LO QUE OCURRIÓ EN SANTA FE. Por Adán Egmont

El propósito de una política pública es buscar transformar realidades, garantizar derechos y promover el desarrollo integral. La finalidad principal es buscar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y transformar una situación actual en una deseada.

Nos levantamos con la noticia que un chico de 15 años entro al colegio con un arma, mato a uno de 13, e hirió a otros compañeritos (lo expreso en diminutivo, aunque son adolescentes).

Abordar un tema así, tan sensible, sin caer en punibilidad y cuestiones que no hacen a la cuestión, es complejo, ya que solo ataca el síntoma y no la raíz. No nos dejemos abordar por agoreros de la baja de imputabilidad, porque son cuestiones que sirven para tapar baches y estos tapados con arena sabemos que no duran. El caso de la Ley Blumberg es el ejemplo de manual en Argentina: una reforma impulsada por la presión de marchas masivas que modificó el Código Penal a gran velocidad. Sin embargo, la historia demuestra que el aumento de penas por sí solo rara vez reduce el delito, ya que no altera las causas sociales ni la eficacia de la justicia. Respecto a lo sucedido esta mañana en Santa Fe, la conmoción por el ataque armado de un adolescente en una es terreno fértil para que resurjan esos pedidos de “mano dura” o baja de la edad de imputabilidad. La “solución” punitiva es barata políticamente: Cambiar una ley es más fácil y rápido que reformar el sistema educativo, el acceso a armas o los protocolos de contención social.

En la actualidad, donde las políticas públicas son bastardeadas, desfinanciadas, ninguneadas desde el gobierno nacional, es momento de ponerse los pantalones largos, salir del letargo y exigir un rol más activo del Estado.

Por ejemplo, el desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) ahora devenido en RENAR, hizo que programas como el Plan Nacional de entrega Voluntaria de armas de Fuego (PEVAF). Diseñado por iniciativa de un cúmulo de organizaciones de la sociedad civil englobadas en la Red Argentina por el Desarme, un programa de desarme civil voluntario, para promover una cultura de no violencia, la prevención de delitos con armas de fuego y facilitar la entrega de material por parte de la ciudadanía. el desfinanciamiento y la mutación de ANMaC a RENAR representan el fin de una política pública de prevención para dar paso a una política de gestión de mercado. Se prioriza la facilitación del trámite para el usuario individual por sobre la estrategia colectiva de reducir el poder de fuego en las calles, ignorando que la mayoría de las muertes por armas en el país no ocurren por robos, sino en conflictos interpersonales y accidentes domésticos.

estamos ante el reemplazo de una estrategia de seguridad colectiva por una de consumo individual. Cuando el Estado se retira de su rol preventivo —como el desfinanciamiento del PEVAF— y muta de “Agencia de Control” a “Registro de Gestión”, no solo desprotege a la ciudadanía, sino que delega la seguridad en la capacidad de fuego de cada particular.

Lo sucedido en Santa Fe es la consecuencia trágica de esa “arena” con la que se tapan los baches: La falacia punitivista: Bajar la edad de imputabilidad es una respuesta reactiva que ignora cómo llegó esa arma a manos de un chico de 15 años. El triunfo del mercado sobre la prevención: Al facilitar la “tenencia exprés” y desmantelar los programas de entrega voluntaria, el Estado fomenta que haya más armas circulando en los hogares, aumentando exponencialmente el riesgo de accidentes, suicidios y violencia escolar.

El paso de la prevención social a la gestión de daños implica que el Estado renuncia a su rol de “arquitecto de la paz” para limitarse a ser un “escribano del conflicto”.

Cuando una política pública abandona el objetivo de secar la calle de armas (como hacía el PEVAF) y se enfoca en aceitar los mecanismos de ingreso (como la tenencia exprés), el mensaje es claro: el Estado ya no se hace cargo de tu seguridad, sino que te “facilita” las herramientas para que te defiendas solo.

Una política pública que solo ofrece cárcel o cementerio como respuesta a una tragedia escolar no es una política de seguridad, es una confesión de fracaso. “Ponerse los pantalones largos” significa entender que la verdadera autoridad del Estado no se demuestra endureciendo penas en un papel, sino teniendo la capacidad y el coraje de retirar las armas de la calle antes de que lleguen a la mochila de un adolescente. Sin prevención, no hay seguridad; solo hay una administración estadística de la tragedia.