Declaración del “Foro en Defensa de la Educación Pública y la Justicia Social” ¡Sumate!
Alejandro Kaufman, Aída Vidal, Américo Cristófalo, Rocco Carbone, Alejandro, Delorenzi, Sebastián Torres, Cristina Begnis, Jorge Testero, Mariano Yedro, Roberto Retamoso, Ana Berezin, Gustavo J. Nahmias, Lisandro Sebastián Kahan, Fernando Eduardo Marín, Matías Rodeiro, Gastón Salcedo, Ary Piovaroli, Emmanuel Bonforti, Juan José Olivera, Juan Casal, Mauro Miletti, Anibal Loguzo, Luigui Caballero, Roberto Felicetti..(continúan las adhesiones)
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Declaración. Documento N°2
Ciudad de Buenos Aires 10 de Octubre de 2024
A partir de los anuncios que realizara el Presidente de la Nación durante la campaña electoral del año pasado, cuando desde un set televisivo -en una escena ensayada como un paso de comedia- y a los gritos de ¡fuera!, mientras arrancaba papelitos de una pizarra y nos expresaba su profundo odio hacia todas las áreas y sectores que se vertebran en el Estado, nos adelantaba su decisión de clausurar un gran número de ministerios. Desde entonces, todos los sectores de la educación, la salud, el trabajo, las áreas que protegen y regulan las instituciones de las personas mayores, los trabajadores estatales, el cine y la cultura, las minorías sexuales, los colectivos relacionados con la violencia de género y los feminismos, la asistencia de los movimientos sociales que articulan miles de cooperativas y comedores comunitarios, pasábamos a ser prescindibles y descartables como esos bollitos de papel que rodaban por el piso del estudio de televisión.
Acusados de ser la “casta”, “ratas inmundas”, “ñoquis” y de generar gastos innecesarios, éramos los culpables del atraso económico del país, culpables de un acontecimiento metafísico de cien años de duración llamado “decadencia” y solo debíamos ser sumisos objetos sometidos al suplicio con la motosierra de la Libertad Avanza, para que terminara con nuestros derechos, nuestras tareas y trabajos, y al fin y al cabo con nuestra propia existencia.
Motosierra y licuadora, dice Milei. Motosierra, para talar toda la historia y las ramificaciones de nuestro, imperfecto, excesivamente burocrático, con problemas de corrupción, saqueado mil veces, pero al fin, Estado social, que supo cobijar los derechos, sueños y luchas de justicia social y dignidad nacional de millones de argentinos.
Pero acaso el Presidente y Mauricio Macri, que nos llaman “orcos” en un ejercicio doble de deshumanizar y criminalizar toda protesta social, ¿no se veían venir la reacción popular o creían que el pueblo argentino se iba a quedar impávido ante la estupidez y la crueldad? Mientras cada día adquiere mayor entidad representarnos la noción de un genocidio social en curso vemos sedimentar el malestar general.
Y con la licuadora pensaban licuar todo para que no queden vestigios de lo que alguna vez fue el intento de tener una patria con Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política, hacer un líquido insípido para saciar la sed de Patricia Bullrich y de las fuerzas federales que conduce, tan deseosos como se muestran de desenfundar las pistolas taser, los garrotes y gases lacrimógenos recién importados.
Recorrer el mundo y comparar otras experiencias nos llena de orgullo, porque sabemos que en nuestro país existen “principios sociales” establecidos, como los concernientes a la educación y a la salud pública, los derechos laborales a la jornada de 8 horas, el sábado inglés, las vacaciones pagas, el aguinaldo y el derecho a ser indemnizados ante el despido arbitrario. Nos llenan de orgullo nuestros artistas, el cine argentino, la ciencia argentina, las universidades con sus premios nobeles y los satélites, YPF, Aerolíneas Argentinas, las fábricas de aviones, los reactores atómicos de la CNEA, los investigadores del CONICET que producen vacunas y estudios de todo tipo para mejorar la vida de los argentinos.
Llamamos a frenar la escalada de violencia verbal y represión que se viene desplegando desde el Poder Ejecutivo Nacional y es difundida por periodistas acólitos y falsos profetas, mercenarios anónimos, ejércitos de trolls e “influencers” por las redes sociales y demasiados canales de noticias, provocando un estado de violencia en todo el entramado social, llegando a suplantar al periodismo y a la prensa, instaurando un rol persecutorio, de discriminación y difamación.
Denunciamos y alertamos sobre la violencia ejercida en las marchas recientes de jubilados del 11 de septiembre, donde llegaron al límite de golpear a nuestros viejos y arrojar gas pimienta en el rostro a una niña de 10 años.
Demandamos a las autoridades del Poder Judicial que garanticen el derecho a protestar y proteger la integridad física de todos los sectores en lucha, y en particular, a nuestros jubilados que vienen dando una pelea heroica y ejemplar al ver sus derechos pisoteados después de una vida de trabajo, servicio y sacrificio por el país.
Nos convoca la causa y la lucha de todo el sistema de salud y asistencia hospitalaria nacional. Nos moviliza la posibilidad de cierre de cualquier institución hospitalaria, como sucedió durante la semana pasada con el Hospital Nacional de salud mental “Laura Bonaparte”, donde funcionaba también el antiguo CENARESO, único lugar de atención pública y gratuita de adicciones.
El plan de destrucción de los Hospitales Nacionales alcanza hoy al despropósito de vaciar el Hospital Pediátrico Garrahan y cerrar el Hospital Posadas, gran centro de atención gratuita de la zona oeste y referencia nacional.
Todo el sistema de salud requiere atención urgente, con médicos con sueldos míseros y jornadas agotadoras que dan cuenta de la entrega y vocación, y enfermeros que aun esperan el debido reconocimiento de sus tareas.
La educación, primaria y secundaria, se encuentra desregulada, desfinanciada y desamparada. Desde la Ley de Provincialización en los 90, todo el sistema Nacional de Educación fue transferido a las provincias y municipios, con las dificultades económicas que esa medida les trajo a las provincias y puntualmente a los docentes y a todo el sistema educativo, ¿cómo podemos pretender que nuestros pibes lleguen a la universidad con rendimientos parejos, si la inversión es totalmente desigual incluso en una misma región?
Con la misma preocupación y fuerza, alzamos la voz para alertar sobre el ingreso ilegal a las instalaciones de la Universidad de la Matanza durante la protesta universitaria por el debate parlamentario que sancionó a favor del veto presidencial que niega la Ley de Financiamiento universitario.
Asimismo, desde nuestro deber como universitarios argentinos, comprometidos con la educación pública y responsables de sabernos deudores de un mandato dado por nuestro pueblo que sostiene día a día con su trabajo el sistema universitario Nacional, llamamos a la participación y movilización de todos los sectores que vienen sufriendo el ajuste, la desocupación, la desprotección estatal, la marginalidad, la desnutrición infantil y el hambre a que nos están sometiendo las políticas del gobierno de Javier Milei y la Libertad Avanza.
Se encuentran bajo amenaza terminal tanto la propia convivencia social como la institucionalidad democrática con sus cuarenta años de continuidad ininterrumpida. No es una interpretación: ha sido anunciado y repetido que la democracia y la justicia social son erróneas y malintencionadas, curros y pretextos, asuntos que inspiraron una historia de cien años que debe ser desarraigada y sustituida por la autopercibida libertad de los monopolios globales absolutistas para subastar la Nación argentina en entrega sacrificial a quienes saben mejor y tienen derecho por revelación divina a gobernarnos y apropiarse de todo lo que nos es común.
Comprensibles como podrían ser dudas y esperanzas albergadas por millones, que ni una sola medida durante cerca ya de un año pueda considerarse a favor de la sociedad misma, sino solo de su entrega terminal a un destino oprobioso, debe ya ser prueba de que ha llegado la hora de detener la caída al abismo sin fondo al que se nos quiere destinar. Por todo ello llamamos a defendernos como sociedad en favor de las condiciones de existencia que se nos trata de expropiar bajo pretexto de una legitimidad otorgada por el sufragio popular pero de ninguna manera delegada para la hecatombe de la que estamos siendo víctimas.
