Gobernanza ambiental y el recurso del litio. Por Clara Neizke
lo que conocemos como gobernanza ambiental: “abarca las reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera en que las personas interactúan con el medio ambiente”, el diseño de políticas públicas que permitan que haya responsabilidad entre los gobiernos y las empresas , a la par de una sociedad civil informada y participativa, son los nuevos desafíos para la Argentina.
POR: Clara Neizke
Argentina forma parte del llamado “triángulo del litio” junto con Chile y Bolivia, concentrando así el 65 % de reservorio global en forma de salmuera, lo que lo hace bastante rentable y práctica para la extracción. Hay grandes esperanzas puestas sobre este recurso ya que puede aplicarse en la fabricación de juguetes, baterías y hasta en la industria automotriz.
Al recurso del litio en Argentina (ubicados en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy) se lo ha considerado como pieza fundamental para responder al proceso de “transición energética” es decir, pasar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a un sistema energético basado en recursos renovables con baja o nula emisión de carbono, esto no solamente es importante para el clima, sino también la economía y el desarrollo social; que impliquen un cambio positivo para las comunidades.
La explotación del litio como recurso natural data de 1980 y se intensificó en la primera y segunda década del 2000. “El marco normativo del litio comienza en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que “… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Estos recursos pertenecen a la soberanía del Estado, las Provincias pueden regular su uso, contando con la potestad para otorgar concesiones sobre las pertenencias mineras de sus territorios.
En este sentido; la Ley que aprueba el Acuerdo de Escazú (LEY NÚMERO 27566), “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.” .
A su vez, la “LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL” (Ley 27520)”, implica que el gobierno nacional establece los requisitos mínimos para la defensa ambiental y, las Provincias y Municipios pueden exigir por sobre ese mínimo, nunca menos.
Para lograr que todo este marco jurídico que subyace a la industria y al recurso se aplique efectivamente, es importante la correcta toma de decisiones con respecto a los recursos naturales, el acompañamiento de la sociedad civil, y la respuesta a los reclamos de esta última que tienen que ver con los efectos de la minería del litio sobre sus comunidades. Los regímenes democráticos, con sus frenos y contrapesos y la rendición de cuentas son garantías fundamentales del debido control de la gestión pública.
Es entonces que, cobra relevancia lo que conocemos como gobernanza ambiental: “abarca las reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera en que las personas interactúan con el medio ambiente”, el diseño de políticas públicas que permitan que haya responsabilidad entre los gobiernos y las empresas , a la par de una sociedad civil informada y participativa, son los nuevos desafíos para la Argentina.
La provincia de Catamarca por ejemplo; cuenta con legislación minera la Ley 5336 reglamentario del art. 11 de la Constitución Provincial y a su vez de un programa de Participación Ciudadana que implica mecanismos de consulta pública a través de diferentes herramientas, como los monitoreos ambientales participativos, las asambleas, las reuniones técnicas informativas, las consultas públicas.”. Sin embargo, la denuncia de los pueblos originarios es el no cumplimiento de estos mecanismos de participación, y la falta de información al respecto. Denuncian que las comunidades que aceptan las minerías lo hacen empujados por las necesidades locales.
Reclaman que la extracción de las mega minerías, no trae progreso a sus pueblos, sino miseria y contaminación, y la negación de la vida allí, considerando esos territorios desérticos. Los referentes de los pueblos indígenas son perseguidos a través de denuncias y amenazas. Por otro lado, el acceso a la información es parcial , sólo lo que refiere en las instancias de participación ciudadana , se prevé que el relevamiento del impacto ambiental para las comunidades que están directamente implicadas reciban una copia del informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera del Ministerio de Minería mientras que , en los Centros de Control Minero Ambiental del Ministerio de Minería en las Provincias deben estar disponibles los informes para aquellos cuya afectación sea indirecta.
Teniendo en cuenta estos dos vértices de la gobernanza: participación y acceso a la información, hay que destacar que existen las herramientas, pero se deben pulir ciertos aspectos como recomienda Oscar Oszlak y radica en lograr que los ciudadanos empoderados, conocedores de sus derechos individuales y colectivos, obtengan las garantías de ejercer sus derechos, que la información que reciban a su vez sea clara, de fácil acceso, relevantes, veraces, y comprensibles.
Todo esto requiere de una firme decisión política como de las propias organizaciones sociales que deben a su vez, promover el interés de los ciudadanos para el involucramiento en la gestión de lo público.
Los recursos son escasos y las necesidades infinitas, el equilibrio que se busca dependerá de cuánta sea la voluntad del gobierno en escuchar las voces que reclaman el respeto al medio ambiente, no como algo antagónico necesariamente a las ideas de progreso, sino complementario y necesario para que estos recursos escasos sean bien administrados. “En síntesis, la construcción de políticas públicas orientadas a una gobernanza ambiental implica la administración del medio ambiente y los bienes naturales desde una perspectiva del desarrollo sostenible y, a la vez, con la necesaria coordinación multiactores, multiescala y multisectorial”
Notas al pie
- Guía minera de Chile (s.f) Imagen recuperada de https://www.guiaminera.cl/gobernadores-argentinos-acordaron-coordinar-acciones-en-el-triangulo-del-litio/
- Informe Litio. Litio informe especial (10/2021) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_-_octubre_2021.pdf
- Observatorio del principio 10 en América Latina y el Caribe (24/09/2020) https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-aprueba-acuerdo-escazu-ley-no-27566
- LUO HUONG (s.f.) Gobernanza Ambiental. Programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. http://sostenibilidadyprogreso.org/files/entradas/gobernanza-ambiental.pdf
- Brenda Funes (2/09/2021) Impacto social del litio: los pueblos originarios reclaman por el uso de sus tierras. Perfil. https://www.perfil.com/noticias/economia/impacto-social-del-litio-los-pueblos-originarios-reclaman-por-el-uso-de-sus-tierras.phtml
- Ricardo Alfredo del Barrio, María Emilia Ocampo, Mónica Larrañaga (12/2020) Políticas públicas y gobernanza ambiental: lineamientos para un programa integral de control, descontaminación y saneamiento de las cuencas hídricas rionegrinas (Argentina)Rev. Pilquen. secc. cienc. soc. vol.23 no.5 Viedma dic. 2020
- http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-31232020000500006&lang=pt
- Oscar Oslack (2013) Estado Abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Trabajo presentado en el panel “Gobierno Abierto en Iberoamerica: promesas y realizaciones” XVIII Congreso Internacional del CLAD,Montevideo.
