El SECUESTRO COMO PRÁCTICA POLÍTICA. Venezuela y el colapso de la soberanía en un orden mundial imperial. Por Adrián Groglopo
En lugar de analizar los bombardeos y secuestros como violaciones del derecho internacional, la atención se ha desplazado hacia Maduro como individuo. ¿Es un presidente legítimo o ilegítimo, un demócrata o un dictador? Esta cuestión ha sido elevada como la central tanto por actores mediáticos como por políticos, a pesar de ser jurídicamente secundaria. Constituye una redirección cognitiva que desplaza la atención de lo que se hizo hacia quién se lo hicieron.
Lic. Adrián Groglopo (Universidad de Gotemburgo, Suecia)
El derecho internacional no se pone a prueba en declaraciones abstractas, sino en momentos en que sus principios chocan con el poder, los recursos y la dominación geopolítica. Es precisamente en esos momentos cuando se vuelve posible determinar si el llamado orden internacional basado en reglas funciona como una forma genuina de protección o simplemente como un lenguaje que puede dejarse de lado cuando resulta inconveniente. Los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo operaciones militares, bombardeó la capital de Venezuela, Caracas, y secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, constituyen uno de esos momentos. También deben entenderse como una expresión concentrada tanto del imperialismo estadounidense contemporáneo como de la vigencia continua del colonialismo.
Desde la perspectiva del derecho internacional, estos acontecimientos involucran directamente los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen el derecho a la autodeterminación, la igualdad soberana y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Estados Unidos también ha violado la Convención de la ONU de 1973 sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los jefes de Estado, a pesar de haber firmado y ratificado dicha convención. Esa convención tiene por objeto proteger a diplomáticos y líderes estatales de la violencia, las amenazas y los ataques, y criminalizar tales actos en el derecho internacional. Estos principios no son recomendaciones morales, sino fundamentos jurídicos, diseñados precisamente para limitar el tipo de poder que ahora se está normalizando. Cuando un jefe de Estado en funciones es objeto de secuestro y violencia militar por parte de una potencia extranjera, y además sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo decisivo es el acto en sí, no las evaluaciones políticas sobre el gobierno que ha sido objeto del ataque.
Sin embargo, es precisamente esta distinción la que ha sido sistemáticamente borrada en el encuadre político y mediático occidental. En lugar de analizar los bombardeos y secuestros como violaciones del derecho internacional, la atención se ha desplazado hacia Maduro como individuo. ¿Es un presidente legítimo o ilegítimo, un demócrata o un dictador? Esta cuestión ha sido elevada como la central tanto por actores mediáticos como por políticos, a pesar de ser jurídicamente secundaria. Constituye una redirección cognitiva que desplaza la atención de lo que se hizo hacia quién se lo hicieron.
Este encuadre no es inocente. Al permitir que el carácter político de Maduro funcione como lente interpretativa, se crea implícitamente un estado de excepción en el que las prohibiciones del derecho internacional aparecen como condicionales. El secuestro y la violencia militar dejan de ser intrínsecamente inaceptables y pasan a ser justificables —como lo han hecho el gobierno sueco, los socialdemócratas y otros partidos— sobre la base de la supuesta ilegitimidad del objetivo. Lo que emerge es una forma ritualizada de posicionamiento progresista en la condena de la agresión estadounidense contra Venezuela, en la cual cualquier crítica sustantiva queda previamente desarmada mediante declaraciones preliminares obligatorias sobre el autoritarismo de Maduro, presuntas violaciones de “derechos humanos” y otras previsibles salvedades morales. Estas formulaciones se alinean en la práctica con el discurso promovido por actores como María Corina Machado, receptora este año de un “premio de paz”, cuyo proyecto político legitima explícitamente la intervención militar estadounidense. De este modo, los artículos 1 y 2 de la Carta de la ONU quedan vaciados no solo en la práctica sino también cognitivamente. La condena funciona menos como crítica política y más como un posicionamiento disciplinado dentro de un campo de opinión geopolítica aceptable.
Para la clase política sueca, esto indica una acomodación estructural: la política exterior se reduce a un lenguaje moralizante que simultáneamente despolitiza el poder, la violencia, el expansionismo estadounidense y el dominio colonial. Refleja una élite política profundamente dependiente, en términos normativos, de los marcos interpretativos de Washington, donde “derechos humanos”, “orden jurídico internacional” y “principios democráticos” funcionan como códigos de legitimación más que como categorías analíticas. El resultado no es neutralidad, sino complicidad pasiva en la proyección del poder hegemónico, disfrazada de política basada en valores.
Las consecuencias a largo plazo son, por lo tanto, profundamente preocupantes. El principio de igualdad soberana funciona en la práctica como un escudo para los Estados débiles y medianos frente a intervenciones arbitrarias. Cuando este principio se erosiona, la seguridad jurídica es reemplazada por un sistema jerárquico implícito en el que la seguridad depende de la capacidad militar y de las alianzas geopolíticas. El precedente indica que la legitimidad ya no se define colectivamente ni se fundamenta jurídicamente, sino que es producida políticamente por los actores más poderosos.
Este patrón no puede entenderse de manera aislada. Los paralelismos con el genocidio en Gaza —donde los principios fundamentales del derecho internacional también se relativizan en el discurso político y mediático occidental— apuntan a un cambio paradigmático más amplio. Lo que está ocurriendo es una normalización de las excepciones que, en su acumulación, desmantelan el derecho internacional como sistema normativo. En lugar de funcionar como límite al poder, el derecho se transforma en un lenguaje que legitima la proyección de poder, el genocidio y la ocupación colonial.
En este punto se vuelve necesario distinguir —pero también conectar— imperialismo y colonialismo. El imperialismo puede entenderse aquí como un sistema de proyección global de poder en el cual la dominación militar, las operaciones de inteligencia, las prácticas de cambio de régimen y la coerción económica interactúan para asegurar intereses estratégicos y capitalistas. El colonialismo es la práctica mediante la cual ese poder no solo influye, sino que también niega directamente la autodeterminación política de otros Estados, reduciéndolos a objetos de gobierno externo. Los acontecimientos en Venezuela operan claramente en la intersección de estas dos lógicas.
Cuando la administración Trump afirma abiertamente en una transmisión en vivo que Venezuela será gobernada desde Washington y que ya no será considerada un Estado soberano, no se trata simplemente de influencia imperial, sino de una reivindicación colonial. Ya no se trata de control indirecto o presión política, sino de negar el derecho de un pueblo a autogobernarse. Esta lógica es clásicamente colonial (y profundamente burguesa): los colonizados son considerados incapaces de gobernarse a sí mismos o a sus recursos y, por lo tanto, deben ser administrados por una potencia externa. Que esto se articule en el lenguaje contemporáneo de la democracia y la seguridad no altera la naturaleza fundamental del acto.
El imperialismo funciona aquí como el mecanismo operativo; el colonialismo como la consecuencia política y la práctica concreta. Las operaciones de inteligencia, la inteligencia militar, las sanciones económicas y las amenazas de fuerza interactúan con la necesidad del capitalismo de acceder a recursos, mercados y posicionamiento geopolítico. Venezuela, con sus vastos recursos naturales —algo que Trump subrayó dieciséis veces en su discurso tras secuestrar a un jefe de Estado— deja de ser un sujeto político soberano para convertirse en un territorio estratégico y rico en petróleo capaz de garantizar la continuidad de la expansión militar y territorial colonial estadounidense, al tiempo que asegura el acceso energético a largo plazo para una posible guerra contra China, hoy la mayor economía del mundo y un actor central en BRICS+. El núcleo histórico del colonialismo —el control de los recursos mediante el control del poder político— está así plenamente presente.
El encuadre mediático y político occidental oscurece activamente esta continuidad. El colonialismo se presenta como un capítulo histórico cerrado y el imperialismo como un concepto polémico, incluso cuando sus prácticas se reproducen en tiempo real. Al reducir el análisis a la personalidad de Maduro y a su forma de gobierno, se oculta la conexión entre violencia militar, cambio de régimen e intereses económicos. La violencia aparece como reactiva en lugar de estructural e imperial.
El precedente que ahora se está estableciendo es, por lo tanto, mucho más profundo que una sola violación del derecho internacional. Normaliza un orden en el que la soberanía es condicional, los gobiernos se vuelven intercambiables y la independencia política depende en última instancia de la subordinación a un núcleo imperial. Esta lógica no se limita a los Estados del Sur Global. Las declaraciones de la administración Trump sobre la anexión de Groenlandia demuestran claramente que incluso territorios europeos pueden convertirse en objetos de reclamaciones territoriales y políticas. La creencia de que los Estados europeos pueden asegurar su propia soberanía y seguridad a largo plazo mediante la subordinación a Estados Unidos es, por lo tanto, profundamente ingenua y corre el riesgo de acarrear graves costos políticos y de seguridad. La lógica colonial no reconoce fronteras geográficas cuando las relaciones de poder permiten su aplicación.
Esto significa que la cuestión ya no es si el colonialismo y el imperialismo son conceptos analíticos relevantes, sino cuánto tiempo más podrán seguir negándose en el discurso público occidental, y particularmente dentro de la academia sueca. Los acontecimientos en Venezuela dejan claro que no habitamos un orden mundial poscolonial, sino una estructura colonial e imperial reformulada en la que el derecho, la seguridad, la inteligencia, la violencia militar y la economía política están estrechamente entrelazados.
Para Estados pequeños y medianos como Suecia, esto constituye un serio desafío político de seguridad y analítico. Defender los artículos 1 y 2 de la Carta de la ONU y la Convención de la ONU de 1973 sin reconocer simultáneamente cómo el imperialismo y el colonialismo los socavan en la práctica corre el riesgo de convertirse en un formalismo vacío. Una defensa significativa del derecho internacional requiere, por lo tanto, tanto coherencia jurídica como una comprensión crítica de la estructura de poder que hace concebibles y posibles el secuestro, los bombardeos y el control político externo.
Publicado originalmente en sueco en Internationalen.
