AUGE PETROLERO Y GASÍFERO. ¿Una nueva modalidad de dependencia financiera y tecnológica? Por: Tomás José Conde

La cuestión energética no es un asunto meramente sectorial. Toda sociedad necesita organizar un flujo relativamente estable de energía para sostener su producción, su vida cotidiana, su movilidad, su sistema industrial y sus formas de integración territorial. Por eso, el petróleo y el gas no son solo mercancías intercambiables en el mercado mundial, sino también condiciones materiales de la autonomía política.

Por: Tomás José Conde

Introducción.

En los últimos años, Vaca Muerta se ha convertido en una de las grandes promesas materiales de la Argentina contemporánea. En torno de su desarrollo se condensan expectativas de autoabastecimiento, ingreso de divisas, generación de empleo, ampliación de infraestructura, industrialización posible y mayor gravitación geopolítica del país en el mapa energético regional y mundial. Sin embargo, esa promesa no puede ser analizada únicamente desde los indicadores de producción, inversión o exportación. El problema que abre Vaca Muerta es más amplio: obliga a pensar qué lugar ocupa la energía dentro de un proyecto nacional, quién gobierna las capacidades técnicas que permiten extraerla, qué actores capturan la renta producida, qué tipo de infraestructura se construye y bajo qué condiciones el recurso natural puede transformarse en soberanía efectiva.

En los últimos años, el sector energético argentino experimentó una transformación estructural que reconfiguró sus patrones de inversión, su inserción externa y la distribución de funciones entre el Estado y el sector privado. En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, las tensiones geopolíticas y la aceleración de la transición hacia matrices de menor intensidad en carbono. Trump asume su segunda presidencia y trajo consigo una ruptura con la postura energética que venía desarrollando la administración de Joe Biden. El viejo mandato de que la riqueza de las naciones se sustenta en la energía barata de los hidrocarburos debía volver a marcar el horizonte del mundo occidental. La transición energética debía desacelerar su crecimiento y era menester volver a las energía hidrocarburífera tradicional. En este escenario, Argentina vivió un proceso singular: una rápida expansión de la producción gasífera, liderada por el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta, coincidió con un progresivo desplazamiento del Estado como inversor directo en infraestructura estratégica y con un crecimiento exponencial del endeudamiento corporativo para financiar obras de escala inédita.

La centralidad contemporánea del gas para la economía argentina ha sido subrayada por diversos autores, especialmente en el marco de discusiones sobre transición energética, cambio estructural y desarrollo productivo. La energía no es solo un insumo, sino un vector de transformación económica capaz de habilitar o bloquear procesos de desarrollo industrial. En este sentido, autores como Diego Roger han mostrado cómo la matriz energética condiciona la estructura productiva, la generación de capacidades tecnológicas y la posición relativa de un país frente a las tendencias globales.

La cuestión energética no es un asunto meramente sectorial. Toda sociedad necesita organizar un flujo relativamente estable de energía para sostener su producción, su vida cotidiana, su movilidad, su sistema industrial y sus formas de integración territorial. Por eso, el petróleo y el gas no son solo mercancías intercambiables en el mercado mundial, sino también condiciones materiales de la autonomía política. En el caso argentino, esta dimensión adquiere una relevancia particular: la historia de los hidrocarburos estuvo atravesada por disputas entre distintas formas de concebir el recurso, ya sea como bien estratégico asociado a la planificación estatal, el autoabastecimiento y la industrialización, o como commodity exportable sometido a la rentabilidad privada, a los precios internacionales y a las necesidades de divisas de corto plazo. Vaca Muerta reaparece, entonces, sobre un terreno histórico ya marcado por esa tensión.

La pregunta que orienta este trabajo se inscribe en ese debate: ¿puede el auge petrolero y gasífero de Vaca Muerta pensarse como una forma contemporánea de técnica nacional, o reproduce una nueva modalidad de dependencia financiera y tecnológica? La formulación no busca oponer de manera abstracta “desarrollo” y “dependencia”, ni resolver el problema mediante una respuesta cerrada. Una técnica puede considerarse nacional cuando, además de desplegarse en el territorio argentino, queda integrada a una política de planificación estatal, apropiación social de la renta, desarrollo de capacidades locales, control de infraestructuras estratégicas y orientación soberana de los fines productivos. Vaca Muerta no es, por sí misma, una garantía de soberanía ni una condena inevitable a la dependencia. Su significado histórico depende del modo en que se organice la relación entre Estado, territorio, capital, trabajo, conocimiento técnico, infraestructura, financiamiento y mercado mundial.

La hipótesis de este trabajo sostiene que Vaca Muerta solo puede pensarse como técnica nacional si su desarrollo queda subordinado a una política energética integral, orientada por fines nacionales y no por la simple expansión extractiva. Esto implica que la explotación de los hidrocarburos no convencionales debería contribuir al abastecimiento interno, al fortalecimiento de YPF y de las capacidades estatales, a la formación de proveedores nacionales, al desarrollo industrial, a la apropiación pública y social de la renta, a la planificación de la infraestructura y a la construcción de capacidades científico-tecnológicas propias. En cambio, si el auge de Vaca Muerta se organiza prioritariamente en función de la exportación primaria, la captación urgente de divisas, la rentabilidad de grandes empresas, la importación de tecnología crítica y la dependencia de financiamiento externo, entonces no constituiría una técnica nacional sino una actualización de la dependencia bajo formas tecnológicas y financieras contemporáneas.

El concepto de técnica nacional resulta central para este planteo. En este trabajo, la técnica no será entendida como un conjunto neutral de instrumentos, máquinas o procedimientos, sino como una forma histórica de organizar medios en función de determinados fines. Una técnica es nacional no porque se despliegue físicamente dentro del territorio argentino, sino porque contribuye a fortalecer la capacidad colectiva de decisión sobre los recursos, la producción, la infraestructura y el futuro de la Patria. Desde esta perspectiva, la técnica nacional supone una orientación política: requiere Estado, planificación, formación de cuadros dirigentes, dominio de conocimientos estratégicos, integración territorial y subordinación de los medios técnicos a un proyecto de soberanía.

“La técnica es el conjunto sistemático de medios, instrumentos y funciones aplicados para obtener un fin material, moral o intelectual” (Guglielmini, 1941, p. 21).

En el caso de Vaca Muerta, esta discusión se vuelve especialmente importante porque los hidrocarburos no convencionales no son una riqueza inmediatamente disponible. Su explotación exige una compleja red de saberes, inversiones, infraestructura y tecnologías: perforación horizontal, fractura hidráulica, logística intensiva, transporte de agua y arena, ductos, plantas de tratamiento, conocimiento geológico, condiciones regulatorias y acceso a mercados. En otras palabras, Vaca Muerta no es solo un yacimiento: es un complejo técnico-político. Allí se articulan naturaleza y técnica, subsuelo y finanzas, provincias y Estado nacional, empresas públicas y privadas, trabajadores y comunidades locales, infraestructura material y mercados globales.

A partir de este marco, el trabajo se organizará en tres movimientos. En primer lugar, se reconstruirá conceptualmente la noción de técnica nacional y su relación con soberanía, planificación, infraestructura y dependencia. En segundo lugar, se situará históricamente el problema hidrocarburífero argentino, prestando especial atención al pasaje de los hidrocarburos como recurso estratégico a su tratamiento como mercancía exportable durante el ciclo de desregulación y privatización. En tercer lugar, se analizará Vaca Muerta como caso contemporáneo, mostrando tanto sus potencialidades para una política nacional de la energía como los riesgos de que su desarrollo consolide una nueva forma de subordinación tecnofinanciera. La conclusión retomará la pregunta inicial para sostener que el carácter nacional o dependiente de Vaca Muerta no está dado por el recurso en sí, sino por el proyecto político que se organice detrás.

De este modo, el problema central no será simplemente cuánto petróleo o gas puede producir Vaca Muerta, sino quién decide el sentido de esa producción. La pregunta decisiva es si la Argentina será capaz de convertir esa riqueza en capacidades nacionales duraderas o si, por el contrario, volverá a ocupar el lugar de proveedora de recursos naturales dentro de una división internacional del trabajo que concentra fuera del país el financiamiento, la tecnología, la decisión estratégica y la mayor parte del valor. En esa disyuntiva se juega la actualidad de un viejo problema argentino: la posibilidad de transformar la técnica en instrumento de emancipación nacional o verla convertida, una vez más, en mediación sofisticada de la dependencia.

Capítulo 1. La técnica como problema político nacional.

Para pensar Vaca Muerta desde el pensamiento político argentino, el primer desplazamiento consiste en abandonar la idea de que la técnica es un simple conjunto de procedimientos neutrales y técnicos, no dotados de particularidad politica, histórica y geográfica. El problema no es solamente económico ni corporativo, porque el desarrollo de Vaca Muerta está atravesado por discusiones políticas que exceden la renta petrolera y obligan a preguntar qué lugar ocupa dentro de la estructura nacional. En esa propuesta, la técnica aparece como una forma histórica de organizar la relación entre naturaleza, trabajo, Estado y soberanía, y la explotación de Vaca Muerta queda planteada como una tensión entre política nacional de la energía e inserción dependiente basada en extracción, financiamiento externo y subordinación tecnológica.

Desde esta perspectiva, la técnica no puede ser reducida a sus instrumentos visibles. Una perforadora, un gasoducto, una planta de tratamiento, un software de modelización geológica o una tecnología de fractura hidráulica (fracking) no son, por sí mismos, nacionales o dependientes. Su sentido político depende de la red de fines, decisiones, actores e instituciones que los organiza. La técnica siempre es una mediación: conecta una determinada forma de conocimiento con una determinada forma de intervención sobre la naturaleza, y a la vez, por detrás ordena relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso, corresponde formular una pregunta: ¿quién gobierna esa técnica y hacia qué proyecto histórico la orienta?

Según Guglielmini (1941), la técnica no aparece como un valor absoluto, sino como una dimensión subordinada a fines. Toda actividad constructiva del ser humano supone medios, instrumentos y procedimientos; pero esos medios solo adquieren sentido cuando se integran a una orientación superior. El error político comienza cuando los medios se autonomizan, es decir, cuando la eficacia técnica se convierte en criterio suficiente y deja de preguntarse por los fines que sirve. Una sociedad puede disponer de instrumentos modernos y, sin embargo, carecer de una política nacional si esos instrumentos no expresan una voluntad. De ahí que la técnica nacional no pueda confundirse con la mera incorporación de tecnologías avanzadas. Lo decisivo no es la modernización en abstracto, sino la capacidad de convertir la técnica en una mediación hacia la soberanía.

En este punto conviene distinguir entre técnica situada en el territorio nacional y técnica nacional. La primera puede consistir simplemente en el uso local de tecnologías, capitales, saberes y procedimientos definidos por otros actores. La segunda exige algo más: supone apropiación, conducción, formación de capacidades propias y subordinación de los medios técnicos a un proyecto colectivo. Vaca Muerta, por ejemplo, puede desplegar una infraestructura de altísima complejidad dentro del territorio argentino y, sin embargo, funcionar como enclave dependiente si los ritmos de

extracción, el financiamiento, la tecnología crítica, la apropiación de la renta y los mercados de destino quedan definidos por una lógica externa. A la inversa, podría convertirse en una técnica nacional si su desarrollo fortalece la capacidad estatal, industrial, científica y laboral de Argentina.

La cuestión de los fines permite articular a Guglielmini (1947) con una preocupación central del pensamiento político argentino: la relación entre soberanía formal y soberanía material. Un país puede tener independencia jurídica, instituciones propias y territorio definido, pero carecer de autonomía efectiva si no controla las condiciones materiales de su reproducción. No hay industria, transporte, ni vida cotidiana moderna sin un flujo relativamente estable de energía. Por eso, petróleo y gas no son solamente bienes económicos, sino condiciones de posibilidad de la organización social. La política energética forma parte de la política nacional en sentido fuerte.

La defensa no remite únicamente al problema militar, sino a la organización integral de las fuerzas materiales, productivas, técnicas y espirituales de la Nación. Una comunidad políticamente independiente necesita una base industrial, energética y científica que le permita sostener sus decisiones. De otro modo, la soberanía queda expuesta a la presión de quienes controlan los insumos, el financiamiento, los transportes, las tecnologías o los mercados.

Astrada (1948) permite reforzar esta lectura desde una preocupación humanista. La técnica no debe ser pensada como una fuerza autónoma que arrastra a la sociedad, sino como una creación humana que debe permanecer vinculada a la libertad, a la formación del pueblo y al destino histórico de una comunidad. Cuando la técnica se separa de esa dimensión, corre el riesgo de convertirse en poder impersonal, en racionalidad puramente instrumental o en mecanismo de sometimiento. Esto implica que la discusión no puede agotarse en la eficiencia de la perforación horizontal, en los costos de extracción o en la productividad del shale. El problema es si esas capacidades técnicas contribuyen a ampliar la autonomía nacional o si subordinan al país a una dinámica extractiva que lo excede.

En este sentido, una política energética nacional no puede limitarse a promover inversiones o incrementar volúmenes de producción. Debe definir prioridades, regular tiempos, orientar infraestructura, capturar renta, formar trabajadores, producir conocimiento, desarrollar proveedores, coordinar escalas provinciales y nacionales, y vincular el recurso con una estrategia de industrialización. La técnica nacional es inseparable de la planificación. Sin planificación, la técnica queda gobernada por la rentabilidad inmediata de los actores con mayor capacidad financiera. Y si la orientación del complejo energético depende principalmente de la urgencia de conseguir divisas o de las expectativas de rentabilidad de grandes firmas, la política se subordina a la técnica y a las finanzas, en lugar de conducirlas.

Scalabrini Ortiz (1940) aporta una clave fundamental para profundizar esta discusión: la técnica moderna se materializa en infraestructuras. Su análisis de los ferrocarriles muestra que las redes que organizan el movimiento de la riqueza nacional no son neutrales. Definen qué regiones se integran, qué producciones se valorizan, qué actividades quedan subordinadas, qué actores concentran poder y por dónde circula el excedente. En su crítica, el problema no era únicamente la propiedad extranjera de una empresa ferroviaria, sino el hecho de que esa infraestructura organizaba el territorio argentino según una lógica ajena a sus necesidades nacionales.

Trasladada al presente, esta mirada permite interrogar la infraestructura energética de Vaca Muerta. Un gasoducto, un oleoducto, una terminal portuaria, una planta de licuefacción o una red eléctrica no son simples obras técnicas. Son decisiones políticas materializadas. Pueden organizar una red federal de desarrollo o profundizar una economía de enclave. Al final, es una discusión sobre quién o que controla las vías por donde circula la riqueza de Vaca Muerta.

Esta pregunta resulta especialmente importante porque la dependencia no se manifiesta solamente en la propiedad formal del recurso. Un país puede conservar jurídicamente la titularidad del subsuelo y, aun así, perder capacidad real de decisión sobre el proceso. Si las tecnologías críticas son importadas, si los servicios especializados están concentrados en grandes proveedores externos, si el financiamiento impone condiciones, y si la infraestructura responde más a la lógica de salida que a la de integración nacional, la soberanía sobre el recurso queda debilitada.

Veamos lo que plantea Kusch (1976). El autor introduce otra dimensión necesaria: la técnica debe ser pensada desde un suelo. Esto no significa rechazar la modernidad técnica ni negar la necesidad de conocimiento especializado. Implica, más bien, evitar que el desarrollo sea concebido como copia abstracta de modelos importados. Pensar desde el suelo supone partir de una realidad histórica, territorial y cultural concreta. Que el desarrollo energético no puede ser evaluado solamente desde las categorías del mercado global, la competitividad exportadora o la atracción de capitales, sino que debe ser interrogado desde las necesidades de la Argentina: su estructura productiva, su restricción externa, su sistema científico, sus desigualdades territoriales, sus trabajadores, sus comunidades, su matriz energética y sus posibilidades de industrialización.

Kusch permite situar la técnica en una experiencia histórica concreta. En su lectura, “La técnica es requerida, cuando hay bloqueo, o urgencia, cuando hay inseguridad, o sea que aparece como una exigencia posterior” (Kusch, 1976, p. 9). Esto permite pensar que Vaca Muerta no debe ser evaluada solo desde la modernización técnica, sino desde las necesidades históricas que intenta resolver.

La advertencia del autor permite problematizar si creer que todo aumento de producción equivale automáticamente a desarrollo nacional. Un proyecto puede crecer, tecnificarse

y atraer inversiones, pero no necesariamente transformar la estructura dependiente del país. Puede haber modernización sin emancipación. Puede haber infraestructura sin integración. Puede haber exportaciones sin industrialización. Puede haber sofisticación técnica sin soberanía tecnológica.

La técnica contemporánea obliga a ampliar el concepto de dependencia. En el siglo XX, la dependencia podía pensarse principalmente en términos de propiedad extranjera de empresas, control de ferrocarriles, bancos, puertos, frigoríficos o usinas. Los textos de Scalabrini Ortiz, “Historia de los ferrocarriles argentinos” (1940) y “Politica Británica en el Rio de la Plata” (1936), pueden servir de ejemplo para describir esta situación. Esa dimensión sigue siendo relevante, pero hoy se superpone con formas más complejas de subordinación. La dependencia ya no se expresa únicamente en la máquina importada, sino en el paquete técnico completo que define cómo operar, medir, optimizar, financiar y valorizar una actividad. El shale no es solo roca, agua, arena y perforación: es también cálculo, información, predicción, financiamiento y coordinación técnica.

Esta ampliación del concepto de técnica permite comprender mejor la idea de dependencia tecnofinanciera. La dependencia tecnológica no consiste únicamente en no fabricar una máquina. Consiste en no controlar los saberes, códigos, estándares, datos, insumos, servicios y decisiones que hacen posible el funcionamiento de un sistema técnico. La dependencia financiera, por su parte, no consiste solamente en recibir inversiones extranjeras, sino en que el proyecto nacional quede condicionado por las exigencias de rentabilidad, endeudamiento, estabilidad contractual, disponibilidad de divisas y remisión de utilidades que imponen los actores financieros. En Vaca Muerta ambas dimensiones aparecen entrelazadas: la técnica del no convencional requiere inversiones intensivas, y esas inversiones suelen demandar condiciones regulatorias, cambiarias y comerciales que pueden limitar la autonomía estatal.

No alcanza con que el recurso esté en territorio argentino, ni con que genere divisas, ni con que aumente la producción de gas y petróleo. Para constituirse como técnica nacional, debe producir capacidades nacionales duraderas. Debe permitir que el país aprenda, planifique, regule, capture renta, industrialice, forme trabajadores, fortalezca empresas públicas, desarrolle proveedores, amplíe infraestructura estratégica y reduzca vulnerabilidades externas. En cambio, si el resultado es la aceleración extractiva orientada por la urgencia macroeconómica, la subordinación a tecnologías extranjeras, la dependencia de financiamiento externo y la exportación de commodities con escaso valor agregado, Vaca Muerta reproducirá una forma moderna de dependencia.

Una técnica será considerada nacional cuando contribuya a ampliar la capacidad colectiva de decisión sobre recursos, infraestructura, conocimiento, trabajo y renta; y será dependiente cuando esos mismos medios técnicos queden subordinados a fines definidos por actores externos, mercados globales o necesidades financieras que limiten la autonomía estatal.

Capítulo 2. Hidrocarburos en la historia argentina: del recurso estratégico al commodity.

La historia argentina de los hidrocarburos puede leerse como una disputa por el sentido político de la energía. Tuvo lugar una tensión entre dos modos de concebir el petróleo y el gas. Por un lado, una tradición que los pensó como recursos estratégicos, ligados al autoabastecimiento, la defensa nacional, la industrialización y la planificación estatal. Por otro, una concepción que tendió a reducirlos a mercancías disponibles para el mercado, valorizables según precios internacionales y subordinadas a la rentabilidad privada. El auge actual de los no convencionales aparece sobre una historia previa de construcción estatal, privatización, crisis y recomposición parcial de la cuestión energética.

La historia hidrocarburífera argentina será leída aquí como una historia política de la soberanía material: cada transformación del sector expresa una forma distinta de concebir la relación entre Estado, recurso estratégico, mercado mundial y proyecto nacional.

En sus orígenes, la política petrolera argentina estuvo marcada por la conciencia de una vulnerabilidad. La Primera Guerra Mundial mostró los límites de una economía dependiente del abastecimiento externo de combustibles. En ese contexto, la creación de YPF en 1922, bajo la dirección de Enrique Mosconi, implicó la decisión de que el Estado interviniera en todas las etapas del mercado petrolero, desde la extracción hasta la refinación y la comercialización. Mansilla (2007) destaca que Mosconi concebía la provisión estatal de combustibles para el ejército y la industria como una forma de evitar la dependencia derivada de no controlar la producción y distribución del petróleo. Allí aparece una idea central del pensamiento nacional: sin industria ni energía nacional no hay soberanía efectiva.

La creación de YPF bajo la dirección de Mosconi significó una transformación decisiva en la forma de concebir los hidrocarburos. Mansilla señala que con YPF “el Estado toma un papel activo en todas las fases del mercado petrolero, desde la extracción al refinamiento y la comercialización” (2007, p. 22). Esta intervención integral expresa una concepción estratégica del petróleo.

Durante el ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, esa orientación se profundizó. El petróleo y el gas pasaron a ser insumos fundamentales para la industria, el transporte, la urbanización y el consumo popular. La energía debía ser abundante y relativamente barata porque funcionaba como condición material del desarrollo interno. En este marco, YPF y Gas del Estado no operaban únicamente con criterios de rentabilidad empresarial, sino como instrumentos de una política

económica más amplia. Incluso cuando esas decisiones perjudicaban a YPF como empresa, apuntaban a beneficiar a la Argentina como Nación.

“Sin industria ni energía nacional no podía existir verdadera soberanía” (Mansilla, 2007, p. 22).

Este modelo tuvo límites: no logró garantizar de manera permanente el autoabastecimiento, acumuló conflictos entre Nación, provincias y empresas privadas, y dependió de capacidades técnicas y financieras siempre insuficientes. Sin embargo, su criterio ordenador era claro: los hidrocarburos debían servir prioritariamente al mercado interno. La planificación estatal definía precios y disponibilidades, YPF integraba exploración, producción, refinación y comercialización, y el gas natural era organizado como servicio público. Serrani (2020), por su lado, caracteriza el período 1967-1991 como un modelo regulatorio fundado en la administración monopólica estatal y orientado más a la equidad distributiva que a la eficiencia marginalista. El autor sostiene que “la política de precios estuvo orientada por criterios de política pública con aspiraciones de equidad distributiva antes que de eficiencia económica” (Serrani, 2020, p. 5). Esto permite mostrar que el gas era concebido como servicio público y también como insumo para la integración social y productiva.

La ruptura más profunda se produjo con las reformas neoliberales de fines de los años ochenta y comienzos de los noventa. La desregulación del sector, la privatización de YPF y Gas del Estado, la libre disponibilidad de la producción y la apertura exportadora transformaron la relación entre hidrocarburos, Estado y estructura productiva. Mansilla sintetiza este cambio como el pasaje “de recurso estratégico a commodity exportable”: el petróleo dejó de funcionar prioritariamente como insumo de la producción nacional y se orientó crecientemente hacia la exportación, con menor elaboración, menor valor agregado y menor articulación con el resto de la industria.

Este proceso implicó una reorganización del poder energético. El retiro del Estado como productor y regulador aumentó la capacidad de decisión de empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, sobre ritmos de extracción, inversiones, reservas, exportaciones y apropiación de renta. Los decretos desregulatorios incentivaron la maximización del valor económico presente, sin una estrategia pública de agotamiento del recurso ni mecanismos suficientes para obligar a invertir en exploración.

La experiencia posterior mostró los límites de esa transformación. La premisa de que las señales de precios garantizarían por sí mismas la expansión de la oferta y de la infraestructura fue desmentida por la crisis energética de comienzos de los años 2000. La sobreexplotación de yacimientos descubiertos por YPF, la subexploración, la orientación exportadora y la insuficiencia de inversiones de largo plazo deterioraron la capacidad de sostener el abastecimiento interno. Barrera (2013) señala que las reformas de los noventa dieron predominio al mercado sobre el Estado y propiciaron subexploración, sobreexplotación con finalidad exportadora, maduración de reservas y caída posterior de la productividad.

Esto no significa que el ciclo estatal haya asegurado de manera continua altos niveles de producción o un autoabastecimiento pleno. Más bien, el autoabastecimiento funcionó como horizonte estratégico de la política pública. Aun con restricciones técnicas, financieras y productivas, el criterio ordenador era que los hidrocarburos debían servir prioritariamente al mercado interno, a la integración territorial y a la industrialización. En ese sentido, la diferencia con el ciclo neoliberal no reside en que un período haya resuelto todos los problemas productivos y el otro no, sino en la racionalidad política que organizaba el recurso.

La recuperación parcial del control estatal sobre YPF en 2012 reabrió la posibilidad de pensar los hidrocarburos desde una perspectiva estratégica, pero no borró automáticamente la arquitectura heredada. El Estado volvió a contar con un instrumento relevante, aunque en un escenario muy distinto al del viejo petróleo convencional: provincias con mayor peso en el dominio de los recursos, empresas privadas consolidadas, mercados energéticos globalizados, restricción externa y tecnologías de explotación más complejas. En ese marco aparece Vaca Muerta como nueva promesa energética. Los informes internacionales sobre shale colocaron a la formación neuquina en el centro de las expectativas, estimando importantes recursos técnicamente recuperables de gas y petróleo no convencional.

El informe de EIA/ARI de 2013 afirma que Vaca Muerta tiene tres áreas prospectivas —petróleo, gas húmedo/condensado y gas seco— y estima recursos técnicamente recuperables de 308 Tcf de gas y 1c mil millones de barriles de petróleo y condensado. Es importante aclarar que son recursos técnicamente recuperables, no reservas probadas. (U.S. Energy Information Administration [EIA], 2013)

Por eso, Vaca Muerta debe ser ubicada dentro de una historia larga. Puede presentarse como respuesta a la declinación de los hidrocarburos convencionales, a la crisis de reservas, a la importación de energía y a la restricción externa. Pero también puede reproducir, bajo condiciones técnicas nuevas, la vieja tendencia a convertir recursos estratégicos en commodities exportables.

Capítulo 3. Vaca Muerta como complejo técnico-político.

Después de reconstruir la historia argentina de los hidrocarburos como disputa entre recurso estratégico y commodity, corresponde precisar qué tipo de objeto es Vaca Muerta. No alcanza con definirla como una formación geológica ni con presentarla como una reserva energética de gran escala. Vaca Muerta es, ante todo, un complejo técnico-político: una articulación entre subsuelo, Estado, empresas, provincias, trabajadores, financiamiento, infraestructura, conocimiento científico, servicios especializados y mercados. Su importancia no proviene solo del recurso, sino de la red de mediaciones que permite convertir una roca con hidrocarburos en energía disponible, renta económica y poder político. En términos geológicos, la EIA describe a Vaca Muerta como una formación de la Cuenca Neuquina asociada a shale oil y shale gas, con recursos técnicamente recuperables de gran magnitud.

La condición no convencional de Vaca Muerta es decisiva. En los hidrocarburos convencionales, el petróleo o el gas se acumulan en reservorios donde pueden fluir con mayor facilidad hacia el pozo. En el shale, en cambio, el hidrocarburo permanece atrapado en rocas de baja permeabilidad. Por eso, su explotación requiere perforación horizontal, fractura hidráulica, modelización geológica, logística de arena y agua, bombeo de alta presión, monitoreo, caminos, ductos, plantas y coordinación operativa. Vaca Muerta no “existe” políticamente como riqueza disponible hasta que una organización técnica, financiera e infraestructural logra hacerla productiva.

Esto modifica la forma de pensar la soberanía sobre el subsuelo. La propiedad jurídica del recurso es un punto de partida, pero no garantiza el control efectivo del proceso. Si esas capacidades están concentradas en actores externos, o si dependen de paquetes tecnológicos y financieros que el país no controla, la soberanía formal puede convivir con una dependencia material profunda. Vaca Muerta muestra que la cuestión nacional no se decide solo en la titularidad del recurso, sino en el dominio de la cadena que lo vuelve productivo.

El carácter capital-intensivo del shale refuerza esta problemática. Vaca Muerta exige grandes desembolsos iniciales y una inversión sostenida para mantener el ritmo productivo. Los pozos no convencionales suelen tener declinaciones pronunciadas, por lo que la producción depende de una secuencia continua de perforaciones, terminaciones, fracturas, transporte y conexión a infraestructura. Para desarrollar el recurso se necesitan inversiones de gran escala, pero las condiciones exigidas por esas inversiones pueden limitar la autonomía de la decisión pública.

Hagamos un repaso por los actores que intervienen en el fenómeno Vaca Muerta ya que no es operada por un único sujeto nacional, sino por una constelación de intereses. El Estado nacional interviene en la política energética, la regulación macroeconómica, los precios, las exportaciones, los subsidios y, hasta 2024, las grandes obras. Las provincias, especialmente Neuquén, ocupan un papel decisivo por el dominio de los recursos y la administración de concesiones. YPF combina presencia estatal, experiencia técnica, capacidad operativa y articulación con proveedores, aunque también participa de asociaciones con empresas privadas y se mueve en un marco de competencia y rentabilidad; de hecho, la propia empresa presenta las asociaciones estratégicas con firmas internacionales como una forma de reunir capacidad técnica y financiera. Junto a ella actúan petroleras nacionales y extranjeras, empresas de servicios, municipios, comunidades locales, transportistas, constructoras y compradores externos.

Esta multiplicidad vuelve insuficiente cualquier lectura simplificadora. No basta con decir que Vaca Muerta es nacional porque participa YPF, ni que es dependiente porque intervienen empresas extranjeras. La cuestión es quién orienta el conjunto. Una asociación con capital privado puede ser parte de una estrategia nacional si transfiere tecnología, amplía proveedores locales y fortalece la planificación estatal. Pero también puede funcionar como subordinación si garantiza rentabilidad, flexibiliza condiciones regulatorias y deja al Estado como simple facilitador de negocios.

La infraestructura ocupa aquí un lugar decisivo. Sin gasoductos, oleoductos, plantas de tratamiento, terminales portuarias, redes eléctricas, caminos y capacidad de almacenamiento, Vaca Muerta no puede desplegar su escala. Esa infraestructura define el destino político del recurso. Puede abastecer el mercado interno, reducir importaciones, alimentar industrias e integrar regiones; o puede priorizar corredores de exportación que conecten rápidamente el yacimiento con puertos, refinerías externas o mercados globales. La propia agenda de infraestructura asociada a Vaca Muerta combina el transporte hacia centros de consumo internos con proyectos orientados a la exportación, como oleoductos hacia terminales atlánticas o conexiones con Chile. Entre los principales podemos mencionar: Gasoducto Presidente Néstor Kirchner / GPNK, Tratayén-Salliqueló (573 km), Reversión del Gasoducto Norte, Vaca Muerta Oleoducto Sur / VMOS, (437 km) y Proyecto Duplicar de Oldelval (455 km).

Por eso, Vaca Muerta debe entenderse como una red material, financiera y tecnológica. Ninguna de esas dimensiones actúa por separado: la técnica del shale une subsuelo y finanzas, naturaleza y cálculo, infraestructura y mercado mundial. Esa complejidad impide pensar Vaca Muerta como una simple “oportunidad natural”. Un recurso no se convierte automáticamente en desarrollo. Para que eso ocurra, debe incorporarse a una estrategia que lo transforme en capacidades nacionales: energía para el mercado interno, industria asociada, proveedores locales, conocimiento propio, infraestructura federal, trabajo calificado y renta orientada a la diversificación productiva. Si esa mediación no existe, puede haber más producción sin mayor soberanía, más exportaciones sin mayor autonomía y más infraestructura sin integración nacional.

En definitiva, Vaca Muerta condensa el problema contemporáneo de la técnica nacional porque obliga a mirar más allá del recurso. La pregunta decisiva no es solamente cuánto gas o petróleo hay bajo tierra, sino qué sistema técnico, financiero e institucional se construye para extraerlo.

Capítulo 4. Vaca Muerta como posible técnica nacional.

El sentido histórico de Vaca Muerta depende de las mediaciones que logren construirse entre el yacimiento, el Estado, la industria, el trabajo, la infraestructura, el conocimiento y la renta. El yacimiento de la Cuenca Neuquina puede ser pensado como una posibilidad: no como técnica nacional ya realizada, sino como base material para una política nacional energética. La energía no puede ser reducida a su dimensión ingenieril o económica.

El primer aspecto de esa posibilidad se vincula con el autoabastecimiento y la seguridad energética. En un país atravesado recurrentemente por la restricción externa, la necesidad de importar energía tiene consecuencias que exceden al sector hidrocarburífero. La importación de gas, combustibles líquidos o energía eléctrica implica salida de divisas, presión sobre la balanza de pagos, dependencia de precios internacionales y vulnerabilidad frente a conflictos geopolíticos o interrupciones de suministro. Si Vaca Muerta permite reducir esas importaciones, estabilizar el abastecimiento interno y garantizar energía para hogares, transporte, industria y generación eléctrica, entonces puede contribuir a fortalecer una dimensión material de la soberanía. No se trata solo de producir más gas o más petróleo, sino de disminuir la exposición del país a condicionamientos que afectan su capacidad de decisión.

Desde esta perspectiva, la seguridad energética no debe confundirse con una simple ampliación de la oferta. Un país puede producir mucho y, sin embargo, organizar su producción de modo dependiente si prioriza la exportación por sobre las necesidades internas o si ata sus decisiones a la rentabilidad de los mercados externos. La técnica nacional exige que el recurso energético sea pensado primero como condición de reproducción de la comunidad política. Esto no significa negar la exportación, sino subordinarla a una estrategia más amplia. Exportar puede ser necesario para obtener divisas, financiar infraestructura y sostener escalas productivas; es deseable que la producción de Vaca Muerta asegure abastecimiento, reduzca importaciones, estabilice precios internos razonables y fortalezca la base industrial,

El segundo elemento es la planificación estatal. Vaca Muerta no puede devenir técnica nacional si queda librada exclusivamente a la lógica de inversión de las empresas. Por su escala, sus costos, sus impactos territoriales y su importancia macroeconómica, requiere una orientación pública capaz de definir prioridades. La planificación debe preguntarse cuánto producir, a qué ritmo, para qué mercados, con qué infraestructura, bajo qué régimen de precios, con qué reinversión de la renta y con qué articulación industrial. Supone que el Estado no sea un simple garante de condiciones para la inversión, sino el sujeto que articula la explotación del recurso con un proyecto de desarrollo. Reconocer que un recurso estratégico no puede ser gobernado únicamente por señales de mercado. El Estado debe establecer condiciones para que la inversión se traduzca en capacidades nacionales y no solo en extracción acelerada.

En este punto, el rol de YPF resulta central. La presencia de una empresa con participación estatal no garantiza automáticamente una orientación soberana, pero ofrece una herramienta que el país no tendría si todo el sector estuviera en manos únicamente privadas. YPF puede funcionar como operador estratégico, como formador de capacidades técnicas, como articulador de proveedores, como productor de información geológica y como instrumento de planificación de largo plazo. Cada pozo perforado, cada mejora logística, cada tecnología adaptada y cada experiencia técnica pueden convertirse en patrimonio nacional si quedan incorporados a una empresa capaz de transferir, conservar y expandir saberes. Su función estratégica exige que combine eficiencia operativa con objetivos nacionales. Puede asociarse con empresas privadas o extranjeras cuando esas alianzas permitan acelerar inversiones, compartir riesgos o incorporar conocimientos; pero esas asociaciones deberían evaluarse por su contribución al desarrollo de capacidades locales. La pregunta no es simplemente cuántos dólares ingresan, sino qué queda en el país después de la inversión: trabajadores formados, proveedores fortalecidos, tecnologías apropiadas, infraestructura disponible, datos geológicos, renta capturada y capacidad de decisión. Si YPF se limita a facilitar negocios, pierde su potencia como herramienta nacional. La riqueza del subsuelo debe transformarse en capacidades sobre la superficie. Vaca Muerta como técnica nacional exige una arquitectura institucional capaz de sostener decisiones de largo plazo.

El trabajo ocupa aquí un lugar fundamental. La explotación de Vaca Muerta requiere obreros calificados, técnicos, ingenieros, geólogos, programadores, transportistas, trabajadores de la construcción, operadores de planta y cuadros de gestión. Una política nacional debería aprovechar esa demanda para fortalecer sistemas de formación profesional, universidades regionales, institutos técnicos y carreras vinculadas a energía, ambiente, infraestructura e industria. El trabajador no puede ser concebido únicamente como costo laboral dentro de una actividad extractiva. Debe ser pensado como portador de saber técnico y como parte de la acumulación nacional de capacidades. Sin trabajo calificado y protegido, no hay técnica nacional: hay operación local de una técnica ajena.

En definitiva, la posibilidad nacional de Vaca Muerta no reside simplemente en el volumen de gas o petróleo disponible, sino en su capacidad de convertirse en poder social organizado. Será técnica nacional si permite que la Argentina decida más y dependa menos. Solo entonces la técnica dejaría de ser una mediación de la extracción para convertirse en instrumento de soberanía. La pregunta, entonces, no es si Vaca Muerta debe exportar o no, sino qué relación existe entre exportación e industrialización. Una política nacional debería usar los hidrocarburos como plataforma para desarrollar otras industrias.

Conclusión.

El recorrido realizado permite volver sobre la pregunta inicial desde una posición necesariamente matizada. El auge petrolero y gasífero de Vaca Muerta no puede ser definido, en sí mismo, ni como técnica nacional ni como dependencia. El recurso no contiene de manera natural un destino político. Su carácter nacional o dependiente depende de las mediaciones históricas, institucionales, técnicas y económicas que organicen su desarrollo. Por eso, la cuestión decisiva no es solamente cuánto petróleo o gas puede extraerse, ni cuántas divisas pueden obtenerse, sino quién conduce ese proceso, con qué instrumentos, bajo qué fines y en beneficio de qué proyecto de país.

A lo largo del trabajo se intentó mostrar que la técnica no es un conjunto neutral de procedimientos. Desde el pensamiento político argentino, y especialmente a partir de Guglielmini, la técnica debe ser pensada como una mediación subordinada a fines. Una técnica situada dentro del territorio nacional no es necesariamente una técnica nacional. Puede haber tecnología moderna, infraestructura compleja y aumento de la productividad sin que ello implique una ampliación de la soberanía. La técnica deviene nacional cuando fortalece la capacidad colectiva de decisión sobre los recursos, la producción, el conocimiento, la infraestructura y la renta. En cambio, se vuelve dependiente cuando sus fines son definidos por actores externos, por la urgencia financiera o por una racionalidad de mercado que subordina las necesidades nacionales.

Esta distinción resulta fundamental para el caso de Vaca Muerta. La formación neuquina no es una riqueza inmediatamente disponible, sino un complejo técnico-político. La soberanía sobre el recurso no se resuelve únicamente en la titularidad jurídica del subsuelo. Un país puede conservar la propiedad formal de sus recursos y, al mismo tiempo, perder control efectivo sobre los ritmos de extracción, las tecnologías críticas, los ductos, los puertos, los contratos, los datos, el financiamiento y la apropiación de la renta.

La historia argentina de los hidrocarburos muestra que esta tensión no es nueva. La creación de YPF, la expansión de Gas del Estado y la concepción del petróleo y el gas como recursos estratégicos expresaron una forma de pensar la energía como base material de la soberanía. Frente a esa tradición, la desregulación, la privatización y la apertura exportadora de los años noventa tendieron a convertir los hidrocarburos en commodities, subordinados a la rentabilidad privada, a los precios internacionales y a la maximización del valor presente. Vaca Muerta aparece después de esa historia: puede ser una respuesta a la declinación de los convencionales y a la restricción externa, pero también puede reproducir, bajo condiciones técnicas nuevas, la tendencia a transformar recursos estratégicos en bienes primarios de exportación.

Desde esta perspectiva, Vaca Muerta puede pensarse como una técnica nacional solo bajo determinadas condiciones. Debe contribuir al autoabastecimiento energético, reducir vulnerabilidades externas, fortalecer a YPF como herramienta estratégica, ampliar capacidades estatales, desarrollar proveedores locales, formar trabajadores calificados, generar conocimiento propio, integrar infraestructura federal y orientar la renta hacia la diversificación productiva. La riqueza del subsuelo debe transformarse en capacidades sobre la superficie. Si el desarrollo de Vaca Muerta produce energía para la industria, aprendizajes tecnológicos y encadenamientos productivos.

Sin embargo, esa posibilidad convive con un riesgo decisivo: que Vaca Muerta consolide una nueva dependencia tecnofinanciera. La dependencia contemporánea no se expresa solamente en la propiedad extranjera de empresas o en la importación de maquinaria. También opera mediante paquetes tecnológicos, software, datos, estándares, servicios especializados, créditos, endeudamiento, contratos de largo plazo, condiciones cambiarias y exigencias de rentabilidad. En el caso del shale, tecnología y financiamiento aparecen profundamente entrelazados. La necesidad de inversiones intensivas puede llevar al Estado a organizar su política energética alrededor de la atracción de capitales, la garantía de rentabilidad y la aceleración exportadora.

La infraestructura es uno de los lugares donde esta disputa se vuelve visible. Siguiendo la intuición de Scalabrini Ortiz, los ductos, terminales, puertos, plantas y redes no son simples obras técnicas: son formas materiales de poder. Pueden integrar el territorio, abastecer el mercado interno y sostener una política industrial, o pueden funcionar como corredores extractivos orientados a evacuar recursos hacia el mercado mundial. El problema no es exportar en sí mismo, sino definir qué lugar ocupa la exportación dentro del proyecto nacional.

El trabajo y el conocimiento ocupan un lugar central ya que no hay técnica nacional sin trabajadores formados, sin saberes acumulados, sin universidades, sin institutos técnicos y sin apropiación social del conocimiento. La fuerza laboral de Vaca Muerta no puede ser pensada únicamente como costo o variable de productividad, sino como parte de la acumulación nacional de capacidades. Una técnica que extrae recursos, pero no genera aprendizaje colectivo permanece incompleta.

Por todo esto, la respuesta a la pregunta inicial no puede ser afirmativa ni negativa de manera absoluta (o por lo menos por el momento). Vaca Muerta no es, por naturaleza, la realización contemporánea de una técnica nacional; tampoco es, de modo inevitable, una simple reedición de la dependencia. Es un campo de disputa. Su sentido dependerá de la relación de fuerzas entre planificación estatal y rentabilidad privada, entre industrialización y primarización, entre infraestructura federal y corredor exportador, entre aprendizaje tecnológico y subordinación a proveedores externos, entre renta pública y captura privada, entre soberanía energética y urgencia financiera.

La conclusión principal de este trabajo es que la técnica nacional no se mide por la magnitud de una obra, por el volumen de producción ni por la modernidad de los procedimientos empleados. Se mide por la capacidad de una comunidad política para gobernar sus medios en función de fines propios y nacionales. Vaca Muerta podrá ser técnica nacional si permite que la Argentina decida más y dependa menos: menos de importaciones energéticas, menos de tecnologías opacas, menos de financiamiento condicionado, menos de precios internacionales y menos de infraestructuras controladas por intereses ajenos. Si, por el contrario, el país aporta el recurso, el territorio y el trabajo mientras otros actores controlan el financiamiento, la tecnología, la infraestructura crítica, los mercados y la renta, entonces el auge petrolero y gasífero reproducirá una dependencia más sofisticada.

El trasfondo de la pregunta por Vaca Muerta es una pregunta por el proyecto nacional. No alcanza con tener recursos; es necesario decidir qué hacer con ellos. No alcanza con modernizar la técnica; es necesario nacionalizar sus fines. En esa diferencia se juega el sentido político de Vaca Muerta y, con él, una de las formas actuales de la vieja disputa argentina entre emancipación y dependencia.

Bibliografía:

Astrada, C. (1948). Sociología de la guerra y filosofía de la paz. Imprenta y Casa Editora.

Barrera, M. (2013). Beneficios extraordinarios y renta petrolera en el mercado hidrocarburífero argentino. Desarrollo Económico, 53(209–210), 169–194.

Guglielmini, H. M. (1941). Valoración de la técnica en una política nacional. Nueva Política, 14, 21–24.

Guglielmini, H. M. (1947). Hay una experiencia argentina de espacio, tiempo y técnica. En Comisión Nacional de Cooperación Intelectual, Argentina en marcha. Comisión Nacional de Cooperación Intelectual.

Kusch, R. (1976). Geocultura del hombre americano. En Obras completas: Tomo

III. Editorial Fundación Ross.

Mansilla, D. (2007). Hidrocarburos y política energética: De la importancia estratégica al valor económico. Desregulación y privatización de los hidrocarburos en Argentina.

Roger, D. D. (2019). Una nueva matriz energética para Argentina: Rentas termodinámicas y desarrollo industrial, tecnológico y científico. Realidad Económica, 48(328).

Scalabrini Ortiz, R. (1936). Política británica en el Río de la Plata: Las dos políticas, la visible y la invisible. Cuadernos de FORJA.

Scalabrini Ortiz, R. (1940). Historia de los ferrocarriles argentinos.

Serrani, E. (2020). Modelos de regulación de servicios públicos de gas natural en Argentina, 1967–2017. América Latina en la Historia Económica, 27(2), e1062.

Fuentes institucionales y notas periodísticas:

Casa Rosada. (s. f.). Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Casa Rosada / ENARSA.

Energía Argentina S.A. (2024, 8 de noviembre). Reversión del Gasoducto Norte: se realizó la puesta en marcha de las plantas compresoras.

Oldelval. (s. f.). Proyecto Duplicar.

Reuters. (2024, 16 de diciembre). Argentina’s YPF approves Vaca Muerta Sur oil pipeline project.

Reuters. (2025, 8 de julio). Argentina VMOS dice acuerda préstamo sindicado por

2.000 mln dlr para financiar oleoducto.

U.S. Energy Information Administration. (2013). Technically recoverable shale oil and shale gas resources: An assessment of 137 shale formations in 41 countries outside the United States. U.S. Department of Energy.