvo por causas bien claras para el Estado” (Jorge Abelardo Ramos, Las masas y las lanzas).

No es por nada que a Mariano Moreno lo envían a una misión diplomática a Inglaterra, y el capitán de la fragata Fama lo envenena con una dosis elevada de antimonio tartarizado. Tampoco que lo hayan tirado al mar envuelto en una bandera inglesa, con peso en los pies para que el cadáver se hundiera pronto. Como sostiene Rodolfo Puiggrós (Mariano Moreno y la revolución democrática argentina), fue el primer asesinato político de la historia argentina. El desencadenante fue el terror que le provocaba a la oligarquía argentina su Plan de operaciones, que proponía expropiar un capital de 300 millones de pesos a 6000 miembros de las clases poderosas, entre ellos prestamistas, ganaderos, grandes comerciantes y monopolistas.

 “(…) puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etc., producirán en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes.” (Jorge Abelardo Ramos, Las masas y las lanzas)

Con este asesinato, el primero de muchos, no solo se perdió la oportunidad de ser una nación potencia sino que se instaló en el Estado la lógica prebendista, parasitaria y cipaya de las clases dominantes que triunfaron en las tensiones internas de la Revolución de Mayo.

Es a partir del asesinato de Moreno que lo único que sabrá hacer la derecha es esperar que el país genere una incipiente industria local, con avances tecnológicos y diversificación, y luego rematarla con la gente adentro, haciendo que la gente de adentro soporte el peso de una venta que la despoja de las estructuras que le dan trabajo. La lógica del vaciador de empresas en beneficio de una cúpula muy reducida de personas —en la familia Macri esto ha sido un modus operandi bastante beneficioso—, es el modelo de gerenciamiento político y económico que ofrece la derecha argentina cada vez que gobierna.

Legitimando la extranjerización de la tierra

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que emerge de las entrañas podridas de Sturzenegger, responde a la falta de imaginación política, y amor por su patria, de las clases dominantes. En primer lugar, es una continuación del plan de desguace de la estructura productiva de la economía argentina que ya lleva dos años, donde ahora, destruido el entramado científico-tecnológico y sus progresos —ténganse en cuenta el desmantelamiento del programa nuclear argentino—, llega el turno de vender la tierra y sus recursos. Por otro lado, es un intento no solo de destruir el espíritu proteccionista de la Ley de tierras, sino de legalizar y ampliar la constante transgresión del tope del 15%, o su aplicación arbitraria, por parte de funcionarios provinciales.

 Es este cipayismo, lucrativo en proporción al pedazo que se llevan dichos funcionarios, el que explica que hoy exista acuerdo entre varios legisladores provinciales y el gobierno para sacar la ley. En provincias como San Juan, Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro y Corrientes —revise, lector, el mapa de los legisladores que van a votar favorablemente—, existen jurisdicciones donde la proporción de superficie en manos extranjeras ha superado las medias nacionales dictaminadas por la Ley de tierras y parte de nuestras zonas con reservas hídricas, potencial minero y energético, pasos cordilleranos y fronterizos claves, están en manos extranjeras.

En este sentido, la nueva ley representa una ampliación de la transgresión ya instalada a la Ley de tierras y un intento de acelerar la colonización de nuestro territorio. De hecho, en el tope del 15% ya se presentaba un problema concreto respecto al cálculo del cupo legal de la proporción de tierras, porque ese 15% era calculado sobre el total geográfico departamental o provincial. Como el terreno en muchas zonas cordilleranas o similares no es plano, esa porción, dependiendo de la accidentalidad del terreno, puede representar el 80% o el 100% de las tierras fértiles, cultivables o con acceso efectivo a fuentes de agua dulce.

Yo pregunto a los presentes….

 Hace algunas semanas se dio a conocer la noticia de que Julián Pajarola, guía de montaña, no pudo subir al cerro Ezpeleta en San Martín de los Andes porque un guardia de nacionalidad austríaca le prohibió el paso aduciendo que el terreno pertenece a la Estancia Mil Rosas y la dueña no permite el ingreso de gente. Esto es así porque 1.672 hectáreas en el departamento Lácar (Neuquén) fueron vendidas, y con beneplácito, a la familia Langes-Swarovski. Este hecho hace recordar al conflicto en el Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis se apoderó del acceso al lago, a través de la compra de 12.000 hectáreas, que fueron vendidas, otra vez con beneplácito, por los funcionarios cipayos de la provincia de Río Negro.

Estos hechos no son aislados, ni hay que restarles importancia. En especial porque no hay registros en la historia argentina de la venta personal a nuevos ricos, no ya solamente de la tierra cultivable, sino directamente de cerros o lagos enteros que han sido siempre de acceso público. No hay que olvidar que la primera acción del colono, pieza vital y fundamental del colonialismo, es usurpar la tierra y cercarla, expulsando y prohibiendo el acceso a sus legítimos dueños. El proceso que en otras latitudes —pienso en Argelia y en Palestina—, se impuso a balazos y terrorismo, acá en Argentina se impuso con elecciones democráticas, mediante la creación artificial de un candidato libertario que reflejaba el descontento popular con la política desdibujada del peronismo. 

Pero Milei, en todo caso, es la actualización 2.0 del latifundio, eterno problema argentino de la tierra en las manos de los peores hombres que ha sabido parir este suelo, por especuladores y cipayos. Una clase social que, en vez de usufructuar con espíritu nacional las ventajas territoriales, decidió vivir cómoda e improductivamente de las migajas del imperialismo inglés y norteamericano, y ahora, de cualquier latitud. Esas migajas han sido, hasta la fecha, la base de su poder como clase dominante, y la tragedia para el resto de los sectores sociales argentinos que no tuvieron la suerte de portar un apellido con olor a bosta.