79 AÑO DEL VOTO FEMENINO. La conquista que todavía no terminó. Por Ludmila Canullán
Hace 79 años, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la Ley N.º 13.010, la llamada “Ley Evita”, que consagró el voto femenino e integró formalmente a la mitad de la población al padrón electoral. Las mujeres no solamente pudieron votar, sino que también obtuvieron el derecho a ser elegidas para cargos públicos. En la actualidad, esa fecha se conmemora como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en Argentina.
Por Ludmila Canullán
Recorrido histórico
Para comprender la sanción de la ley es necesario analizarla en dos momentos fundamentales: primero, la acumulación histórica de las precursoras, es decir, la primera ola feminista y sufragista; y segundo, la incorporación de la demanda al aparato estatal y su masificación, lideradas por Eva Perón.
La Ley Sáenz Peña de 1912 otorgó el voto “universal”, secreto y obligatorio exclusivamente a los varones mayores de 18 años. Sin embargo, la exigencia de ciudadanía política para las mujeres ya contaba con una articulación intelectual y de acción directa. Cecilia Grierson, la primera médica argentina y pionera del movimiento de mujeres, impulsó a fines del siglo XIX las primeras organizaciones internacionales de mujeres y promovió la revisión del Código Civil.
Julieta Lanteri protagonizó uno de los hitos más audaces de la historia democrática sudamericana. En 1911 aprovechó un vacío legal: la normativa municipal de la Ciudad de Buenos Aires no explicitaba el sexo como requisito para integrar el padrón. Así logró ampararse judicialmente, empadronarse y votar en las elecciones municipales de ese año, y se convirtió en la primera mujer en votar en Argentina y Sudamérica. Posteriormente, fundó el Partido Feminista Nacional.
Alicia Moreau de Justo y Elvira Rawson, desde el ámbito del socialismo y el radicalismo respectivamente, crearon en 1907 el Comité Pro Sufragio Femenino. En 1918, Moreau de Justo fundó la Unión Feminista Nacional y Rawson, la Asociación Pro-Derechos de la Mujer. Moreau de Justo impulsó simulacros de votación femenina y redactó proyectos que inspiraron a los bloques parlamentarios de la época.
El derrotero legislativo entre las décadas de 1910 y 1940
Se presentaron más de veinte proyectos de ley de sufragio femenino en el Congreso Nacional, promovidos por legisladores como Alfredo Palacios, Mario Bravo y Rogelio Araya. Periódicamente obtenían media sanción en la Cámara de Diputados, pero sistemáticamente eran cajoneados o rechazados por el Senado.
Eva Perón: la articulación de la masa popular y la voluntad política estatal
El ingreso de Eva Perón en el escenario político a partir de 1946 transformó radicalmente la estrategia de lucha por el voto. Mientras que las sufragistas históricas habían operado desde la resistencia civil y la persuasión legislativa, Evita colocó en el centro el aparato estatal y la movilización de masas para quebrar la resistencia patriarcal de las élites políticas.
Eva Perón tradujo la demanda abstracta de igualdad de derechos en un instrumento de participación popular para las clases trabajadoras, y democratizó de manera masiva el acceso al padrón. Evita no solo logró que se sancionara la Ley 13.010, sino que reconfiguró el concepto mismo de la mujer como sujeto político en la Argentina del siglo XX a través de dos dimensiones fundamentales: la presión sobre la élite parlamentaria y la creación del Partido Peronista Femenino.
Como resultado, en las elecciones de 1951 votó el 90 % del padrón femenino, más de 3,5 millones de mujeres, una tasa de participación inédita a nivel mundial para una primera elección. Ingresaron al Congreso Nacional 23 diputadas y 6 senadoras, además de decenas de legisladoras provinciales. En 1952, la Argentina ostentaba uno de los porcentajes más altos de mujeres en el parlamento a nivel global, superando ampliamente a las democracias de Europa y América del Norte de ese momento.
La deuda actual
Ahora bien, para que el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer no quede solo en una conmemoración, hace falta una reflexión más crítica y profunda sobre la igualdad de género. Hoy, casi ochenta años después de la sanción de la Ley Evita, podemos decir que en Argentina la paridad política entre géneros no es efectiva.
Un dato contundente y escandaloso es que actualmente no hay ninguna provincia argentina gobernada por una mujer: la conducción de los Estados subnacionales sigue exclusivamente en manos masculinas, lo que reduce la figura de la gobernadora a un accidente histórico excepcional. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el distrito con mayor peso demográfico del país, sobre un total de 135 municipios solo 11 tienen mujeres al frente de los ejecutivos locales, es decir, menos del 10%. Las mesas chicas de los partidos y los armados locales operan como un filtro inquebrantable para los liderazgos femeninos.
Incluso dentro de los congresos y las legislaturas, donde la paridad numérica es obligatoria, las comisiones estratégicas, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General, están casi sistemáticamente presididas por hombres. A las legisladoras se las desplaza hacia las comisiones de cuidado, niñez, familia y desarrollo social
Esta distribución no es casual. Quien preside cada comisión también define qué temas se consideran centrales y quiénes están habilitados para tratarlos. Que los varones concentran Presupuesto y Hacienda o Asuntos Constitucionales, mientras las legisladoras quedan a cargo de educación, niñez, familia y cuidado, reproduce la vieja división patriarcal de roles: el hombre administra la economía y el poder, y la mujer se ocupa de los cuidados. Así, la paridad numérica convive con una jerarquía interna que reserva a los varones las decisiones sobre el rumbo y los recursos del Estado.
Podría continuar así con cada área pública del país. Fuera del Poder Legislativo, las decisiones sobre la economía y la justicia se toman en mesas sin mujeres: las cúpulas de la Corte Suprema y de los ministerios de Economía y Producción, las direcciones del Banco Central, y las mesas directivas de los partidos políticos y los sindicatos siguen siendo espacios profundamente masculinizados.
El marco normativo
El proceso legislativo que va desde la sanción del voto femenino en 1947 hasta el marco regulatorio actual no fue una evolución lineal, sino que estuvo marcado por avances institucionales clave, retrocesos durante las dictaduras militares y disputas constantes entre la vigencia de las normas y la cultura política machista. En este sentido, otra ley importante fue la Ley N.º 24.012 de cupo femenino, sancionada en 1991 durante la presidencia de Carlos Menem y respaldada por un frente transversal de legisladoras de distintos partidos, con la cual Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en implementar una cuota de género obligatoria. Como consecuencia, en pocos años la representación femenina en la Cámara de Diputados superó el 30 % y en el Senado se elevó de manera sostenida.
La reforma constitucional de 1994 otorgó rango constitucional a las medidas de discriminación positiva para acelerar la equidad real. El artículo 37 establece expresamente que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
La Ley N.º 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, sancionada en 2017, fue el resultado de la movilización de colectivos de mujeres, organizaciones feministas y legisladoras de todo el arco político. La ley modificó el Código Electoral Nacional e impuso el principio de 50/50 en las listas para el Congreso de la Nación y para el Parlamento del Mercosur. Además, estableció que, ante la renuncia, licencia o fallecimiento de una legisladora, deba reemplazarla una candidata del mismo género, para evitar la pérdida de la banca femenina.
Una etapa de impugnación
En la actualidad, el marco institucional de los derechos políticos de las mujeres en Argentina atraviesa una de las etapas de mayor impugnación ideológica. Bajo el gobierno de Javier Milei y la retórica de la “batalla cultural”, el Poder Ejecutivo ha promovido una ofensiva discursiva y legislativa que presenta la paridad y los cupos de género no como instrumentos democratizadores, sino como privilegios ideológicos o distorsiones del mercado político. Esta estrategia no se limita a un mero alineamiento discursivo con la extrema derecha global, sino que configura una ofensiva concreta contra la paridad.
Desde La Libertad Avanza se ha puesto bajo la lupa el principio de paridad de género: diversos legisladores oficialistas y aliados han impulsado iniciativas orientadas a derogar las leyes de paridad, tanto en el ámbito legislativo nacional como en el subnacional, argumentando que la obligatoriedad del 50/50 viola la libertad de elección de las fuerzas políticas y sustituye el mérito individual por un cupo coercitivo.
Por otro lado, el desmantelamiento de las áreas de política de género (el vaciamiento, la degradación y el posterior cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), junto con la paralización de los programas de formación y monitoreo de la violencia política, dejó a las dirigentes territoriales sin herramientas estatales de respaldo institucional frente a las dinámicas de acoso y discriminación.
Ante las tentativas de regresión y la persistencia de un sistema que concede paridad en las listas pero reserva el poder real para las cúpulas masculinas, la sociedad argentina se encuentra en una encrucijada crítica. No basta con defender las conquistas formales del pasado como un monumento estático: la verdadera madurez democrática exige asumir que los derechos políticos no se aseguran para siempre.
En este escenario de hostilidad ideológica y reconfiguración conservadora, cobra una vigencia incontestable la célebre advertencia de la filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir: “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos; deben permanecer vigilantes toda su vida”.
Mejorar como sociedad no implica resignarse a una igualdad decorativa ni conformarse con el mero cumplimiento de un cupo en un recinto deliberativo. Requiere democratizar verdaderamente las bases donde se ejerce el poder: abrir a las mujeres los poderes ejecutivos subnacionales, desmontar las lógicas excluyentes de los armados municipales, feminizar la conducción económica y las magistraturas judiciales, y erradicar la violencia política que busca disciplinar los liderazgos femeninos. La ciudadanía de las mujeres dejará de estar en suspenso solo cuando el acceso al poder real no sea una concesión ni la excepción heroica de unas pocas, sino la condición ordinaria y efectiva de una democracia justa.
