Política de (in)seguridad hacia el pueblo mapuche. Desde la Conquista del Desierto hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por Zoe Álvarez
La construcción de un enemigo lleva consigo la estigmatización y la divulgación de una imagen de absoluta diferencia con un nosotros, a través de la cual esa particularidad pone en riesgo al Estado y la sociedad. Es precisamente este peligro quién cumplirá el rol de legitimador de las fuertes medidas represivas que se han llevado a cabo junto con la constitución de los pueblos originarios como foco de vigilancia
Por Zoe Álvarez
Los desafíos que conllevó la formación del Estado nación va a ir en línea con el esfuerzo de contrarrestar los poderes federales y así poder conformar un poder central que logre monopolizar el uso legítimo de la fuerza en un territorio definido pero, además, para ello será necesario la construcción de significantes que sustenten la legitimidad de esta.
El concepto de nación como construcción necesaria y paralela a la construcción del Estado va a definir y limitar a lxs sujetos que forman parte de este proceso.
Una lengua común, el surgimiento de símbolos patrios, próceres y enseñanzas comunes a través de la escuela son solo algunos de los ejemplos de las herramientas de unificación para la formación de un proyecto de país construyendo, también, una frontera que definió lo que quedará por fuera de ese futuro común que se imagina.
Marcar una línea que permita reconocerse en un nosotrxs implicó identificar un otrx, que no es igual, que no es parte y que, por sobre todo, es un riesgo para la continuidad del estado moderno. No podemos pensar en un suceso específico ni un proceso lineal a través del cual lxs sujetxs van quedando en los márgenes de esta esfera de reconocimiento, por ello nos proponemos identificar el ideal a través de los cuales ciertos significantes cobrarán realidad.
Durante 1878 y 1885 se llevó adelante la nombrada Campaña del Desierto la cual en los manuales escolares, es presentada como una gesta patriótica que, junto con la guerra al Paraguay, fueron el momento culmine del mito de la gestación de la Argentina como nación (Fantino, 2022), pero que bajo un proceso de desentramar los relatos que fueron usados como herramienta para crear una realidad futura se encuentra el dar cuenta de que dicho “hito” fue uno de los mayores genocidios llevados a cabo en el territorio luego de la colonización.
El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, retornar al carácter histórico del concepto de nación, el cual se construye en circunstancias materiales específicas y es llevada adelante por grupos de poder que utilizan identificaciones particulares, con las que muestran un trasfondo de negación de la humanidad de los pueblos originarios, e identificar como su mayor muestra material y violenta fue la acción militar dirigida por Roca.
Con ello planteamos que esa deuda no solo no ha sido saldada hasta el día de hoy, sino que, además, las diferentes reformas o leyes que han modificado en relación al rol de las fuerzas de seguridad siguen sin reconocer al pueblo mapuche como colectivo con derechos de ejercer demandas válidas, perpetuando la mirada de enemigo interno la cual se nutre de la estigmatización para habilitar paralelamente la militarización.
Estado de la cuestión
Si bien desde principios de la década de 1870 el estado argentino comenzó una ofensiva militar hacia las “tierras de indios” no fue sino hasta fines de la misma cuando la organización burocrática del estado y las necesidades del modelo económico permitieron al estado quebrantar todos los acuerdos y tratados firmados con caciques representativos de parcialidades soberanas de las pampas (Briones y Carrasco, 2000) y, así avanzar militarmente sobre la Patagonia. En una primera instancia la Campaña fue respaldada por la Ley de empréstitos para su financiamiento e ideológicamente fomentada por intelectuales orgánicos al proyecto institucional desde el Congreso Nacional.
De forma paralela se produjo la singularización del “indio” como un otro salvaje, extranjero e indeseable, en contraposición con el inmigrante blanco y europeo. En consecuencia, el indio encarnaba lo indeseable para la comunidad imaginada y lo que se esperaba para quienes pertenecían a ella-por medio del Estado-. El problema de la tierra se formulará en este mismo sentido, viéndose todo territorio bajo el poder de las comunidades como condenado a ser desierto sometiendo todo su potencial.
El proceso de ocupación y sometimiento llevó cerca de 5 años, periodo en el cual el ejército argentino sentó fuertes y fortines estratégicos a lo largo del río Negro, los cuales jugaron un papel central para centralizar y operativizar campañas sucesivas y garantizó el control de la Patagonia del Norte.
La Conquista del Desierto fue seguida desde la prensa porteña y fue acompañada por numerosos intelectuales reconocidos de la época, escritores, fotógrafos, ingenieros, etc quienes buscaban en esta marcha ser parte de un capítulo fundante del estado nacional (Navarro Floria, 2007) logrando consolidar el imaginario de una Argentina distinta del resto de América Latina, un país sin “indios”.
Si bien la campaña del desierto es un periodo clave que ilustra el genocidio a los pueblos originarios durante el proceso de formación del Estado nación, una vez finalizado este la represión y violencia no tuvo la misma intensión, únicamente modificó su forma e intensidad a lo largo del tiempo.
A partir de la década de 1970 en un contexto de inicio de dictaduras militares en la región, que posibilitaron el ingreso del neoliberalismo económico por medio de reformas estructurales y vigilancia política, las agencias político-militares enfocaron la diferencia cultural como elemento dinamizador de potencialidades “subversivas”.
La construcción de un enemigo lleva consigo la estigmatización y la divulgación de una imagen de absoluta diferencia con un nosotros, a través de la cual esa particularidad pone en riesgo al Estado y la sociedad. Es precisamente este peligro quién cumplirá el rol de legitimador de las fuertes medidas represivas que se han llevado a cabo junto con la constitución de los pueblos originarios como foco de vigilancia por la-en ese momento-Nueva Doctrina de Seguridad Nacional.
Las reglas democráticas no son para todxs
El primero de agosto de 2017 en el marco de una represión emprendida por fuerzas especiales hacia el territorio de la Pu Lof Cushamen, ubicada en la provincia de Chubut, desapareció Santiago Maldonado. El cuerpo del joven de 28 años, simpatizante con la causa mapuche fue encontrado recién 79 días después de la acción represiva.
Bajo la misma línea de operativos el 25 de noviembre de 2017, durante un gobierno electo democráticamente, ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel, por un disparo por la espalda llevado a cabo por uno de los miembros del Grupo Albatros de Prefectura Naval después de que estos efectuaran más de 114 tiros.
El operativo que terminó con la vida de Maldonado generó repercusión mediática en todos los medios nacionales durante todo el periodo de desaparición y hasta, al menos, un mes luego de que se encontrara el cuerpo.
Incluyendo todos los obstáculos que tanto Fuerzas de Seguridad como el propio Estado pusieron para esclarecer el suceso, la declaración de la causa de muerte no estuvo alejada de la falta de prolijidad y cuestiones políticas.
A pesar de que las conclusiones de los 28 peritos forenses, expuestas durante cuatro horas al juez Guillermo Lleral, fueron claras, el equipo no logró señalar ni la fecha ni el lugar en el cual ocurrió la muerte de Santiago. Por unanimidad, (los peritos) concluyeron que la causa de muerte de Santiago Maldonado fue por ahogamiento, en las aguas del río Chubut, ayudado este ahogamiento por hipotermia. Se estableció en base a métodos científicos internacionales que el cuerpo permaneció bajo el agua por más de 53 días, más de 60 días y más de 73 días, de acuerdo a los métodos. El cuerpo estuvo siempre debajo del agua y no en otro medio-señaló el magistrado en la puerta de la morgue de Buenos Aires.
Tras la crisis que estaba atravesando el gobierno de Mauricio Macri la familia logró que se apartara al primer juez, Guido Otranto, al que acusó de parcial. El juez sucesor, Lleral, logró encontrar el cuerpo en apenas unos días con la ayuda de buzos tácticos y el permiso de la comunidad para ingresar en territorio mapuche. Sin embargo, lo anterior abre una serie de dudas dentro de las cuales podemos pensar, ¿cómo fue posible que los rastrillajes anteriores no dieron con el cadáver, pese a estar semi sumergido en un tramo del río Chubut ya rastrillado?
Debido a que no es el objetivo de este trabajo centrarnos en las diversas dudas que dejó tanto el proceso de búsqueda como el accionar judicial a lo largo del caso, solo presentamos ideas que logren dar cuenta de la tensión vivida entre la familia, los movimientos sociales que acompañaban y el Estado.
Bajo esta misma tensión se produjeron declaraciones como las de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en las cuales señalaba que el joven militante había muerto ahogado al intentar cruzar el río, negando, además, la represión ocurrida en ese momento al interior del territorio mapuche.
Lo anterior se encuentra muy alejado de ser un comentario aislado que no solo subestima la gravedad de los hechos, sino que, también, conlleva la despolitización de las demandas del pueblo mapuche, negando la problemática de militarización que hay en territorios como el mencionado.
Siguiendo esta línea política y discursiva, a una semana de la desaparición de Santiago las declaraciones realizadas por las RRSS del, en ese entonces, diputado oficialista caen incluso en la ridiculización de lxs sujetxs al proponer el respeto y el reconocimiento de las tierras mapuches siempre y cuando vivan de la misma forma que sus ancestros: en carpa, “andando en bolas” y cazando guanacos con boleadoras al grito de “abajo occidente”.
Como señalamos anteriormente la estigmatización potencia y habilita la consecuente materialización de esa discriminación, la cual, en ese momento, se mostró en la protección de las fuerzas de seguridad implicadas en los sucesos y en la reforma a la doctrina de seguridad nacional.
Respaldo jurídico de la (in)seguridad
Uno de los factores para que la desaparición de Maldonado lograra tener tales niveles de repercusión mediática y peso en la agenda pública pudo ser la identificación de muchos y muchas con un joven crecido en la zona urbana y en un ambiente de clase media, lo que logra contrarrestar cualquier prejuicio que intente justificar todo lo sucedido desde la brutal represión hasta la poca claridad en todo el proceso para determinar su muerte.
Sin embargo, esto se enmarca en una seguidilla de operativos realizados no solo a la Pu Lof Cushamen sino que en diferentes zonas de territorio mapuche, aunque muchos de ellos no alcancen a ingresar a la esfera mediática.
La preocupación de estos niveles de represión, además de, y en primer lugar, la violencia y las víctimas que deja, es la muestra de que no se está legitimando al pueblo mapuche como sujetos políticos con una serie de demandas válidas. La negación de la politicidad de las manifestaciones indígenas tanto en el presente como en el pasado, leyéndose en clave de peligrosidad, camina en paralelo con la adjudicación de objetivos terroristas a la política indígena del presente, dentro de las cuales se encuentra la reforma a las Fuerzas Armadas llevada a cabo en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esta reforma significa el asentamiento jurídico del involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos de (in)seguridad interior. A partir de aquí, ya no se piensa en términos de Doctrina de Seguridad Nacional, sino que, siguiendo a Juan Gabriel Tokaltian, se promueve la Doctrina de Inseguridad Nacional.
Según la nueva doctrina, los enemigos actuales son un entramado de actores interconectados que operan domésticamente como parte de una oscura acechanza global y, por lo tanto, se necesita de los militares y su poder de fuego para neutralizarlos y eliminarlos. (Tokatlian, 2018)
Esta marcada necesidad del rol activo de las Fuerzas Armadas borra las diferencias entre seguridad interna y defensa externa. La nueva resolución 154-E/2017 modificó una serie de conceptos que contravienen los principios doctrinarios establecidos en las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional, reemplazando el concepto de “jurisdicción militar” por el de “zona militar”.
Las denominaciones anteriores no son fenómenos intercambiables, mientras que la primera refiere a los ámbitos territoriales donde la autoridad militar ejerce sus competencias específicas derivadas de la ley de Defensa Nacional –tal como fue definida en la derogada Resolución MD 1020/2009–, la segunda remite a aquellos espacios operacionales considerados de interés en función de la política de defensa de la República Argentina, previa aprobación parlamentaria (Tokatlian, 2018)
El aminoramiento de la anterior distinción es acompañado con una de las muestras materiales de sus consecuencias, la “seguritización” de la protesta mapuche. Plasmada en la señalada represión hacia la comunidad Pu Lof Cushamen, como un caso dentro de los múltiples existentes. Es necesario que esta seguritización de la protesta mapuche la enmarquemos dentro de un concepto más amplio de seguritización de la indegeneidad.
Como vimos anteriormente y en relación con la formación de prejuicio y los diversos aparatos que legitiman la estigmatización, existe un trasfondo radical el cual percibe e ilustra al-y lo- indígena como una amenaza a la seguridad, lo cual habilita, así, a los nuevos “dispositivos de seguridad” (Foucault, 2006) sobre estos pueblos, desde sus cuerpxs, sus tierras y sus formas de protesta.
La amplitud de la securitización de la indigeneidad va a abarcar-y necesitar- tanto de “actos de habla”, representados por los dichos de figuras del estado en los cuales niegan y desconocen la legitimidad de los reclamos, por lo tanto, los niegan como sujetas/os políticas/os y, por otro, alimentando la noción de una supuesta necesidad de salvaguardar la nación utilizando los mismo conceptos y herramientas con los que se referieren para señalar a un peligro terrorista.
Además, estos actos de habla dan pie y se retroalimentan con “puestas en acto” que a su vez se encuentra en las expresiones más crudas de deshumanización de un pueblo y violencia policial.
Ambas esferas no son lineales ni separadas, sino que, más bien, la securitización a la que nos referimos toma forma en la combinación de un esquema de política estatal indigenista con, en algunos casos, políticas de salud, educación intercultural y/o ciertos reconocimientos territoriales las cuales pasan a ser combinadas con nuevas formas de políticas represivas, de inteligencia y vigilancia sobre las comunidades y pueblos indígenas.
Consideraciones finales
Como hemos visto a lo largo del trabajo la deuda histórica con el pueblo mapuche así como con los pueblos indígenas que habitan el territorio se encuentra latente. El problema de la tierra, que tiene como primera expresión de despojo del territorio la Conquista del Desierto, se expresa en la ausencia de reconocimiento de la legislación de los sistemas de tenencia y transmisión propios de los pueblos indígenas, pero, se enmarca en una disputa más amplia y transversal, la disputa por el territorio.
La multi-dimensionalidad de las relaciones entre las poblaciones y sus diversas disputas espacio-territoriales hace a la comprensión de territorio una categoría política más ya no limitado a cuestiones geográficas. Para ello abordamos al territorio desde una perspectiva de redes relacionales multidimensionales de formas de vida (Foucault 2006) en la cual los lazos identitarios remiten a la formación de comunidad y de construcción de una forma de ver y habitar el mundo.
Por otro lado, nos parece de importancia esclarecer que a lo largo de este trabajo utilizamos el concepto de pueblo, no de comunidades ni grupos, ya que este supone un reconocimiento del carácter colectivo de derechos y el marcado carácter político que esto conlleva.
La desaparición de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel son la causa material de una deuda histórica que se continúa profundizando al no reconocer ninguno de los dos conceptos anteriores. La política represiva, y la reforma a la Fueras Armadas llevada adelante en el gobierno de Mauricio Macri, aunque derogada en 2020, no solo despolitiza a los pueblos indígenas, sino que les da la capacidad de deshumanizarlos. La gravedad de difuminar la separación entre seguridad interna y peligro externo, y quienes están asignados para cada rol, habilita a que la militarización de territorios como la Pu Lof Cushamen sea menos costosa debido a que, por medio de la estigmatización previa, conceptos como el de terrorismo son una herramienta disponible a utilizar para justificar este accionar.
Así como la relación entre los pueblos y sus disputas espacio-territoriales son multidimensional, las presiones ejercidas sobre estos también lo son. Existe una presión creciente en los territorios rurales a lo largo del continente latinoamericano que camina en sintonía con los procesos de políticas nacionales que apuestan por el desarrollo económico y el libre mercado en la región, por sobre cualquier uso no corporativo de los mismo.
Por ello, si bien la lucha por el acceso a la tierra sigue vigente, la lucha por el territorio se convierte en una necesidad adicional y estratégica, ya que el mismo no abarca únicamente la lucha por los derechos de propiedad o posesión colectivos o individuales sobre el uso del recurso tierra, sino que incluye formas de control político, así como patrones de uso, manejo y control de los recursos naturales (Díaz Polanco en Grünberg 2003)
No es posible que cualquier política de “solución de conflictividad”, logre su objetivo sino se repiensa el origen y punto de partida del conflicto mismo, así como, también, la forma en que lxs sujetxs son pensados en ellas.
Una de las finalidades de exponer las bases de la reforma a las fuerzas de seguridad realizada en el gobierno de Mauricio Macri, y sus semejanzas con uno de los genocidios más grandes llevados a cabo en el territorio, es mostrar como si no desarmamos los puntos de partida desde los cuales se relaciona el estado con los pueblos indígenas el conflicto carecerá de solución transformándose en una condición. Circunstancia en la cual el propio estado se torna garante de la violencia represiva sin tomar como válidas las demandas expuestas.
El derecho a un territorio implica el reconocimiento de jurisdicciones propias de los pueblos, es decir, el reconocimiento de instituciones y reglas culturales propias, relacionadas con el uso y manejo cultural territorial, es decir, conlleva la autonomía territorial.
[1] Twitter de Fernando Iglesias, diputado nacional del partido oficialista Cambiemos, 09/08/2017.
Bibliografía
1. Francisco Fantino, Juan. “La conquista del desierto en las aulas. Estudio a través de los manuales de historia para tercer año del nivel medio de acuerdo al programa de estudios de 1956 (1956-1979).” Trabajos y comunicaciones, no 42, Sept 2015, p NA. Gale OnFile: Informe académico,
link.gale.com/apps/doc/A589377575/IFME?u=anon~97d1ce0b&sid=googleScholar&xid=08ae4a5e.
2. Briones C. y Carrasco M. (2000). Pacta sunt servanda. capitulaciones convenios y tratado con indígenas en Pampa y Patagonia (Argentina 1742-1880) Buenos Aires: IWGIA.
3. Navarro Floria, P. (2007). Paisajes del progreso. La resignificación de la Patagonia Norte, 1880-1916. Neuquén: Educo
4. Tokatlian, J. G. (Julio de 2018). Nueva Sociedad. Obtenido de https://nuso.org/articulo/el-gobierno-argentino-y-la-doctrina-de-inseguridad-nacional/
5. Foucault, M. 2006 Seguridad, territorio, población: curso en el College de France
1977-78 (H. Pons, Trad.), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina.
