¿Cómo fue el sentido de justicia para la Asociación Madres de Plaza de Mayo? Por: Alejandra López Benítez
La pregunta que encabeza este trabajo pretende dialogar con el sentido de justicia implícito en el proyecto político que encabezó Raúl Alfonsín, durante el primer gobierno posterior a la sangrienta dictadura de 1976. Inevitablemente, sus estrategias políticas enfrentaron los traumas de la sociedad argentina. Específicamente, en relación con las miles de personas desaparecidas. Las decisiones tomadas por el gobierno y sus argumentos subyacentes permiten analizar el paradigma justicialista que construyó el alfonsinismo. El Decreto 157/83, el Decreto 158/83, el Decreto 187/83, la Ley 23.492 y la Ley 23.521 contienen los principales elementos que permiten pensar lo político como un proyecto de restauración que fue apoyado y resistido por la sociedad civil.
“Me hacen sacar el Pañuelo porque saben que este será la única condena para los asesinos” (Iramain 2017, 46) exclamó Hebe de Bonafini, líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, durante el dictamen final del juicio a los jefes de las Juntas Militares. La declaración mostró la desaprobación de las Madres a las medidas de justicia que el alfonsinismo adoptó. Para ellas, la justicia del nuevo gobierno era inaceptable.
Después de siete años de la dictadura militar-cívica[1] con un sistema represivo sin precedentes, Alfonsín enfrentó la reconstrucción del régimen político heredado de los militares. Las repercusiones del pasado inmediato eran significativas. Afrontar los estragos no fue tarea sencilla, pues la dictadura desplegó un plan militar que destruyó la estructura social y política de Argentina.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas ejecutaron un golpe de estado para derrocar al gobierno de María Estela Martínez de Perón. La acción militar fue justificada como una intervención necesaria para contener la grave situación económica y social del país. Las Fuerzas Armadas sostuvieron que su operación buscaba restablecer la paz interior arrebatada por las acciones violentas de los grupos subversivos (Béjar 2006).
Con el apoyo de los grupos económicos dominantes, los militares planearon y ejecutaron el Proyecto de Reorganización Nacional caracterizado por brutales represiones sistemáticas. La secuencia secuestro-desaparición-tortura fue su distintivo. El gobierno militar afirmó reiteradamente que sus ataques estaban dirigidos a los grupos subversivos que desplegaban acciones políticas violentas. No obstante, la concepción de subversión fue difusa, y las personas afectadas no eran únicamente guerrilleros (CONADEP 2011). Entre expresiones vacilantes de por algo será, la incertidumbre con respecto a quiénes eran las personas objetivo de los militares paralizó a la sociedad
A pesar del terror, algunas personas emprendieron la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lucharon por esclarecer las miles de desapariciones humanas adjudicadas a la dictadura argentina. Uno de los movimientos más importantes fue el dirigido por las Madres de Plaza de Mayo. Aun con la existencia de otros organismos, las Madres prefieren reunirse las unas con las otras bajo la intimidad de su pesar común: la desaparición de sus hijas e hijos (Béjar 2006).
El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 madres desesperadas se reunieron en la Plaza de Mayo con la demanda de esclarecer el paradero de sus hijas e hijos. Para los militares, y algunos transeúntes espectadores, estas madres eran sólo unas locas. Sin embargo, gracias a su innovadora movilización, las Madres se transformaron en un movimiento de lucha que puso en un aprieto a la dictadura (Ginzberd2006).
Las Madres idearon estrategias creativas para visibilizar sus demandas ante la sociedad y los medios de comunicación argentinos, aparentemente, indiferentes. La ronda en Plaza de Mayo, los pañuelos blancos en la cabeza, las declaraciones escritas en los billetes de alto valor, el acorralamiento a políticos nacionales e internacionales y marchas que duraron más de 24 horas fueron algunos sus actos más célebres. En 1979, las Madres institucionalizaron todos esos encuentros políticos bajo el nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Las agendas del país y el resto del mundo comenzaron a escuchar sus demandas: encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos, así como condenar a los militares responsables de los hechos(Iramain 2017).
Después de la inminente caída de la dictadura, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín ganó la presidencia de Argentina. El discurso público celebró el regreso de la democracia. Frente al nuevo gobierno había un inmenso abanico de problemas sociales, políticos y económicos. Indiscutiblemente, las personas desaparecidas, negadas o declaradas como muertas por los militares, fueron un reto sensible e impostergable.
El alfonsinismo debió acceder a concesiones insoslayables para contener los reclamos populares. La justicia gubernamental tenía que castigar a los responsables de los atroces crímenes cometidos. Mediante la elaboración de leyes, decretos y discursos, Alfonsín trazó su posición con relación a cómo enfrentar las heridas del pasado.
Por medios de los decretos 157/83 y 158/83 (1983), Alfonsín ordenó la persecución penal de los actores subversivos y los militares responsables. Tanto las personas que ejecutaron acciones políticas violentas como los militares que las combatieron fueron objeto de investigación y condena. Sin embargo, aplicar tales medidas a la totalidad de los actores involucrados era un cometido insostenible. Los argumentos contenidos en los decretos matizaron los alcances de las condenas. La persecución penal fue, únicamente, a los jefes militares con capacidad de decidir y supervisar el combate. Según este razonamiento, las acciones violentas de los militares subalternos fueron inducidas por una campaña de acción psicológica. Miles de militares subalternos fueron librados de su responsabilidad durante el genocidio argentino.
El Decreto 187/83 (1983) dictó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Tal organismo recolectó las evidencias de los crímenes cometidos por los grupos subversivos y los jefes militares para presentarlas durante el juicio histórico a las Juntas Militares. Las contundentes pruebas provocaron que los jueces no tuvieran más remedio que habilitar el enjuiciamiento de los militares subalternos. En el libro Nunca Más, los miembros de CONADEP (2011) afirmaron que la represión militar “fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores” (p. 4). Los excesos de los militares subalternos también merecían condena, pues no fueron acciones aisladas, sino la práctica común.
Ante tales hechos, el gobierno alfonsinista dictó una serie de legislaciones que contuvieran la expansión de las sanciones. La intensificación de las restricciones a la justicia fue materializada por medio de la Ley 23.492 (1986) y la Ley 23.521 (1987). Estas aprobaron la extinción de las acciones penales contra los agentes subversivos y los militares subalternos responsables de las violaciones a derechos humanos. El mensaje fue claro: un intento político de suturar las cuentas del pasado (Jelin 2020). Alfonsín estaba empeñado en conciliar las necesidades sociales de justicias sin exceder límites razonables: “límites temporales definidos, de modo de evitar que la dolorosa necesidad de investigar estos hechos sustraiga, más allá de cierto lapso prudencial, los esfuerzo que deben dirigirse a la tarea de afianzar en el futuro una convivencia democrática” (Decreto 187/83 1983, 2).Para el proyecto alfonsinista, las formas democráticas eran la prioridad y, respecto a ellas, todo lo demás debía construirse.
La justicia del alfonsinismo estuvo restringida en nombre de la democracia. Tal construcción del sentido de justicia está fundamentada en los supuestos de la nombrada teoría de los dos demonios. Este marco teórico surgió como una respuesta a la narrativa militar que justificó sus represiones como una consecuencia de la atroz violencia guerrillera. El discurso de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos buscó clarificar que la violencia militar fue, en gran escala, más terrible que la violencia subversiva. Su denuncia a la represión ilegal del estado argentino utilizó la teoría de los dos demonios que equipará dos violencias: la de la izquierda popular y la de la derecha estatal. Aun cuando la narrativa de los dos demonios condena con mayor contundencia a las acciones estatales, estas son equivalentes a las agresiones subversivas, pues la guerrilla fue la causa indirecta del genocidio. (Feierstein 2023).
El alfonsinismo estuvo adherido a tal narrativa, pues le permitió ejecutar una justicia moderada. La clave fue erigir un personaje político capaz de sustraer a la inocente sociedad argentina de las peripecias de sus luchas históricas. Según González (1986),Alfonsín identificó la existencia de los dos demonios que abandonaron las normativas democráticas durante sus luchas para, así, mostrarse como el encargado de fijar la ética en las transformaciones sociales. La historia argentina concebida desde la dualidad posibilitó que Alfonsín fuera una suerte de fundador que sufrió los padecimientos, pero es ajeno a las bajas perversiones. Él es el único capaz de vislumbrar los impulsos ciegos de los revolucionarios argentinos y guiar las disputas políticas dentro de los canales de la razón.
En el discurso de Parque Norte, Alfonsín sostuvo que la transformación económica, política y social de Argentina debía estar acompañada por una ética de la solidaridad. Solo así sería posible consolidar a la democracia. (Romero y De Privitello2000). Como fundador del nuevo régimen, Alfonsín fue quien definió tales marcos éticos.
La teoría de los dos demonios fue sumamente útil para el alfonsinismo. La justicia debía estar constreñida a la ética autodefinida por el gobierno. La discrecionalidad para determinar cuáles excesos ponían en riesgo a la democracia fue, sin duda, la mejor carta del discurso oficial. La ética de Alfonsín, fundamentada en el salvamento democrático, implicó la articulación de un sentido moderado de justicia. Tal vez excesivamente mesurado, casi impasible.
En vista de que “el fantasma de la disgregación social podría triunfar [,] la suerte de los jóvenes luchadores debe ser austeramente contenid[a] en nombre de la misión pacificadora” (González 1986, 7). Estas interpretaciones también son visibles en las declaraciones de la CONADE. Ernesto Sábato aclaró que los miembros de la sociedad civil, que conformaron a la CONADE, no emitieron juicio alguno sobre los aberrantes hechos recopilados, pues esa era tarea de los jueces (CONADE 2011). Las condenas sociales debían ceder ese lugar a las institucionalidad estatal para evitar extralimitaciones.
La lucha alfonsinista por la democracia, paradójicamente, invisibilizó la identidad política de las personas. La ética autodefinida por el fundador creó un red de sentido que calificó a las luchas sociales previas como carentes de la ética razonada. La condena a los irracionales de izquierda y derecha reduce todas las experiencias sociales y políticas del pasado a simples mesianismos que desviaron la conciencia política. En esta lógica, las víctimas del genocidio son ajenas a los dos grupos carentes de ética: son inocentes de ejercer violencia (González 1986).
Los contenidos políticos de los militantes argentinos fueron descalificados bajo la etiqueta subversiva. Aun con matices, la justicia alfonsinista concibió una definición poco justa para las diversidad de luchas políticas de la historia argentina. Por tanto, el discurso alfonsinista sumió que las personas desaparecidas por los grupos militares eran inocentes que nada tenían que ver con los grupos subversivos[2].
La violencia militar no solamente persiguió a los miembros de organizaciones políticas violentas, también a personas con militancias políticas que no realizaban ningún tipo de despliegue violento. Aun cuando las declaraciones de la CONADE reconocieron las agresiones haciaestos disidentes políticos, su énfasis fueron las personas inocentes. Las víctimas de violaciones a derechos humanos fueron “en su mayoría inocentes de terrorismos o si quiera pertenecer a cuadros combatientes de la guerrilla” (CONADE 2011, 5). Los demás organismos de derechos humanos también participaron en esta narrativa; concibieron a las personas desaparecidas como victimas pasivas (Jelin 2020).
Cuando las personas dan este u otro sentido al pasado, forman memorias enlazadas con el presente. Estas memorias son selectivas. Específicamente, en contextos de represión, como la dictadura argentina, la memoria del pasado es evasiva: es rememorada parcialmente. Silenciar parte del terror vivido es una estratégica para poder compartir espacios con los responsables del dolor: para poder seguir viviendo (Jelin 2020). Alfonsín pretendió evadir los terrores que las personas afectadas aún no querían olvidar, y quizá nunca lo desearían.
Estas memorias del pasado tienen consecuencias simbólicas y materiales (Jelin 2020). El alfonsinismos recordó víctimas inocentes, cuya militancia social y política fue silenciada. En el pasado hubo dos demonios y el resto fue inocente. Tales memorias fueron funcionales, pues justificaron la condena de los dos chivos expiatorios para poder suturar las heridas (Feierstein2023).
Para las Madres de Plaza de Mayo, todas esta medidas de justicia fueron la entrega de impunidad a los responsables del terror. Aun cuando Alfonsín condenó a los mayores directores del genocidio, sus medidas fueron severamente criticadas. Las acusaciones vinieron desde variedad de vértices. En un respecto, mediante los decretos, el gobierno discriminó los grados de responsabilidad entre los jefes militares y sus subalternos, lo cual permitió que los agresores directos permanecieran en libertad. Alfonsín permitió que 90 por ciento de los jueces de los tribunales inferiores que convalidaron la ilegalidad de la represión militar permanecieran en sus cargos durante su gobierno. Además, la impunidad fue reforzada cuando Alfonsín, con la legislación de Punto Final, sofocó las persecuciones penales restantes hacia los militares de menor grado (Iramain 2017). Para las Madres, tal concepción de justicia fue, solamente, la provisión de un placebo para asfixiar el anhelo popular de justicia.
Como movimiento político en constante maduración, la Madres elaboraron múltiples demandas durante y posterior a la dictadura militar-cívica. Desde su origen, las Madres concibieron a la justicia como la aparición con vida de sus hijas e hijos desaparecidos, y la condena a los responsables. La consigna de aparición con vida de todas las personas desaparecidas fue enormemente simbólica. Después de tiempo, la sociedad argentina, e incluso las Madres, intuyeron que la personas desparecidas no regresarían físicamente. Sin embargo, ellas no aceptaron otra posibilidad: las personas desaparecidas debían aparecer con vida. Las organizaciones de derechos humanos consideraron que tales exigencias eran, sencillamente, imposibles. Terquedades de madres. Lo más probable era que sus hijas e hijos estuvieran muertos (Iramain2017).
Para las Madres, exigir la aparición con vida significó denunciar la incapacidad del estado de garantizar la vida (Iramain 2017). Se convirtieron en una piedra en el zapato. Su existencia, su incómoda existencia, ya era un acto de justicia para evidenciar el terror impune. Detuvieron a la mano impaciente por dar vuelta a la página.
Para Alfonsín, las Madres no tenían más motivos para continuar con las rondas de cada jueves alrededor de Plaza de Mayo. Su gobierno estaba materializando la justicia y no había motivos para continuar con las movilizaciones. Alfonsín planteó más medidas para intentar desmovilizar a las Madres: la exhumación de cuerpos enterrados en tumbas colectivas, la entrega de reparaciones económicas y la realización de homenajes póstumos para las víctimas. Las Madres no estaban de acuerdo. Aún con la llegada del nuevo gobierno, la lucha continuó(Iramain 2017).
La generalidad de organismos y familiares decidieron aceptar tales planteamientos de justicia. Para la Madres, aceptarlas era permitir que los responsables de las atrocidades y los proveedores de la impunidad libraran, con relatividad facilidad, las consecuencias de sus actos. Las Madres rechazaron todas las ofertas de Alfonsín (Iramain 2017)..
La consigna por la aparición con vida de las personas desaparecidas fue solo el inicio. La concepción de justica de las Madres comenzó una maduración cada vez más cargada de simbolismos. Para ellas, la justicia también implicó la socialización de la maternidad. La construcción de una maternidad compartida, ser Madres de todas las personas desaparecidas, significó la enunciación de un problema colectivo. Individualizar la lucha suponían el uso de ventajas personales para salvar a la hija o hijo de cada una. Las Madres comprendieron que cualquier otra persona podría enfrentar atrocidades de la misma naturaleza y carecer de los recursos materiales y políticos para obtener respuestas (Iramain 2017). La socialización de la maternidad permitió la colectivización de la demanda; cada una por su cuenta no lograría nada frente al enorme aparato estatal.
Asimismo, la maternidad socializada implicó la formación de comunidades de apoyo y resistencia. Las Madres tenían un sufrimiento compartido que les permitió crear un espacio de complicidad (Jones2017). Un desafortunado vínculo que les permitió resistir al gobierno y la sociedad que las calificaba como locas y vengativas. El apoyo comunitario entre las Madres fue otra forma de su sentido de justicia. Construir justicia a partir de escucharse, compartir, e impedir el olvido de todas sus hijas e hijos desaparecidos.
Su cambiante madurez política buscó aún más. Las Madres interpretaron que la única justicia que, realmente, condenaría a los perpetradores de las desapariciones y los dadores de impunidad era la reivindicación de las silenciadas militancias políticas de sus hijas e hijos (Iramain 2017). En contraposición al alfonsinismo, las Madres memoraron el pasado con la militancia política ahogada por la teoría de los dos demonios. Si bien, en sus inicios, las Madres aterradas afirmaron que sus hijas e hijos no había hecho nada, después comprendieron la importancia de afirmar la militancia política de las personas desaparecidas (De Bonafini 2006) para desarticular la lógica alfonsinista. Reconocerla implicó rememorar un genocidio que no ejecutó violencia a víctimas inocentes, sino que combatió la disidencia política. Feierstein (2023) afirmó que el genocidio ejecutado por los grupos militares y económicos buscó destruir la organización de los sectores populares y, por tanto, la violencia estaba dirigida a aquellas personas que construían lazos sociales en la comunidad. Era un proyecto que buscaba “transformar la fisonomía y el comportamiento de la sociedad argentina” (Béjar 2006) para permitir la redistribución de riquezas en favor de los grupos dominantes.
Las Madres memoraron a las víctimas militantes, y se sumaron a sus luchas sociales y políticas. Al inicio, las batallas de sus hijas e hijos les parecían pavadas, pero ellas y ellos fueron quienes les mostraron la solidaridad en lo concreto. La valentía de luchar políticamente para transformar con justicia a Argentina (De Bonafini 2006). Tomar las banderas de lucha significó, para ellas, denunciar los crímenes perpetrados en el pasado reciente, condenar la impunidad del nuevo gobierno y visibilizar las injusticias que motivaron la labor político de sus hijas e hijos desaparecidos. La justicia de las Madres, opuesta al discurso oficialista, buscó acciones y simbolismos que rescataran el sustantivo contenido de las peripecias argentinas.
Las Madres de Plaza de Mayo fueron activistas accidentales. Su movimiento no fue motivado por un convencimiento político previo, sino por el desafortunado trauma de su experiencia directa con la represión dictatorial. La maternidad, como identidad individual, fue transformada en una identidad colectiva que las motivó a salir a las calles (Pita2001)..
Paradójicamente, esto fue gracias los paradigmas patriarles que subordinan a las madres a espacios y patrones de conducta esperados de la feminidad. El discurso de concibe a las madres como las protectoras ineludibles de la familia las legitimó para salir a gritar y a reclamar. Como la paz familiar fue quebrada a ellas les correspondió recuperarla. Las Madres no tuvieron criticas claras hacia tales preceptos patriarcales. Su estrategia fue, más bien, usar estos marcos para convertir a la maternidad en una fuerza política (Pita2001).
La traumáticas experiencias creadas por la dictadura militar-cívica plantearon importantes dilemas acerca de qué hacer, colectiva e individualmente, después del terror. Cómo seguir. La manera en que los actores políticos rememoraron el pasado estableció varios caminos. Por un lado, las leyes y decretos del proyecto político alfonsinista afirmaron que la consolidación democrática del país era su prioridad. Bajo esta justificación, la justicia por las personas desaparecidas estuvo subordinada a los límites éticos autodefinidos por el alfonsinismo. Aun cuando significará compartir la cotidianidad con los cómplices del genocidio, la vida democrática debía seguir. El gobierno alfonsinista enjuició, únicamente, a siete jefes militares y creó una concepción del pasado que invisibilizó a las tradiciones políticas argentinas. En su crítica a los extremismos de la filosofía política peronista y los grupos guerrilleros, Alfonsín pretendió transicionar mediante el corte de la historia.
Por otro lado, las Madres de Plaza de Mayo construyeron un sentido de justicia, casi, como oposición a cada una de las propuestas alfonsinistas. Para ellas, acceder a alguna de sus negociaciones significaba apoyar un proyecto de impunidad. Su sentido de justicia fue más allá, mucho más allá, de las mecanismos judiciales de lógica individual. Pidieron la aparición con vida de las personas desaparecidas como una forma de denunciar la inexistencia de la comunidad ética que el alfonsinismo aparentaba fundar: los asesinos continuaban entre la sociedad argentina. La socialización de la maternidad colectivizó sus demandas ante un gobierno que las quería solas y desmovilizadas. Además, les brindó lo que ningún otro organismo de derechos humanos pudo: entendimiento compartido. La complicidad de ser Madres afligidas les dio sostén cuando el dolor amenazaba con paralizar sus vidas. Las Madres memoraron el pasado de manera que la militancia política de sus hijas e hijos fuera relevante. Sus desapariciones fueron por razones políticas[3]. La mejor manera de construir justicia fue enaltecer las banderas de lucha que los grupos militares y económicos intentaron silenciar.
Un movimiento político atravesado, inevitablemente, por la afectividad materna fue capaz de poner en un enorme aprieto a los gobiernos dictatorial y democrático. La maternidad, patriarcalmente subordinada a las tareas del hogar, encontró su lugar en la calle para demandar justicia. Para ellas, su movimiento fue un compromiso que no tenía vuelta por el inmenso amor y respecto que sintieron por sus hijas e hijos (Asociación Madres de Plaza de Mayo 2020.). Gracias, madres.
Bibliografía
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CONADEP. 2011. Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires: Eudeba.
De Bonafini, Hebe. 2006. “Entrevista a Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo)”. Entrevista por Graciela Di Marci. Edición por Alejandra Brener. UNSAM.
Feierstein, Daniel. 2023. “Los Dos Demonios (recargados)”. Conversaciones con perspectivas de derechos humanos realizadas el 19 de septiembre de 2022 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Video 1:09:26. https://www.youtube.com/watch?v=mCoI-PjpJm0.
Ginzberd, Victoria. 2006. “Madres de Plaza de Mayo”. CPM. https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/organismos/dossier3.pdf.
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Honorable Congreso de la Nación Argentina. 1987. Ley 23.521. Buenos Aires.
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Jones, Daisy. 2017. ““Porque soy Madre”: Un análisis del rol de la maternidad en la organización “Multisectorial contra la Violencia Institucional” en Rosario, Santa Fe”. Independent Study Project (noviembre): 1-27.
Pita, María V. 2001. “La construcción de la maternidad como lugar político en las demandas de justicia. Familiares de víctimas del terrorismo de estado y de la violencia institucional en Argentina”. Arenal 8, núm. 1 (enero-junio): 127-54.
Poder Ejecutivo Nacional. 1983. Decreto 157/83.Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires
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[1]La propuesta de nombrar a la dictadura como militar-cívica, en lugar de cívico-militar como es frecuentemente referida, la tome de Daniel Feierstein. El objetivo es indicar la predominancia de la autoridad militar durante la dictadura, y evitar el sentido contrario que evoca el termino cívico-militar.
[2]Según el discursooficialista, los inocentes desaparecidos eran responsabilidad de la dictadura militar, pues los grupos subversivos no creaban desapariciones sino muertes. Además, en la mayor parte de los casos, las personas desaparecidas no pertenecían a grupos guerrilleros, pues estos solían morir en combate.
[3] La militancia política recuperada por las Madres no estivo enfocada en la lucha armada. Este punto es objeto de múltiples discusiones académicas con respecto a la pertinencia de la violencia en las luchas sociales. Por su parte, las Madres crearon una imagen idealistas de sus hijas e hijos luchadores.