REFORMA ELECTORAL. PASO A LA INCOHERENCIA. Por: Lisandro Bellomio

En marzo de 2023, se abrió el debate sobre la continuidad de las PASO, en ese momento El Astillero publicó un articulo (https://revistaelastillero.com/pasar-las-paso-un-depreciado-rudimento-electoral-por-jose-queruza/) que puede leerse junto con el aporte que realiza aquí Lisandro Bellomio, donde sostiene que: “La reforma política-electoral puede leerse desde varios planos. El más claro y concurrente es el de las modificaciones institucionales, es decir, las meras implicancias institucionales que tiene el proyecto de ley presentado por La Libertad Avanza. Otra cara de la cuestión es la política: en una segunda instancia, surge como consecuencia de las modificaciones institucionales que se pretenden implementar, esto es, cómo afecta a las fuerzas, qué le conviene a cada una, los acuerdos para tratar de aprobar o desaprobar la reforma, etc. Por último, otro plano que me gustaría introducir, es el plano histórico en relación a las lecturas e interpretaciones -periodísticas subjetivas, editoriales, políticas o institucionales- que se hacen respecto a las reformas políticas y a las “intenciones” que se tienen a la hora de llevarlas a cabo“.
Por: Lisandro Bellomio (Lic. CP-UBA). “Reforma electoral e incoherencia discursiva”
PASO a paso:
¿Cuáles son las modificaciones institucionales que busca implementar la reforma electoral? ¿Cuáles son las conveniencias de La Libertad Avanza en estas modificaciones?
Para situarse correctamente a la hora de analizar lo institucional hay que comprender que la reforma se divide en dos partes. Una son las disposiciones permanentes, que modifican la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y la ley del Parlasur. La otra son disposiciones transitorias, pensadas solo para la próxima elección: la suspensión de las PASO, la definición de candidaturas según las cartas orgánicas de cada partido, un cronograma electoral recalculado en función de la elección general, la exigencia de avales ciudadanos para presentar listas y las colectoras dentro de la Boleta Única. Todos esos cambios rigen únicamente para el proceso electoral de 2027, prevalecen sobre cualquier otra norma electoral que se les oponga y caducan automáticamente cuando ese proceso termina. Esto importa porque varios de los cambios más relevantes no aparecen como definitivos, sino como una excepción con fecha de vencimiento. Si no se sanciona una nueva ley, en 2029 volverán a regir las reglas actuales. Ficha Limpia, el nuevo régimen de publicidad y el fin del debate obligatorio, en cambio, son permanentes.
1. Una elección sin PASO
Es el centro de la reforma. Durante 2027 se suspenden las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, junto con todas las obligaciones ligadas a su organización. Se suspenden, no se derogan. Sin PASO, los candidatos se vuelven a definir puertas adentro: cada partido los elige según su carta orgánica y, en el caso de las alianzas, según su reglamento electoral. Los plazos del cronograma electoral se recalculan tomando como referencia la elección general.
¿Por qué es importante? Porque las PASO cumplían dos funciones a la vez. Resolvían las internas de cada espacio con el voto de toda la ciudadanía y funcionaban como un primer filtro de la oferta electoral: quien no llegaba a un piso mínimo de votos no pasaba a la general. Al suspenderlas, las internas vuelven a depender de los aparatos partidarios y de los acuerdos entre dirigentes, y el sistema pierde ese primer filtro.
¿Qué gana La Libertad Avanza? El oficialismo llega a 2027 con un candidato presidencial definido y sin necesidad de dirimir una interna. A la oposición, en cambio, las PASO le servían para resolver sus disputas y armar frentes amplios sin romperse en el intento. Sin esa herramienta, construir una coalición competitiva se vuelve más difícil, y un escenario opositor fragmentado favorece a quien gobierna.
2. Los avales digitales como nuevo filtro
Si las PASO dejan de filtrar, la reforma propone otro mecanismo. Para 2027, los partidos van a tener que juntar avales ciudadanos para poder presentar candidaturas. Para diputados y senadores, la cantidad de avales equivale al número de afiliados que la ley exige para que un partido de distrito obtenga la personería definitiva. Para la fórmula presidencial, hace falta esa misma cantidad en al menos cinco distritos. A las alianzas se les pide, como mínimo, lo que se les exigiría a la mitad de los partidos que las integran. Cada elector puede avalar a un solo partido nacional y a uno de su distrito, y los avales se juntan a través de una plataforma digital de la Cámara Nacional Electoral que tiene que estar habilitada al menos 90 días antes del cierre de listas.
Es decir, el filtro pasa de estar después, en las urnas, a estar antes, en la capacidad de cada fuerza para conseguir firmas. Eso tiende a complicar a los partidos chicos o nuevos. Además, la exigencia depende de un sistema informático que todavía no existe.
3. Las colectoras vuelven a escena
Es el punto más técnico y uno de los más discutidos: la reforma habilita las listas colectoras dentro de la Boleta Única de Papel. En concreto, una fórmula presidencial puede aparecer en dos columnas contiguas de la boleta en un mismo distrito. Una columna lleva a los candidatos legislativos de su propia agrupación; la otra, a los de una fuerza con otro nombre que la acompaña, siempre que esa fuerza no apoye a otro candidato a presidente. Para eso hace falta un acuerdo de adhesión firmado por los apoderados, y si ese acuerdo lo autoriza, la fuerza aliada puede usar el símbolo y el color del partido nacional. Los votos de cada lista legislativa se cuentan por separado.
¿Por qué es importante? Porque es una forma de recuperar, dentro de la Boleta Única, un mecanismo que ese sistema había dificultado. Así, un candidato presidencial puede sumar el arrastre de dos estructuras territoriales en un mismo distrito sin que tengan que fusionarse en una alianza.
¿Qué gana La Libertad Avanza? Es probablemente el punto donde el beneficio es más directo. La Libertad Avanza es una fuerza con menos anclaje territorial que los partidos tradicionales, y las colectoras le permiten sumar el aparato de gobernadores y partidos provinciales aliados detrás de la candidatura presidencial de Milei, sin obligarlos a disolverse en una alianza ni a resignar su propio sello. Para esos aliados es una forma de acompañar al Presidente sin quedar absorbidos. Para el oficialismo es, además, una moneda de cambio: ofrecer las colectoras le sirve para conseguir los votos que necesita para suspender las PASO.
Aclaración: según trascendió, lo más probable es que este punto termine bajándose del dictamen, porque La Libertad Avanza no consigue los votos para sostenerlo.

4. Ficha Limpia
La reforma agrega una nueva causal de inelegibilidad: no pueden ser candidatos a cargos nacionales ni ocupar cargos partidarios quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. No se limita a los delitos de corrupción: alcanza a cualquier delito doloso. Hay una fecha de corte: la sentencia tiene que ser anterior al 31 de diciembre del año previo a la elección.
¿Qué gana La Libertad Avanza? En lo simbólico, el punto encaja con el discurso contra “la casta” y la corrupción que el oficialismo convirtió en una de sus banderas. En lo político, sirve para negociar: es la condición que el PRO y la UCR pusieron para acompañar el resto de la reforma. Incluirla en el mismo paquete le permite al oficialismo atar los votos de esos bloques a cambios que, por sí solos, les generan más dudas, como la suspensión de las PASO.
5. Publicidad electoral: del reparto estatal al mercado
La reforma elimina el régimen por el cual el Estado distribuye espacios gratuitos en radio y televisión entre las fuerzas que compiten. Al mismo tiempo, habilita a partidos y candidatos a contratar publicidad en televisión y radio, incluso fuera de los plazos de campaña. Lo mismo vale para medios gráficos, vía pública, internet y telefonía.
¿Por qué es importante? Porque cambia la lógica de fondo. Hasta ahora, la compra privada de publicidad audiovisual estaba prohibida y los partidos solo podían usar los espacios que asignaba el Estado, con criterios de reparto pensados para darles condiciones parejas. Con la reforma, cuánto aparece cada fuerza en pantalla pasa a depender de cuánto dinero puede conseguir. Y como la publicidad queda habilitada fuera del período de campaña, el límite temporal de la campaña se vuelve difuso.
¿Qué gana La Libertad Avanza? Por un lado, un argumento discursivo coherente con su prédica sobre el costo de la política y la idea de que “la política no viva del bolsillo de la gente”. Por otro, un cambio en las condiciones de competencia: cuando la visibilidad depende de la capacidad de conseguir fondos, la ventaja es para quien tiene más acceso a financiamiento privado, y el oficialismo ya tiene ese vínculo construido. El caso más visible es la Fundación Faro, el think tank que lidera Agustín Laje. Se presentó como una plataforma para dar la “batalla cultural”, pero desde el inicio fue señalada como la estructura encargada de recaudar fondos privados para La Libertad Avanza: organizó cenas con empresarios a las que asistió el propio Milei, declaró casi 5.000 millones de pesos en donaciones en su balance de 2024 sin detallar quiénes los aportaron y fue el think tank que más pauta electoral puso en 2025. Con la reforma, ese tipo de financiamiento puede traducirse directamente en minutos de radio y televisión. Poder hacer publicidad en cualquier momento del año también favorece a quien ya tiene presencia y agenda permanentes desde el gobierno.
6. El debate presidencial deja de ser obligatorio
La reforma deroga los artículos del Código Electoral que establecían la obligatoriedad de los debates, sus sanciones y su transmisión obligatoria, y reescribe el único que queda: la Cámara Nacional Electoral “podrá” organizar un debate, y solo entre los dos candidatos que lleguen al balotaje.
¿Qué gana La Libertad Avanza? Acá el beneficio tiene nombre propio. El debate es una instancia a la que Milei, en particular, no quiere someterse: en 2023 lo expuso a situaciones incómodas frente a sus rivales, y en 2027, como presidente en busca de la reelección, sería el blanco de las críticas de todos los demás candidatos en la primera vuelta. Con la reforma, ya no está obligado a pasar por ese escenario. Si hay balotaje, el debate deja de ser una obligación y pasa a ser una decisión que se toma según convenga en ese momento.
¿Cuáles son las interpretaciones políticas y periodísticas que se hacen a partir de esta y otras reformas?
Reglas con fecha de vencimiento
Para entender la reforma actual vale la pena volver a 2009. Cuando el kirchnerismo impulsó la Ley 26.571, la oposición la recibió con acusaciones muy duras. Se decía que era una reforma pensada para sostener al gobierno de turno, que buscaba proscribir a los partidos chicos y reconstruir el bipartidismo, y que era antidemocrática. También se cuestionaba el apuro: el oficialismo quería votarla antes de que asumiera el nuevo Congreso, donde iba a perder la mayoría. Tres años después, con el voto a los 16, la sospecha fue otra: que el kirchnerismo buscaba sumar votos jóvenes para llegar a los dos tercios del Congreso y habilitar la re-reelección de Cristina Kirchner.
Algunas de esas críticas tenían fundamento: los pisos de afiliados de 2009, por ejemplo, ponían en riesgo a muchos partidos chicos. Pero en lo central, las dos reformas ampliaron la participación. Las PASO le dieron a toda la ciudadanía la posibilidad de participar en la elección de los candidatos y obligaron a los partidos a resolver sus internas bajo reglas oficiales, públicas y controladas por la Justicia Electoral, en lugar de hacerlo en una mesa cerrada entre dirigentes. El voto joven sumó votantes al padrón. Además, ninguna de las dos se escribió para una sola elección: eran reglas permanentes, que valían para todos los partidos, incluidos los que todavía no existían. Incluso la exigencia más criticada tuvo un efecto que pocos anticiparon. El piso del 1,5% empujó a los partidos de izquierda, que durante años compitieron separados, a armar en 2011 el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Gracias a ese frente pasaron el filtro, y desde entonces sostienen una representación propia en el Congreso.
Y quienes más aprovecharon esas reglas fueron justamente los opositores. En 2011, la oposición al kirchnerismo llegó dividida a la elección presidencial: el radicalismo y la Coalición Cívica presentaron candidatos propios, y el PRO ni siquiera llevó uno. Cuatro años después, buena parte de esas fuerzas formó una sola coalición, Cambiemos, y resolvió en las PASO quién la iba a encabezar, sin que nadie tuviera que bajarse en una negociación de cúpulas. La competencia interna quedó saldada en las urnas, y quienes perdieron acompañaron al ganador en la general. La herramienta que en 2009 se denunció como un traje a medida del kirchnerismo terminó siendo la que le permitió a la oposición ordenarse y ganarle.
Hoy la situación se invirtió y la discusión cambió de tono. La reforma de La Libertad Avanza no amplía la participación: suspende las primarias, traslada la definición de las candidaturas a los aparatos partidarios y agrega un filtro de avales que complica a los partidos chicos. Y lo hace con fecha de vencimiento: las disposiciones centrales rigen solo para 2027 y caducan cuando termina ese proceso electoral. No es la primera vez. En 2025 las PASO ya se suspendieron “por única vez”, y el texto de 2027 repite casi palabra por palabra el de esa ley. Una regla de excepción que se aplica dos elecciones seguidas deja de ser una excepción. Sin embargo, el debate ya no pasa por si la reforma es democrática o no, sino por cuántos votos hacen falta, qué gobernador los aporta y qué recibe a cambio: colectoras, Ficha Limpia, fondos. Las acusaciones de 2009 eran desmedidas para lo que efectivamente hacía esa reforma. Las de hoy no aparecen, aunque esta reforma está pensada para una elección puntual y para el partido que la convoca.
Ahí está la incoherencia de fondo. Las reglas electorales tienen sentido si son generales, estables y previsibles: que un partido sepa hoy con qué reglas va a competir dentro de cuatro años, y que esas reglas no dependan de quién gobierna. Cuando se reescriben elección por elección, dejan de ordenar la competencia y pasan a ser una herramienta más del oficialismo de turno. Y sientan un precedente: si este gobierno puede suspender las primarias cada vez que le conviene, el próximo va a sentirse con el mismo derecho. Llama la atención, además, que el mismo Gobierno que reclama “seguridad jurídica” para atraer inversiones proponga, para la competencia política, reglas que duran una sola elección.

