HONDURAS. Una elección arrebatada y un golpe que no necesitó tanques. Por Santiago Masetti
Los mensajes públicos de Donald Trump (emitidos durante plena veda electoral) no sólo rompieron con toda formalidad diplomática, sino que introdujeron una lógica binaria: o triunfaba el candidato funcional a Washington o Honduras enfrentaría represalias políticas y económicas.
Por: Santiago Masetti* (CORRESPONSAL CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE)
*Periodista e Historiador (Universidad de la Habana, República de Cuba)
El ex ministro de Finanzas de Honduras, Christian Duarte, publicó un documento, al que tuvo acceso El Astillero, donde sostiene que las elecciones del 30 de noviembre del año pasado fueron condicionadas antes de la votación por la injerencia extranjera, el chantaje económico y la manipulación institucional, configurando un golpe electoral con impacto regional. Un esquema que instala un precedente grave para la democracia en la región.
El texto presentado por el ex ministro de Finanzas de la administración de Xiomara Castro no se limita a una denuncia coyuntural ni a una impugnación partidaria del resultado electoral en Honduras. Plantea, en cambio, una interpretación estructural: que las elecciones generales del 30 de noviembre fueron intervenidas de manera sistemática antes, durante y después de la votación, configurando lo que define como un golpe de Estado electoral. No hubo una ruptura del orden constitucional por la vía clásica (a la que está nación centroamericana está tristemente acostumbrada), pero sí una alteración profunda de la voluntad popular.
El primer eje del análisis es la injerencia directa del gobierno de Estados Unidos, un elemento que el documento califica como inédito en la historia reciente centroamericana. Los mensajes públicos de Donald Trump (emitidos durante plena veda electoral) no sólo rompieron con toda formalidad diplomática, sino que introdujeron una lógica binaria: o triunfaba el candidato funcional a Washington o Honduras enfrentaría represalias políticas y económicas. La amenaza no fue abstracta ni implícita; fue directa, pública y reiterada.
La gravedad de estos mensajes no reside solo en su contenido, sino en el contexto hondureño. Duarte subraya que Estados Unidos no es un actor externo más, sino el principal destino migratorio y la fuente de un flujo de remesas que representa cerca del 25% del PBI. En ese marco, la presión política se tradujo rápidamente en chantaje económico masivo. Millones de mensajes de texto enviados durante la veda electoral advirtieron a la población que sus remesas podrían perderse si triunfaba la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre). Una advertencia directa sobre el ingreso de cientos de miles de familias.
El documento plantea que esta estrategia comunicacional fue clave para moldear el comportamiento electoral. En un país donde más de 600.000 familias dependen de remesas para vivir, la amenaza económica funciona como un mecanismo de disciplinamiento mucho más eficaz que cualquier discurso. Votar dejó de ser un acto político libre para convertirse en una decisión bajo presión material.
las elecciones generales del 30 de noviembre fueron intervenidas de manera sistemática antes, durante y después de la votación, configurando lo que define como un golpe de Estado electoral. No hubo una ruptura del orden constitucional por la vía clásica (a la que esta nación centroamericana está tristemente acostumbrada), pero sí una alteración profunda de la voluntad popular
Otro elemento central del análisis es el rol del ex presidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y una pieza activa del engranaje político-electoral. El anuncio del indulto presidencial por parte de Trump no solo es leído como un gesto político, sino como una señal hacia las estructuras del crimen organizado y los sectores que se beneficiaron del régimen posterior al golpe de 2009. El texto recuerda que los fraudes electorales en Honduras no son una anomalía reciente, sino una práctica reiterada durante los gobiernos del Partido Nacional.
En este punto, Duarte introduce un factor adicional: el lobby de intereses económicos estadounidenses, particularmente ligados a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) y a proyectos financieros y tecnológicos. Como es el caso de Próspera, una ciudad modelo de capital privado impulsada bajo las administraciones surgidas que le continuaron al golpe de Estado de 2009. Con la derogación de las ZEDE por el gobierno de Libre y su declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, Próspera inició una demanda contra el Estado hondureño por 10.000 millones de dólares ante el CIADI, lo que ubica el conflicto electoral en un marco más amplio de disputa por soberanía, territorio y modelo de desarrollo.
El apartado más sensible del documento es el referido al órgano electoral. Los 26 audios difundidos por el Ministerio Público describen un plan para manipular el proceso electoral desde adentro: fallas inducidas en la transmisión de datos, desactivación de lectores biométricos, retención masiva de actas y desoimiento de auditorías técnicas. El objetivo, no era corregir errores sino administrar el caos hasta construir un resultado aceptable para los actores de poder.
Aquí emerge otro eje clave: la legitimación internacional. El ex titular de la cartera de Finanzas denuncia que, a diferencia de otros procesos regionales, el cuerpo diplomático y sectores de la sociedad civil aceptaron resultados parciales sin exigir el conteo total ni la resolución de reclamos administrativos. La rapidez en el reconocimiento contrasta con la exigencia de transparencia aplicada en otros países.
El bajo nivel de participación electoral (apenas 52,8% de los votos) refuerza la hipótesis central del documento. No se trataría simplemente de una actitud de apatía, sino de un amenazas, intimidaciones y desconfianza. La comparación con las elecciones posteriores al golpe de 2009 no es casual: ambas comparten un contexto de ilegitimidad estructural.
Más allá de su tono abiertamente político, el texto de Duarte tiene un valor analítico: sistematiza los mecanismos contemporáneos de ruptura democrática. Injerencia externa, coerción económica, crimen organizado, manipulación tecnológica y validación internacional selectiva. No hay tanques en la calle, pero sí un andamiaje complejo que produce el mismo resultado: un gobierno formalmente electo, pero políticamente condicionado.
El documento deja una advertencia que hoy atraviesa a Honduras: en un escenario regional donde los golpes ya no se ejecutan con tanques, sino mediante injerencias de nuevo tipo, los mismos actores históricos vuelven a intervenir los procesos democráticos y, una vez más, la autodeterminación de los pueblos (en este caso la del pueblo hondureño) aparece secuestrada.
